¡La última ocurrencia sobre el Seguro Social!

Preámbulo: Quienes hayan seguido las últimas apariciones públicas del presidente Trump, y han puesto especial atención a las declaraciones hechas durante la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, al final de su encuentro del pasado 4 de febrero, no les debe quedar ninguna duda de que las ambiciones territoriales son parte esencial de las políticas que pretende imponer en su nuevo mandato.

A Panamá se ha seguido refiriendo para dejar en claro que la visita del secretario Rubio tuvo como objeto dejar un mensaje claro, en forma de advertencia-ultimátum, sujeto al cumplimiento de varias condiciones en plazos perentorios.

Los retazos informativos hasta ahora brindados por el presidente Mulino, como bien han destacado varios medios informativos, en vez de aclarar, no han servido para despejar dudas sobre los contenidos exactos del mensaje del que fue portavoz el exsenador de la Florida. A ellos pensaba referirme en este artículo, pero habida cuenta de que, como ha sido anunciado, Trump y Mulino conversarán vía telefónica mañana viernes y de que, como será su obligación, a seguidas debemos esperar el informe que este deberá rendir a la nación, reservaré mis comentarios para una siguiente entrega.

La nueva ocurrencia sobre el Seguro Social:

Según se ha anunciado, el pasado martes, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley para, de acuerdo a como lo ha justificado el titular del ministerio de Salud, comisionado para presentarlo a la Asamblea, “hacer posible que los pensionados puedan cobrar completas sus pensiones durante el corriente mes de febrero”. Y como si esa explicación no fuera, aparte de un nuevo disparate financiero, un nuevo irrespeto a la inteligencia colectiva de la nación, dejó entrever que “esa solución transitoria, obedece a que la Asamblea sigue retrasando la aprobación del proyecto de Ley 163 que reformaría la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social”.

La pobreza argumental del ministro en cuestión es tan evidente que no merece ser comentada. Pero, además, que se vuelva a recurrir al chantaje para endilgarle culpas a la Asamblea por el tiempo que se ha tomado para discutir el proyecto de ley, si algo pone en evidencia es que el Órgano Ejecutivo no termina de aceptar, como debiera, que el tiempo que le ha tomado al Legislativo para discutir el proyecto 163, es producto de haber querido imponer un proyecto saturado de inconsistencias e inconsulto.

En el proyecto elaborado por el Órgano Ejecutivo está previsto que la nueva ley debe comenzar a regir a partir del 1 de marzo de 2025. Por consiguiente, que su aprobación ocurra antes de que termine el corriente mes de febrero, como de seguro pasará, para nada alterará la aportación estatal prevista en esa ley, que quedará incluida en el Presupuesto para el 2025.

Un examen objetivo de cómo se ha desarrollado el accidentado tránsito del proyecto de ley 163 si algo pone en claro es que:

1) El proyecto lo tenía en cartera el Ejecutivo desde antes de asumir el poder, el 1 de julio pasado, pero que deliberadamente no lo presentó durante las sesiones ordinarias, para forzar los tiempos en las sesiones extraordinarias.

2) Que de haber querido crear un clima más sosegado para su discusión, el Ejecutivo debió haber incluido en el proyecto del Presupuesto para 2025 el aporte que, desde hace mucho tiempo era conocido y aceptado que tendrá que hacer el Estado para apuntalar el IVM.

3) Que la Asamblea, cumpliendo sus funciones y deberes constitucionales, ha dado al proyecto 163 la tramitación responsable que merece una legislación de esa envergadura, que afecta a toda la nación.