El presidente Mulino sancionó la Ley 462 de 2025, que aprueba las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). Reformar la CSS es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta?
Para poder tener una pensión digna es preciso tener buenos empleos. ¿Cómo lograr eso en una economía donde tanto el empleo formal como los mayores aumentos salariales se generan en el sector público y se financian con préstamos?
De 2012 a 2024, el tamaño de la economía panameña se duplicó, pero la deuda externa pasó de $14.567 millones a $53.736 millones, un incremento de $39.169 millones a razón de $3.264 millones/año, cinco veces más que el ritmo de endeudamiento 2004-2012, período durante el cual, cuatro de cada cinco nuevos empleos generados fueron asalariados del sector privado.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en esos 12 años se perdieron 24.174 empleos formales del sector privado, al tiempo que agregamos 63.044 funcionarios y 264.153 informales a la economía.
Es decir, cada trabajador asalariado que perdió su empleo en ese lapso fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y diez informales, síntoma del proceso de precarización y estatización laboral más severo de la historia.
Quintuplicamos el ritmo anual de endeudamiento externo para financiar una economía donde cuatro de cada cinco de los nuevos empleos son informales y el otro es un funcionario.
Entre 2012 y 2024, los ocho sectores que aportan el 70 % de los empleos generaron, como bloque, 100 % empleo informal. El porcentaje de empleos informales generados por sector fue el siguiente: Agricultura 86 %. industria 89 %, construcción 100 %, comercio 98 %, logística 122 %, hoteles y restaurantes 55 %, actividades administrativas y servicios de apoyo 125 % y otras actividades de servicio 105 %.
Sobre la base de las cifras del cuadro 14 del Informe Laboral del INEC (Población de 15 y más años de edad ocupada en la república, por categoría en la ocupación) octubre 2024 vs. agosto 2012, 93 % de la expansión de la planilla estatal se originó en enseñanza 30 %, salud 22 %, administración pública 22 %, transporte 18 %.
La comparación del cuadro 25 del Informe Laboral del INEC (Mediana de salario mensual, empleados de 15 y más años de edad en la república y distribución porcentual, por salario devengado, según provincia, comarca indígena, sexo y categoría en la actividad económica) de octubre 2024 versus agosto 2012, el aumento porcentual de salarios en algunos sectores claves fue el siguiente.
Aumento del salario promedio en la economía 2012-2024: 43 %, agricultura 49 %, industria 45 %, construcción 28 %, comercio 38 %, logística 27 %, hoteles y restaurantes 43 %, actividades administrativas 39 %, administración pública 55 %, enseñanza
96 %, salud 65 %, otras actividades de servicio 29 %.
El sector privado experimenta una severa crisis laboral, que no es de empleo, sino de confianza, telón de fondo para una fuerte caída de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, particularmente en los últimos 5 años (2019-2024), acelerada por el cierre minero y la pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings el 28 de marzo de 2024.
El impacto sobre el empleo ha sido claro, en 2024 Mitradel tramitó unos 100.000 nuevos contratos laborales menos que en el 2019, y en octubre 2024 la entidad realizó una feria de empleo donde se ofertaron 3.000 vacantes y se presentaron más de 100.000 solicitantes.
Adicionalmente, según cifras del INEC, se perdieron 54.107 empleos formales no agrícolas durante los 14 meses comprendidos entre agosto 2023 y octubre 2024, la mayor “catástrofe” laboral después de la pandemia. El desempleo juvenil (15 a 29 años) pasó de 15,4 % a 17,4 %.
La súbita interrupción de $888 millones de compras anuales de la operación minera a otros sectores de la economía ocurrió de manera concurrente con la reducción de $2.165 millones en nuevos financiamientos bancarios al sector productivo, debido el aumento de las tasas de interés, y del flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), de $4.835 millones en 2019 a unos $3.000 millones en 2024 (estimado).
En los últimos 5 años (2019-2024) aumentamos la deuda pública en unos $28 mil millones y eliminamos casi $5.000 millones de liquidez privada de la economía.
El Estado no puede ser el mayor generador de empleo. La justicia social la lograremos con inversión, trabajo y esfuerzo, no con el aumento del gasto público financiado con plata prestada.
