Condiciones urbanas: semillas de violencia

Mientras espera la llegada del metrobús bajo un sol abrasador, hace ya más de 40 minutos, María se seca la frente surcada de arrugas prematuras y bañada en sudor. Lanza un hondo suspiro -mezcla de hartazgo y frustración y se lamenta de no haber podido ducharse a pesar de que se levantó a las 3:30 de la madrugada –hora en que llega el agua por unas pocas horas.

Aracely bajó del transporte luego de dos horas de estar atrapada en el tranque. Fue a buscar medicinas para su hijo de 6 años al Seguro Social, rezando para que no le dijeran otra vez “no hay”. Dejó al niño al cuidado de la vecina, pues en su barriada ni en las inmediaciones hay Centros de Orientación Infantil (COIF). Aracely plancha ropa para ganar unos pocos dólares mientras su marido vende verduras en una carretilla. Para empeorar las cosas viven en un barrio peligroso donde la Torre Azul y la Torre Amarilla -las pandillas del barrio –se activan en las noches y las balaceras son frecuentes.

Estas historias reflejan la condición de miles de personas que diariamente se esfuerzan, se sacrifican, se endeudan, pasan horas en los transportes y mal viven en casas y barrios sin equipamientos básicos de salud, educación y recreación.

En Panamá, como en muchos países de América Latina, no cesan las protestas ciudadanas contra gobiernos populistas y modelos económicos indiferentes a las demandas de trabajo, la inequidad económica y las denigrantes condiciones urbanas que van de la mano con la criminalidad, la violencia y la corrupción. Todas exigen cambios profundos en el modelo económico y político vigente.

El malestar social se ha instalado en Panamá. Sus calles y barrios son testigos mudos de los esfuerzos por subsistir de los más desafortunados que malviven bajo la sombra de rascacielos espejados y en las intersecciones de barrios amurallados y custodiados por guardias armados. El más reciente estallido social -en julio del año pasado- fue causado por el incremento del precio de alimentos y medicinas que colmó la paciencia y disparó el enfado de los ciudadanos. La situación desde entonces no ha mejorado. Cifras del año 2023 indican que el desempleo (9.9%), la pobreza (25.0% -más de 1 millón de personas), la precarización y la informalidad (52.8% empleos informales); aumentan la desesperanza y les impide un ascenso social.

Las deterioradas condiciones urbanas se muestran, por ejemplo, en la crisis del agua existente, especialmente a la provincia de Panamá Oeste, donde la población se duplicó en la última década y media -superando las 600 mil personas- además de en la propia Ciudad de Panamá, donde afecta a clases populares, clase media y pequeñas empresas. O, en la falta de infraestructura adecuada, como calles en mal estado o servicios públicos deficientes; o en el aumento de la delincuencia y el crimen que limita la libertad de movimiento de los ciudadanos; todas situaciones que aumentan la frustración y el malestar de la población.

La precariedad habitacional y la vulnerabilidad social en la que crecen miles de niños y adolescentes está vinculada directamente con la desigualdad y la carencia de otros derechos fundamentales; educación de calidad, servicios de salud, posibilidades de recreación y especialmente empleos de calidad. Precisamente por esas condiciones son particularmente vulnerables a la influencia de redes de narcotráfico y a la violencia y los crímenes asociados a ellas.

En relación con ello, el BID afirma que quienes crecen en barrios problemáticos donde las conductas agresivas y violentas han sido normalizadas, tienen a consolidar la violencia como una respuesta automática, proyectando esas conductas en un círculo vicioso sin fin tal como ha sucedido en varios países de la región.

Las proyecciones indican que en el año 2050 los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera tendrán cerca de 2.7 millones. Esos territorios no solo concentran población, allí convergen inversiones orientadas al centro financiero, tecnología y comunicaciones, logística, turismo y proyectos inmobiliarios. En esta tierra de sueños rotos y desesperanza, el malestar social crece, paciente y constante en el tejido urbano, especialmente en los márgenes, donde se ignoran las demandas populares. Es claro que se ha desechado la planificación urbana y solo guía la especulación voraz del mercado y la ambición. La bomba crece irrefrenablemente y estallara en un grito colectivo que nos afectará a todos.

Cada 31 de octubre ONU-Hábitat conmemora el día mundial de las ciudades, estimulando reflexiones sobre políticas públicas que impulsen su desarrollo sostenido con base en: inclusión social, crecimiento económico y cuidado ambiental. Recordemos que la gestión de la ciudad no es solo técnica, sino profundamente política, eso significa que los ciudadanos tenemos el poder de exigir a dirigentes y funcionarios mejorar las condiciones urbanas y mayor justicia social.

Las autoridades municipales y locales tienen la responsabilidad de garantizar mejores condiciones urbanas; no obstante, solo lo lograremos exigiendo a los políticos acciones urbanísticas democráticas, caracterizadas por una activa participación ciudadana que ejecute una férrea fiscalización del uso del presupuesto y priorice acciones para el bienestar colectivo.