Nuevo pacto urbano para las ciudades panameñas

Naciones Unidas designó el Octubre Urbano como el mes de reflexión sobre las áreas urbanas; inicia el primer lunes de octubre con el Día Mundial del Hábitat y culmina el 31 con el Día Mundial de las Ciudades. Durante ese mes se impulsan encuentros para reconocer retos y oportunidades de las ciudades y se promueven las mejores prácticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Esos debates se justifican, debido a que las personas nos concentramos cada vez más en las ciudades y en la certeza de que la urbanización a escala global es irreversible. Naciones Unidas prevé que en el 2050 el 68 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas. En esa carrera hacia la urbanización destaca América Latina, no solo por ser la región más desigual del mundo, sino, además, por tener uno de los más altos niveles de urbanización, pues en apenas 65 años pasó de tener 40 % de áreas urbanas a más del 80 % actual.

También en octubre se cumplió otro aniversario de la Nueva Agenda Urbana (NUA), documento concertado en La Conferencias de Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano sostenible (Hábitat III), celebrado en Quito, Ecuador, en 2016, para orientar el desarrollo urbano.

La NUA enfatizó las posibilidades de las políticas de renovación urbana para promover empleo y calidad de vida y sus nexos con la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible -aprobada en 2015-, cuyo lema fue “no dejar a nadie atrás”, donde se exhorta a privilegiar a los más vulnerables, buscando igualdad y no discriminación. Para lograrlo, propuso trabajar por las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la justicia, a través de 17 Objetivos (ODS). De ellos, cuatro están más relacionados con las áreas urbanas y los ciudadanos: N° 1: eliminación de la pobreza; N° 2: educación de calidad inclusiva y equitativa; N° 3: igualdad de género y empoderamiento de la mujer; y N° 11: construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Aunque la población está concentrada en las ciudades latinoamericanas, la infraestructura urbana está muy lejos de satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, datos del año 2020, muestran que el 25 % de la población, unos 160 millones de personas, vivían en asentamientos informales.

Registros del mismo año del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial de Panamá exponen que el déficit de vivienda cuantitativa, que crece a un 4 % anual, sobrepasó las 200 000 viviendas; unas 53 479 familias vivían en asentamientos informales, de los cuales un 67 % están en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Son lugares donde la gente vive hacinada, sin acceso a infraestructura y servicios básicos y muchos están localizados en zonas con riesgo de desastres (inundaciones, deslizamientos).

Las causas que explican la existencia de esas áreas, donde se concentra vulnerabilidad social y pobreza, tiene esencialmente tres elementos. Las necesidades de vivienda de miles de personas. La corrupción de loteadores piratas que se apropian de tierras -privadas y públicas-, que luego venden con engaños a los incautos que nunca reciben un título de propiedad. Y, el desinterés, apatía e incapacidad de los sucesivos Gobiernos atrapados en la falsa idea de que el mercado todo lo resuelve; y, en vez de impulsar políticas públicas que eviten las tomas de tierra, solo reaccionan después de los hechos que siempre van enlazados a urgencias como olas migratorias, desastres, o consecuencias de una pandemia con sus respectivas crisis económicas y sociales.

En el 2020 vivían en Panamá 4 279 000 habitantes, de los cuales el 68.4 % ocupaba áreas urbanas donde las acciones de ordenamiento territorial y planificación urbana han sido escasas, fragmentadas e ineficaces para resolver los conflictos de deterioro urbano, medioambiental y social que cada día son más graves en el país, especialmente en el Área Metropolitana; donde el crecimiento urbano es caótico, sin criterios de sustentabilidad y en ausencia de corresponsabilidad de los actores sociales que deben ser los gestores de las ciudades: Estado, sector privado y ciudadanos.

Ese desatinado e inhumano modelo de desarrollo urbano muestra una total desconexión de los gobernantes con sus ciudadanos ante los cuales se han deslegitimado por impulsar una gestión urbana que facilita especulación del suelo urbano, segregación social y espacial y dispersión urbana; que produce gentrificación, desigualdad, pérdida del espacio público, destrucción de áreas protegidas y patrimoniales, impide la cohesión social, propicia la violencia y la inseguridad, en la que prevalecen los automovilistas en detrimento de los derechos del peatón y el mejoramiento del transporte público. En pocas palabras, que se pliega a la lógica del mercado, que conspira contra toda lógica de gestión urbana sustentable y viabiliza acciones que niegan la esencia de las ciudades.

Además, la pandemia evidenció desafíos preexistentes, tales como: aumentar las habilidades de la población para hacer teletrabajo, acceso universal a las nuevas tecnologías, impulso a la educación inclusiva y, urgencia de desarrollar formas seguras y eficaces para movilizarnos; que estamos aún muy lejos de resolver.

El panorama descrito muestra que es impostergable establecer nuevos paradigmas en la organización territorial que instituya un nuevo pacto urbano para las ciudades panameñas en un marco democrático, participativo e inclusivo, dejando atrás el obsoleto modelo de expansión de las ciudades panameñas que traiciona los derechos ciudadanos de vivienda, movilidad, educación, salud, empleo, energía y espacio público.

ONU-Hábitat insiste en recomendar a los planificadores de políticas públicas, especialmente a nivel municipal, que actúen simultáneamente en los ámbitos económico, social y ambiental y dejen de hacerlo de forma disociada. Advierten, además, que es insostenible que las políticas de vivienda se mantengan orientadas únicamente a la demanda con capacidad de pago y subsidio al constructor, como se hace en Panamá desde hace décadas.

Uno de los aspectos indiscutiblemente positivos que la NUA resaltó fue la urgencia de transitar desde una democracia electoral a una democracia participativa, donde los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas de las ciudades decidiendo claramente sus formas de vida y convivencia. Indudablemente, la forma en que organicemos nuestras ciudades determinará nuestras posibilidades de disfrutar de condiciones de vida digna en los términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).