Basura estatal

Las instituciones gubernamentales adquieren equipo de toda clase para facilitar la realización de sus tareas. Por lo general, todo este material tiene una vida útil y termina por deteriorarse, dañarse y cerrar su ciclo. Entonces lo que finaliza su utilización se reemplaza para continuar con las labores y alcanzar una modernización de la tecnología empleada en la gestión. Por tanto, ¿cuál es el destino de aquello que ya no se emplea en el trabajo?

Responder a esta pregunta es una de las acciones más complejas del desempeño público. En la historia del mandato gubernamental se ha producido una gran cantidad de disposiciones que explican sobre las características y políticas de los bienes del Estado, su adquisición, mantenimiento y destino final. Pero todo esto se envuelve en un quehacer burocrático que termina por llevar a los depósitos una gran cantidad de artículo y piezas en desuso.

El panorama se hace crítico cuando no se cuenta con suficiente espacio para guardar. Uno encuentra entonces, por ejemplo, los patios traseros ̶ y en muchos casos, también delanteros ̶, convertidos en cementerios de vehículos dañados, desarmados, y que, en su mayoría, están oxidados, mohosos o se han transformado en envases para plantas que crecen dentro de ellos, y a su alrededor, en guarida de alimañas y hasta en albergue de menesterosos.

Es un asunto sucio y desagradable por lo que todo el mundo olvida esas ‘necrópolis’ institucionales y allí permanecen no solo autos, sino archivadores, escritorios, sillas y todo tipo de mobiliarios estropeados por el tiempo y a la espera de una decisión final, de una firma a un documento o trámite interminable. Muchos funcionarios temen al inicio de una acusación de desgreño o peculado por deshacerse del bien en forma rápida.

La revisión de la historia sobre las disposiciones presenta un escenario de medidas que se han adoptado, hasta la creación de la Dirección de Bienes Patrimoniales. Con posterioridad, numerosas normas han establecido la metodología de adquisición, el manual de registro y control de tales bienes, incluso, de los aprehendidos durante la comisión de delitos. Hubo también una fusión y luego la separación de Bienes Patrimoniales con la Dirección de Catastro.

Uno de los últimos capítulos de esta trama ha sido la Ley 3, de 5 de marzo de 2012, que “Autoriza la donación de los bienes muebles estatales en desuso en beneficio social”. Una eficiente reglamentación que incluya los inmuebles, puede ofrecer una buena salida a tanto desecho y ocupación de espacio. Es aquí donde se debe tener en cuenta una política de reciclaje, así como opciones relacionadas con la economía circular.

Esto abre todo un nuevo capítulo para la Dirección de Bienes Patrimoniales, pero igualmente para el conjunto de entidades públicas, que tendrían que adoptar un programa efectivo de destino de tal carga de residuos, que en ocasiones dificulta el desenvolvimiento normal de las oficinas. A veces, los desechos comparten espacio con el personal en los despachos u ocupan los pasillos, y esto pone en peligro la seguridad de las personas que por allí circulan.

Hay que preguntarse, también, ¿qué se puede hacer con tanta masa tan evidente y que habla mal del desempeño de las autoridades? En ocasiones, los que llegan a dirigir las oficinas reciben como herencia aquellos ‘trastos’ y sencillamente no le dan importancia y los dejan en el lugar, mientras tanto se busca dónde guardarlos para disimular.

Lo importante es la adopción de reglas generales y un pormenorizado informe del haber, para permitir el seguimiento de destrezas que hagan desaparecer la herrumbre y las selvas en que se envuelven autos, camiones, maquinaria, muebles, herramientas y todo tipo de residuos. Una opción podría ser la subasta bien organizada de sobrantes.

Las decisiones requieren contundencia incluso en normas para ofrecer posibilidades que queden a la espera de mentes capaces de reencauzar los destinos de tal exceso de basura en la esfera gubernamental.