Consideraciones sobre la Caja de Seguro Social (2)

Es pertinente señalar algunos criterios sobre el documento que modifica la Ley 51 de la Caja de Seguro Social que muchos consideran inconveniente para los asegurados, tanto a futuro como a los que no estarán contemplados en el rango de los siete años a partir de su promulgación, mientras que otros lo ven como la única alternativa para salvarla. El trabajo más activo que está realizando la DGI en cuanto a la recaudación de los impuestos es encomiable.

Hay mucha evasión fiscal, ejemplo, comprar un jabón en un chinito no te dan factura ni mucho menos cobran el 7%. De lograr subsanar estas falencias daría un fuerte impulso a las finanzas públicas lo que ayudaría a garantizar el aporte (966 millones) que desea incorporar el Ejecutivo para fortalecer el fondo de pensiones de la Caja de Seguro Social, sin embargo, hasta ahora no ha podido responder por los 140 millones que debían dar a la CSS anualmente e incluso se dejó de pagar por varios años por el gobierno anterior.

El documento habla de la reserva que la Caja de Seguro Social mantiene en el Banco Nacional, y que con esta ley se busca garantizar un mayor rendimiento de este dinero. Y nuestros economistas han pensado en dárselo a entidades financieras privadas para que logren obtener un mayor beneficio de la inversión de esta fortuna que es de todos los cotizantes de la CSS. Pero, ojo, se debe imponer como requisito que este dinero esté asegurado con entidades financieras de renombre internacional que garantice su recuperación de haber una mala gestión. No basta con que la empresa tenga un pedigrí de buen manejo de capital de seguro, y que luego de cinco años indique que su inversión resultó en un fiasco perdiéndose el caudal invertido.

No basta que el FMI promueva la capitalización de este recurso, ni que se tenga como excusa la “necesidad de salvar el sistema financiero”, como indicó un alto funcionario, al contrario, hasta cuándo los panameños debemos salvar el sistema cada vez que se les ocurra a ellos. Recordemos cuantos millones de dólares se le dio a la banca en pandemia que nunca resarcieron, o al sector turístico, al contrario, aún estamos pagando este y otros dineros pedidos en préstamos.

En Chile los cotizantes aportan un porcentaje a sus cuentas individuales para engrosar su cuota de retiro, ese porcentaje no puede ser utilizado por el trabajador hasta que se jubila, sin embargo, aquellas empresas financieras que lucran con estos fondos sí pueden invertir las ganancias e intereses, dejando un porcentaje pequeño para la cuenta individual. Al final el ahorro es ínfimo para el cotizante y la sumatoria del total no alcanza para tener una jubilación digna, como está ocurriendo en ese país, por ejemplo, y que hoy, luego de más de 30 años de haberse impuesto por una dictadura militar, ha resultado en una gran estafa.

Por otro lado, el documento plantea casi una censura para obtener la información pues esta será obtenida solo por los interesados en forma individual en cuanto a sus cuentas, no se permitirá obtener información valiosa de cómo anda las finanzas de la institución, o cómo se invierte el recurso, así como otros parámetros que la ciudadanía debería y estaría interesada de saber, pues estos datos son considerados de carácter reservado y de ser violados por algún funcionario este corre el riesgo de ser destituido.

La mayoría de las personas que llegan a los 65 años o más arrastran una serie de males propios de la actividad laboral a la que se han dedicado, a la mala alimentación, a los problemas de estrés de la vida, entre ellos los económicos, y a pesar de que algunos suelen pasar más allá de esa edad, no lo hacen con toda la dignidad que la vida les pueda ofrecer. No es pertinente comparar una persona que tiene todo a su alcance, medicinas, salud, médicos a su disposición y una economía estable y que se atiende en hospitales en el extranjero, con el común de los panameños que a diario deben pelear por obtener una cita a tiempo en el sistema de salud de Panamá, o ver cómo obtiene las medicinas recetadas en un servicio que solo da excusas por su inoperancia.

Se habla de la necesidad de hacer cambios en la ley del Seguro Social, eso es entendible porque el sistema no está dando respuesta a la demanda de salud de los cotizantes, pero la discusión se centra en obtener una mayor rentabilidad de los recursos guardados en los bancos, de aumentar la edad de jubilación y la cuota tres años más, porque la “expectativa de vida ha aumentado”, pero no se discute cómo enfrentar las deficiencias del sistema actual, la penalización del despilfarro o a la corrupción, no se ve contemplado en la ley la importancia de una atención oportuna ante la dolencia del asegurado.

Se hace necesario entonces hacer una evaluación seria sobre el sistema de salud en Panamá donde se contemple ambas estructuras, el público y el de la CSS, su infraestructura, eficiencia y lo negativo con el fin de corregir sus males. En el ínterin de la discusión se ha evidenciado que no toda la información está presente, se han reventado globos como la calculadora que preveía alza en los salarios anualmente, cosa que en la realidad no se da. Le corresponde entonces a la Asamblea de Diputados llevar a cabo esta discusión de la forma más quirúrgicamente posible, como lo han estado haciendo, y dar tranquilidad al contribuyente de que la futura ley beneficie realmente a los asegurados y no a unos cuantos como ha venido ocurriendo con sus finanzas. El camino no es desmeritar el aporte que hacen los ciudadanos al problema de la CSS, debemos entendernos para lograr un consenso en este asunto; en otros lares, el entendimiento pasa por el estallido de las bombas, evitemos eso en nuestro país.