Antecedentes de fraudes electorales en Panamá

El temor estos días por un fraude electoral es legítimo. La historia política panameña está plagada de estos casos. Entre “paquetazos”, “cholos amarrados” desde el día anterior a las elecciones, “muertos que votan”, “botellas” y “personas con más de una cédula de identidad personal”, nuestros procesos electorales nunca han dejado de sorprender. Muchos atestiguan que en el siglo pasado solamente hubo dos elecciones ordenadas: en 1931 en las que resultó triunfador el Dr. Harmodio Arias Madrid y en 1960, organizadas por Ernesto de la Guardia Jr. y ganadas por Roberto F. Chiari.

Aunque habido fraudes de diferente naturaleza, algunos se han fraguado al mejor estilo de Hollywood. Por ejemplo, las elecciones de mayo de 1948 dieron como ganador a Arnulfo Arias por un margen de 2 mil votos, pero la coalición de Domingo Díaz alegó fraude e impugnó mesas en San Blas, lo cual retardó que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara oficialmente al ganador. Dos meses después, con un país inmerso en disturbios y enfrentamientos entre ambos bandos, la Policía intervino y produjo un tiroteo donde murieron dos civiles y un oficial. Para entonces, el jefe de la Policía, José A. Remón Cantera, primo del liberal Roberto Chiari, jugó un papel decisivo, no como árbitro sino como garante del bando oficialista. El 6 de julio, el presidente interino Enrique A. Jiménez suspendió las garantías constitucionales, prohibió las manifestaciones públicas y se arrestaron alrededor de 300 personas. El 30 de julio, la Junta Electoral anunció que Domingo Díaz había triunfado por margen de 1,116 votos y el 17 de agosto fue proclamado ganador. Arnulfo Arias pasó a refugiarse en la Zona del Canal, repudiando los resultados. Díaz asumió la presidencia el 1 de octubre en medio de una grave crisis económica y fiscal, y un país con garantías suspendidas y medio millar de opositores en las cárceles.

La coyuntura del 48, sumado a la deposición de dos presidentes civiles en 1949 y 1951, ayudó a que Remón Cantera asumiera la Presidencia en 1952 tras vencer en un proceso electoral no exento de sospechas y reclamaciones.

En 1964, el resultado electoral fue alterado en contra del principal candidato opositor, Arnulfo Arias, siendo reconocido como triunfador Marcos Robles del gobernante Partido Liberal. Arias que hasta ese momento había sido dos veces presidente de la República (1940, 1949) y desalojado dos veces del poder por la fuerza (1941, 1951), nuevamente era objeto de otro vulgar despojo.

En 1984, Arnulfo Arias nuevamente le roban las elecciones por la diferencia de 1,713 votos. El Presidente del Tribunal Electoral César Quintero declaró que había habido “un pequeño fraude, que Arnulfo había ganado por unos 2 mil votos y que la trampa fue fraguada en los circuitos indígenas de Chiriquí”.

En 1989, tras la avalancha de votos de la coalición ADO Civilista, las elecciones fueron declaradas nulas y las Fuerzas de Defensa junto con su partido PRD retuvieron el poder del Estado panameño.

Independientemente de la reconocida labor organizativa del Tribunal Electoral desde 1990, siempre ha existido duda acerca de su vinculación con partidos políticos y el poder fáctico. Una encuesta realizada por Ditcher & Neira en 2002 y publicada por el diario La Prensa dieron cuenta que el Tribunal Electoral estaba entre las tres instituciones de mayor credibilidad en el país, junto con la Iglesia Católica y la Autoridad del Canal. Sin embargo, ese prestigio no existe actualmente y algunos incluso la colocan en el sótano de la percepción pública junto con los partidos políticos y la Asamblea Nacional. En las últimas dos elecciones hubo fallas y el Tribunal Electoral no supo aplacar el morbo que surgió durante el proceso de conteo de votos. Ni hablar de la pasividad y complicidad en relación con la depuración y actualización del último padrón electoral, las críticas surgidas a raíz de la reciente reforma al Código Electoral y la postergación en la fecha de impresión de las papeletas para el cargo de presidente.

No hay dudas que la mayoría de los panameños quieren un país en democracia. Corresponde al Tribunal Electoral ser más beligerante en lograr ese objetivo y evitar que haya trampa. Hay que tomar muy en serio las advertencias y temores de todos los sectores, y garantizar que el día de las elecciones no haya discrepancias en actas ni alteraciones en el sistema electrónico.

Nadie cuestionaría que el actual Código Electoral sea mejor reformado para eliminar la hegemonía de los partidos políticos, el clientelismo y mal uso del subsidio electoral. Igualmente, nadie se opondría a quitarle poder a los grandes medios de comunicación que actúan como verdaderos fabricantes de candidatos, manipuladores de imágenes, vendedores de ilusiones y difamadores de la realidad. Y por supuesto, salvo los “honorables” diputados e “impolutos” magistrados, todos quisiéramos eliminar las normas y reglas absurdas que dan pie a muchas de las trampas que se consumen el día de las elecciones.

En conclusión, con todos estos antecedentes, tenemos suficiente razón para prender las alarmas y poner las cosas en perspectiva.