Los escándalos no cesan

El país enfrenta al dúo de políticos y empresarios corruptos que, enquistados en la esfera gubernamental, con mayor recurrencia y agresividad atentan contra los recursos públicos. La cúpula empresarial panameña no se sacia con nada, monopoliza lo poco que se produce y controla o comparte con el capital extranjero toda la actividad terciaria y extractivista. Además, ha encontrado en la clase política un gran aliado, que no solo termina cediendo a las pretensiones sin límite de los empresarios que controlan realmente este país, sino que ha hecho de la esfera pública una fuente importante para aumentar sus arcas (negociados, entrega de los recursos nacionales; es decir, la venta de la patria). Un ligero listado de los últimos escándalos de corrupción da cuenta de ello.

Procuraduría abre proceso contra Lau y tres directivos (Edwards, Bachanan y Alba) de la CSS por el viaje a México (pago del viaje por empresa que negociaba con la CSS), en lo que es, sin duda, más que un conflicto de intereses.

Caso de nepotismo: nombramiento de la hermana de la viceministra del Miviot en la Defensoría del Pueblo (Clarisa Martínez López).

Las denuncias sobre el contrato de Panamá Ports y otros puertos, el denunciado acuerdo previo con Minera Panamá-First Quantum Minerals (FQM).

Los centros clandestinos o disfrazados de legalidad de vacunación e hisopados (incluidos el de Tocumen y el que implica a altos funcionarios del Minsa en los viajes a las islas de Taboga y Contadora).

Los sobreprecios en compras y obras en pandemia, la contratación de empresas implicadas en casos de corrupción, como Louis Berger Group, la Ciudad de la Salud y los negociados en la Caja de Seguro Social.

El secretismo con los contratos de las vacunas.

Las consabidas botellas y planillas brujas.

La violación de las normas de bioseguridad por autoridades y funcionarios de alto nivel (fiestas).

El escándalo en la Lotería Nacional de Beneficencia y en el Senniaf.

La especulación con los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad.

El negociado de bonos y bolsas de comida del Programa Panamá Solidario.

Como si fuera poco, los escándalos de presupuesto, planillas y negociados de la Asamblea Nacional, aunados a los “shows” de los diputados, que ven el recinto de la Asamblea como un tinglado.

El pueblo sabe que las denominadas “investigaciones hasta las últimas consecuencias”, quedarán en nada, como tantas otras en diversas administraciones de Gobierno.

Ante tanto escándalo de corrupción, el Ejecutivo busca blindarse y asegurarse desde ya impunidad. La aprobación de la Resolución 71 del 4 de agosto de 2021 del Ministerio de la Presidencia, que retrotrae la Ley 6 de 2002, acerca de la “transparencia” y acceso a la información pública, “declara como información de acceso restringido, las actas, notas, archivos y otros registros o constancia de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidentes (sic) de la República y del secretario del Consejo de Gabinete”. Como denuncia Frenadeso, “Restringe la información por 10 años, precisamente el período en que prescriben la mayoría de los delitos de peculado, tráfico de influencias, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, delitos patrimoniales y otros contra la administración pública. Es decir, un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado y en el caso de delitos sancionados con penas no privativas de la libertad, solo tres 3 años”.

Este cuadro de situación revela lo que año tras año vivimos los sectores populares ante la política de Gobiernos proempresariales, que ven la esfera pública como una fuente para seguir engrosando sus arcas personales, sin que a la fecha corruptos ni corruptores hayan sido juzgados. Prima una mafiocracia, que profundiza la crisis institucional.

Los panameños honestos, tenemos la obligación de romper con las prácticas gansteriles a las cuales los grupos de poder económico y sus partidos políticos tradicionales y de nuevo surgimiento, todos neoliberales, antipopulares y entreguistas, pretenden arrastrarnos.

La única salida real a este estado de descomposición institucional, para lograr una sociedad verdaderamente justa, es organizarnos, construir poder popular y crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.