El fiasco minero costó 54.307 empleos formales

El 16 de diciembre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) publicó el Informe de Resultados Preliminares Básicos de la Encuesta de Mercado Laboral 2024, donde confirma que entre agosto 2023 y octubre 2024 (14 meses) se perdieron 54.307 empleos formales no agrícolas (Cuadro N°3), reafirmando que el impacto laboral del cierre de la mina fue muy superior al originalmente estimado.

El 17 de abril de 2024, la entonces ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, señaló que el cierre minero había ocasionado un aumento del 1,5 % en la tasa del desempleo, lo cual representaba la pérdida de 31.413 empleos formales hasta abril. Pero el desempleo aumentó 2,1 % y la pérdida de empleo fue mayor. La evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable.

En julio de 2012, el Banco Mundial publicó un informe titulado “Mejores empleos en Panamá: el rol del capital humano”, donde señaló que cada $1 gastado en la expansión del Canal generó $0.64 de demanda interna, particularmente de construcción, y $0.36 en compras de bienes de capital.

Con una inversión de unos $5.500 millones en los 6 años de duración aproximada del proyecto, la ampliación generó demanda interna de unos $600 millones anuales en otros sectores de la economía, estímulo que desapareció, pero fue parcialmente compensado por el aumento de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), de $3.400 millones anuales (2009-2014) a $4.400 millones (2014-2019), según el INEC.

Con la culminación de los trabajos de ampliación se perdieron 64.571 empleos, de los cuales, 21.559 (33 %) fueron indirectos e inducidos, en agricultura, industria, comercio, actividades profesionales y técnicas, particularmente entre 2014 y 2016.

La operación minera representaba aproximadamente $1 mil millones anuales de compras a otros sectores, según estimaciones del Consejo Empresarial del Sector Privado (noviembre 2024), cuyo espectro alcanzaba a 22 sectores económicos.

La reducción de los $600 millones anuales de compras del proyecto de ampliación a otros sectores fue gradual y coincidió con un aumento de flujos de IED, posterior a la finalización de los trabajos. Quedaba entonces por medir el efecto de la reducción repentina de la demanda de $1 mil millones anuales en otros sectores, combinada con la fuerte desaceleración de los flujos de IED, de $3.921 millones en 2019 a $2.014.6 millones en 2023. Y sólo hay un referente de este tipo de shock económico, la pandemia.

Según el INEC, entre agosto de 2019 y septiembre de 2020 el sector privado perdió 363.920 trabajadores formales. Y, a pesar de que en 2021 comenzó a recuperarse el empleo formal luego del repentino shock económico de la pandemia en 2020, entre agosto de 2019 y octubre de 2021 se contabilizó una pérdida de Población Ocupada No Agrícola formal de 133.457 trabajadores. Entre agosto 2023 y octubre 2024, el shock fue la crisis minera.

El fiasco minero guarda directa relación con la crisis de chenchén. Si sumamos $1 mil millones menos de compras anuales a otros sectores de la economía, $2.700 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo y $1.900 millones de menos IED, tenemos un “déficit de chenchén” de unos $5.600 millones de inversión privada para alcanzar los niveles de empleo de la prepandemia.

Recuperar los $1 mil millones de compras a la economía y los flujos de IED llevará tiempo. A corto plazo, urge repotenciar los financiamientos bancarios al sector productivo.

Por otro lado, en agosto de 2023 había prácticamente la misma cantidad de asalariados privados (853.938) que en agosto 2012 (853.663), por lo que la súbita pérdida de 54.307 empleos formales en 14 meses no agrícolas es una pésima noticia.

El principal “enemigo” del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) es la explosión de informalidad laboral.

Estamos experimentando los resultados de una sistemática satanización de la iniciativa privada tan “exitosa” que nuestra economía sólo genera informales. El empleo formal lo genera el Gobierno, financiado a través de préstamos. Somos una economía de “informales y funcionarios financiada con plata prestada”.

Es imposible buscar “culpables” y encontrar soluciones a un problema que no entendemos. El actual proceso para reformar la Ley de la CSS debe mejorar la confianza para que haya mayor generación de empleo formal privado.

Para ello, necesitamos un país en paz. De lo contrario, seguiremos generando informales y “peleándonos por las sillas del comedor del Titanic”.