Contrato minero: crimen y castigo

El padre putativo de Minera Panamá S.A. fue Richard G. Fifer Carles, a quien el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994) dio una concesión de exploración minera (Contrato Número 27-A de 21 octubre 1991) a nombre de Geo-Recursos Internacional S.A., refrendado por el Contralor General Rubén Darío Carles, concesión después ampliada como contrato para “explorar, extraer, exportar” minerales, formalizado mediante Ley No. 9 de 26 febrero 1997 (28 artículos y 4 anexos) por el gobierno de Ernesto Pérez-Balladares (1994-1999), bajo el nombre de Minera Petaquilla S.A., refrendado por el contralor general interino, Gustavo Pérez y aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional presidida por Haydee Milanés de Lay.

Los estudios medioambientales se llevaron a cabo y aprobados durante la presidencia de Mireya Moscoso (1999-2004) y su Autoridad Nacional del Ambiente con Ricardo Anguizola como administrador general.

Al amparo de ese contrato Ley No. 9 de 1997 y de dichos estudios ambientales, en 2005, durante la gestión del presidente Martín Torrijos (2004-2009), se inició la construcción de la infraestructura minera, con la devastación de 5 mil hectáreas de áreas boscosas en Cerro Petaquilla (Donoso, Colón).

En septiembre 2008, Minera Petaquilla S.A. cambió su nombre a Minera Panamá S.A., iniciando su explotación en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), a través de Susana Serracín, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato ley de 1997, ante la Corte Suprema de Panamá (CSJ), entonces presidida por el magistrado Alberto Cigarruista Cortés. A pesar de la existencia de ese recurso pendiente, la minera canadiense First Quantum Minerals Ltd., adquirió Minera Panamá S.A. (MPSA) en 2013, durante la presidencia de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).

Al cabo de 9 años (2009-2017) el pleno de la CSJ, presidido por el magistrado Jerónimo Mejía E., lo declara inconstitucional el 21 diciembre 2017 fallo que toma 4 años para publicarse en la Gaceta Oficial (22 diciembre de 2021) porque su dueño canadiense, First Quantum Minerals Ltd., interpuso seis recursos apelativos.

Mientras tanto, el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) el 30 de diciembre 2016 renovó el contrato de Minera Panamá S.A. (MPSA) por 20 años adicionales, hasta el 28 de febrero de 2037, refrendado por el contralor general Federico A. Humbert, y aprobado por la Asamblea Nacional presidida por Rubén de León a sabiendas de que existía un recurso de inconstitucionalidad sin resolver.

En junio 2019, MPSA realiza la primera molienda y exportación de cobre desde el puerto internacional de Punta Rincón en Donoso, Colón, ya bajo la presidencia de Laurentino Cortizo (2019-2024).

Tras la publicación el 22 de diciembre de 2021 del fallo de inconstitucionalidad de la CSJ del Contrato Ley No.9 de 1997, MPSA comienza nuevas negociaciones con el gobierno Cortizo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), primero con el ministro Ramón Martínez de la Guardia (2019-2022) y después con el actual ministro Federico Alfaro Boyd, culminando con el nuevo contrato minero aprobado por el Consejo de Gabinete en marzo 2023.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, presidida por Roberto Ábrego, el 28 septiembre 2023 recomendó varias enmiendas a dicho contrato que fueron incorporadas al texto, debidamente devuelto a la Asamblea Nacional para su aprobación por el pleno, aprobado por 47 diputados bajo la presidencia de Jaime Vargas como Ley No. 406 del 20 octubre 2023, sancionado por el presidente Cortizo y publicado en la Gaceta Oficial en cuestión de horas ese mismo día.

Este recuento de 1991 al presente, de la triste historia de la concesión de exploración, explotación y exportación de recursos mineros desde Cerro Petaquilla, Donoso, provincia de Colón, con nombres y apellidos de los involucrados, se hace como testimonio del abuso del poder político de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial panameño.

El mal uso de esas facultades gubernamentales ha provocado la quiebra de nuestra gobernanza y el resentimiento de sus ciudadanos, hoy a plena vista de todos.