El IVM y los aportes que debe hacer el Estado

Desde mis primeros comentarios, algunos escritos hace 20 o más años, bajo títulos como “No juguemos con las jubilaciones” o ¿De dónde sacar para los jubilados? o en los más recientes de finales del 23 y en las vísperas del proceso que ahora está radicado en la Asamblea Nacional, siempre he insistido en que, antes de siquiera iniciar la discusión de las eventuales reformas a la Caja de Seguro Social, era imprescindible, lo que podía hacerse anticipada y separadamente, el aporte del Estado, que no es del Gobierno, para nivelar el déficit de caja de IVM.

Más concretamente, mi recomendación ha sido que se modificara el Presupuesto en ejecución del 2024 o que, en el proyecto del 2025, por cualquiera de esas dos vías, se cubriera el déficit de caja de IVM. De esa manera, con previsión y para la tranquilidad de los más de 300.000 pensionados y jubilados, así como de los futuros, se hubieran creado condiciones más favorables para hacer expedita la discusión de las reformas propuestas.

En los ajustes y las modificaciones que se hicieron al Presupuesto del 24 no se atendió esa sana recomendación y tampoco fue incluida en el del próximo año. Por tanto, el aporte prometido por los voceros gubernamentales, por estar sujeto a la suerte y los vaivenes de los debates que adelante la Asamblea Nacional, navega en la incertidumbre. Pero ese aspecto puede y debe ser corregido mediante la correspondiente modificación al Presupuesto de 2025.

Las sesiones extraordinarias, según explicó el presidente y así debe constar en la decisión del Órgano Ejecutivo, fueron convocadas para conocer, exclusivamente, el proyecto de las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. En consecuencia, para incluir el aporte prometido se puede y se debe adicionar la convocatoria y habilitar a la Asamblea para considerar la propuesta específica y, por separado, del aporte anunciado y prometido. De hacerlo así, por un lado, desde ahora sería norma legal vigente y, por el otro, se enviaría un mensaje positivo que serviría para superar el efecto negativo y preocupante de las infortunadas y poco oportunas alarmas en las que, innecesariamente, se predicen suspensiones o la reducción de las pensiones, en el año 2025.

La inclusión en los próximos presupuestos de las partidas de gastos, que deben entenderse como inversión en la tranquilidad del país, de las sumas necesarias para garantizar el pago de las pensiones, a la par que ha sido bien recibida, también, como era de esperar, ha generado varias interrogantes para que se aclaren las fuentes de las que provendrán esos dineros que importarán a casi 1.200 millones anualmente. Y, forzoso es que los voceros gubernamentales reconozcan que no han sido especialmente claros para despejar esas dudas, pues, por un lado, se han atribuido efectos casi milagrosos a la recaudación del Itbms y, por el otro, no han dado pistas claras de cuáles son las otras fuentes tributarias que aportarán para alcanzar la meta de los 1.200 millones anuales.

En nuestro país es un hecho real y para nada menor que existen reiteradas prácticas para evadir las obligaciones tributarias. Ejemplo de ellas es la acumulación, que se reconoce supera los 400 millones de balboas, de cuotas retenidas a los trabajadores, pero escamoteadas a la seguridad social junto con las patronales.

Preocupante, en ese sentido, es que en una de las reformas se abra la puerta para que esas deudas, que, en un sentido estricto, configuran un delito de peculado, puedan declararse prescritas por la junta directiva de la Caja. Esa posibilidad debe eliminarse tajantemente y, en lugar introducir una norma opuesta, para incluir, como principio de aplicación universal, la imprescriptibilidad de esos créditos, con sus correspondientes penalidades.

Concuerdo con los voceros gubernamentales que, por tratarse de un crédito que una vez recuperado no volverá a ser una fuente regular de ingresos, sus efectos recaudatorios no se repetirán, pero en estos casos lo que cuenta es el efecto disuasivo que tendrá para evitar futuras evasiones.

En resumen, que el actual gobierno haya tomado la decisión de asumir la responsabilidad que tiene el Estado de financiar la seguridad social, especialmente porque nuestros gobiernos han sido responsables directos de la actual crisis de la institución, es un paso positivo del que existen reiterados ejemplos en otras latitudes, por lo que tampoco es una iniciativa pionera, si no el paso para cimentar el principio de solidaridad social del que no hemos hecho buena práctica y en el que debemos volver a fundamentar la convivencia de la nación.