Alfabetización constitucional

Hace unos días, el excelentísimo señor presidente de la república, Lcdo. José Raúl Mulino, expresó que para enero de 2025 se dará inicio al denominado proceso de “alfabetización constitucional”, con el objetivo de ir creando conciencia ciudadana en torno a los cambios que deben realizarse a la Constitución Política, sin que dichos cambios sean impuestos de forma inconsulta y más bien que el mismo sea producto de una convocatoria en función del artículo 2 de la Constitución Nacional que establece que “el poder público emana del pueblo”, teniendo como coordinador al profesor universitario, Dr. Miguel Antonio Bernal.

En este sentido, consideramos oportuno y de forma transparente este anuncio al inicio del período de gobierno para que se creen las condiciones necesarias para un debate amplio y sincero de todos los sectores del país y así tener un nuevo texto constitucional como bien ha señalado el presidente Mulino, sin que exista traumas de la estabilidad de las autoridades que tiene un período fijo (romper el orden constitucional) y mucho menos en lo relativo al tema de inversión en país que es de mucha importancia, toda vez que llevamos muchos años anhelando una constitución que transforme el Estado de manera integral, con transformaciones profundas que ayuden a resolver muchas de las trabas que hoy existen, siendo la Constitución un obstáculo por la obsolescencia de sus normas que muchas datan de génesis en el año 1972.

Es de recordar que años atrás, ya se han dado intentos de reformar la Constitución Política siendo fallidas en sus intentos; pero hay que reconocer que los informes preparados, desde la administración de los expresidentes de la república, Martinelli y Cortizo, por medio de la Comisión Especial de Reformas Constitucionales - de la que formé parte -, así como por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, respectivamente, a través de las distintas comisiones y mesas de arduo trabajo, son pilar importante para facilitar el trabajo que ahora se pretende, destacándose aspectos como: la reelección de los diputados por solo un período consecutivo, así como el tema de investigación contra ellos; el tema de la Caja de Seguro Social de elevarlo a rango constitucional; la creación de un Tribunal Constitucional; el aumento del período de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como elevar la edad y años de experiencia en sus requisitos; el tema del presupuesto mínimo de 6% de ingresos corrientes del gobierno central a los municipios, entre muchos otros temas.

Después de tantos años con problemas recurrentes sin que puedan resolverse los mismos, ya que desde la propia Constitución tenemos el obstáculo, como señalamos anteriormente, es el momento propicio para iniciar un debate de altura, sin intereses partidista o de otra índole, solo pensando en Panamá, con la introducción de cambios desde el análisis completo de las instituciones legales y de la realidad cultural, política y social de nuestro país, bajo fuertes valores y principios democráticos, abordando nuevas instituciones conforme la experiencia de otros países que tienen textos constitucionales de avanzada sin perder de vista de adecuarlo a la realidad panameña y que la misma sea una “Constitución Viviente” (living constitution, en inglés), como señala el autor David Strauss, es decir, una constitución que evoluciona, que cambia con el paso del tiempo y que se adapta a las nuevas circunstancias.

Ya son 20 años de la última reforma constitucional (2004), producto de un acuerdo entre la expresidente Mireya Moscoso y el expresidente Martín Torrijos, que impulsó algunos cambios puntuales que mejoraron algunos aspectos, entre ellos, el fortalecimiento en el desarrollo y amplitud de los derechos y garantías fundamentales, reflejándose en jurisprudencia panameña; la viabilidad de elección de candidatos a elección popular por libre postulación; el fortalecimiento del Tribunal Electoral, así como la estructura de la Asamblea Nacional limitando a un solo suplente; el establecimiento de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, entre otros aspectos.

Confiamos que este proceso de información y consultas denominado “Alfabetización Constitucional”, tenga todo el éxito sin mezquindades y pensando en un mejor país. ¡Amanecerá y veremos!