El fracaso de la política pública panameña sobre control de tabaco

El 30 de junio de 2022 entró en vigor la ley que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina.

Según el Índice Global de Políticas Antitabaco Efectivas, estamos en el puesto 47 de 49 países en relación con las regulaciones para alternativas al cigarrillo. Suiza, UK y Nueva Zelanda lideran el ranking, pues se destacan por la apertura a los productos de vapeo y recomiendan su uso como alternativa para dejar de fumar.

En 2016, el 60,8% de los cigarrillos consumidos en Panamá eran de contrabando, en 2021 la cifra aumentó a 87.9%; hoy en día está en 92%.

El Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en Panamá en 2021 por la firma Nielsen reveló que el contrabando de cigarrillos se ha apoderado de las calles de Panamá y en regiones como David, provincia de Chiriquí; Panamá, el distrito de San Miguelito y los corregimientos de Las Cumbres y Tocumen los cigarrillos ilegales representan entre el 88% y 95% del mercado.

Todo esto pese a los esfuerzos de las autoridades en realizar decomisos de estos productos ilegales que nos impactan de manera negativa a todos. Debemos tener muy presente que la comercialización ilegal de cigarrillos no solo impide el éxito de las medidas sobre el control del tabaco, sino que también despoja de ingresos impositivos al gobierno; en el 2023 solo en impuestos directos, la suma es de $165 Millones (Crime Stoppers).

Al margen de esta situación, y yendo más allá, una vez más queda demostrado que el problema del contrabando de cigarrillos en Panamá, irónicamente tiene como base el mal enfoque de las políticas públicas que las autoridades sanitarias, han venido implementando en esta materia.

A pesar de que en los últimos años se ha promocionado el dudoso reconocimiento internacional de Panamá como “un líder regional y global en el control del tabaco”, con regulaciones restrictivas y elevados impuestos, esta distinción no ha impactado de manera positiva en el control del contrabando, por el contrario, ha potenciado e impulsado su consumo en el mercado negro.

Mientras más se arrecian las medidas restrictivas contra el cigarrillo, más se agrava el impacto del contrabando en la salud de los fumadores. Ni siquiera existe una campaña constante de orientación a la población sobre el impacto negativo del consumo de este tipo de productos ilegales o cómo identificarlos.

Las políticas públicas enfocadas solo en prohibición han dejado desamparados, desorientados y a su suerte a miles de ciudadanos que han decidido y deciden seguir consumiendo cigarrillos y no se les orienta ni tampoco se les permite el uso de productos alternativos, como los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado, que podrían representar un menor riesgo para su salud. Esto aun cuando el contrabando descontrolado demuestra que estas “restricciones” lejos de tener un efecto positivo en la población, por el contrario, están potenciando los riesgos y afectaciones.

Mientras exista la demanda y las autoridades se empeñen en sobreregular y prohibir, se incrementará el contrabando. Como pasó con el alcohol en los años 20’s del siglo pasado, al igual que con la farsa de la guerra contra las drogas; que solo beneficia a los narcotraficantes y a los países que venden armas, los cuales son, qué coincidencia, los mayores consumidores.

Hay que enfocar las políticas públicas en nuestra realidad, no en la complacencia de organismos internacionales que impulsan acciones globales y regionales que lejos de generar un impacto positivo, por el contrario, impulsan el descontrol y potencian los riesgos de salud de la población.

Estas cifras demuestran que el control de tabaco ha fracasado en Panamá. Una política que crea un mercado con 92% de mercado negro, tiene que considerarse como una política fallida y debe por consiguiente reevaluarse su diseño para lograr legitimidad y efectividad en su implementación.

Es necesario una legislación tributaria y regulatoria, basada en evidencia científica y abierta a la innovación. La Ley No.13, de 24 de enero de 2008 “Que adopta medidas para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud” es positiva más debe reformarse para incluir en esta la regulación del uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, los cuales el 100% de los consumidores los obtienen del mercado negro.