Denuncien los actos irregulares y sigan adelante

Denunciar actos delictivos, más que evocar un llamado a la responsabilidad y la ética en la acción pública, es un deber legal, según mandato expreso del numeral 1 del artículo 83 del Código Procesal Penal. De igual forma, hacerlo, refleja la importancia de señalar y combatir las irregularidades que minan la integridad de las instituciones.

La denuncia de actos delictivos en el ámbito público no solo es un deber legal, sino también una necesidad moral para preservar la transparencia y la confianza en el sistema.

En la sociedad panameña contemporánea, la corrupción y el nepotismo parecen permear muchas esferas del gobierno y de la administración pública.

Las situaciones expuestas por los alcaldes, Irma Hernández y Mayer Mizrazhi, revelan la presencia insidiosa de prácticas fraudulentas que socavan la eficacia de las instituciones y perjudican a la ciudadanía en general.

La existencia de funcionarios fantasmas, planillas manipuladas y esquemas de soborno ponen de manifiesto la urgencia de una acción enérgica y decidida, lo cual es respaldado totalmente por la sociedad en su conjunto.

Al denunciar los actos irregulares, recientemente descubiertos, se busca no solo castigar a él o los responsables, sino también sentar un precedente claro de que la impunidad no tiene cabida en una democracia saludable.

La labor de los denunciantes es fundamental para desmantelar las redes de corrupción y garantizar que aquellos que abusan de su poder rindan cuentas ante la justicia y la opinión pública.

Más allá de resaltar los nombres de los posibles involucrados, la batalla contra la corrupción debe ser una empresa colectiva que involucre a todas las instancias de gobierno, a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a cada ciudadano comprometido con la construcción de un país más justo y transparente.

La figura del contralor de la república, Gerardo Solís, dentro de este engranaje de corrupción, adquiere particular relevancia, ya que, de descubrirse los actos de corrupción, se comprobaría que falló en su papel como garante de la fiscalización y el control del gasto público, lo que lo convertiría en un actor más dentro de la estructura de corrupción que existió.

Es imperativo que las investigaciones se lleven a cabo de manera exhaustiva y transparente, y que ninguna autoridad quede exenta de escrutinio si hay indicios de malversación o abuso de poder.

En última instancia, la denuncia de actos irregulares no debe ser un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia una transformación más amplia de la cultura política y administrativa de un país. La sociedad panameña merece instituciones sólidas, dirigentes íntegros y un sistema de justicia capaz de velar por el bienestar de todos sus ciudadanos.

Denunciar es importante, pero también lo es seguir adelante con determinación y esperanza en la posibilidad de un futuro más transparente y ético para las generaciones venideras.