La realidad de emplear a un joven con discapacidad intelectual: la historia de Gabriel

Actualmente en Panamá, se tienen leyes y decretos que hablan del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y que brinda equiparación de oportunidades, y establecen que las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades que los demás ciudadanos.

Algunas de las disposiciones de estas leyes son: las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades; las personas con discapacidad tienen derecho a un salario igualitario; las empresas privadas deben contratar al menos el 2 % de personas con discapacidad; las empresas pueden solicitar certificaciones para las personas con discapacidad que contraten, y finalmente, las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad y protección ante la ley.

Pero la realidad es que son pocas las empresas privadas que llegan a cumplir el 2 % de personas con discapacidad laborando y las instituciones públicas pareciera no tenerla reglamentada para ejecuciones en las entidades.

En los últimos meses se ha denunciado destituciones de funcionarios o la no renovación de contratos de empleados municipales y de gobierno central, que tiene alguna discapacidad física e intelectual, así como con padecimiento de enfermedades crónicas.

Gabriel es un adulto de 33 años que tiene una condición de discapacidad intelectual coloquialmente llamada retardo mental moderado, con un grado de espectro autista, que lo llevó a temprana edad a recibir educación especial del sistema de enseñanza pública del Meduca; luego pasó al IPHE y culminó sus estudios en la Escuela Vocacional Especial (EVE), donde obtiene un certificado de auxiliar de industria.

Antes de culminar su educación en la EVE, Gabriel hizo la práctica laboral en una cadena de supermercado como ayudante general en 2012, y para ese entonces había participado como atleta especial en modalidad de atletismo en pista en una reconocida organización que trabaja con personas con discapacidad.

Gabriel como deportista demostró un gran entusiasmo y ganó medalla de oro, plata y bronce en diversas competencias locales, provinciales y nacional, así como cintillos de participación al esfuerzo. Solo representó al país en una competencia internacional cuando esta se realizó en nuestro país, y aunque ganó competencias para representar al país afuera de sus fronteras, esa participación es sorteada y él no ha salido favorecido.

Con todo esto, Gabriel nunca ha dejado morir el espíritu de seguir adelante y aprender, esto llevó a que su mamá lo inscribiera en una fundación que capacita a jóvenes con discapacidad intelectual para insértalo en el ámbito laboral. Pero la realidad de la inserción laboral de un joven con discapacidad intelectual es muy diferente a la de una persona con discapacidad física o de condiciones adquiridas siendo adultos.

Los jóvenes con discapacidad intelectual tienen mayores obstáculos para ingresar al ámbito laboral, y aunque Gabriel tuvo su primera oportunidad en 2017, solo trabajo por 3 meses, ya que lo ofrecido por la empresa no era lo que vivía en su día a día. El trabajo prácticamente era en la bodega de una reconocida boutique ubicada en San Francisco, muy poco estaba frente al público y lo tenían cargando bultos de la mercadería que se colocaba a la venta, por esta condición laboral la mamá decide presentar la renuncia de Gabriel, que tampoco llegaba al salario mínimo porque era de medio tiempo, tres días de la semana.

Para el 2020, Gabriel es operado de urgencia en abril al inicio de la COVID-19, y le diagnosticaron cáncer en la ingle. Lo sometieron a quimioterapia durante 6 meses y luego paso a remisión; una vez levantadas las restricciones de movilidad, Gabriel inicia con los entrenamientos y gana oro y plata en las competencias locales.

La mamá de Gabriel —que también es paciente oncológica— nunca ha dejado de velar por su hijo y como su tutora siempre busca la forma de brindarle una mejor calidad de vida, llevándola a realizar actividades para sufragar los gastos de movilización para las citas médicas y costear los medicamentos que no estén dentro de la seguridad social para él.

En el año 2024 le ofrecieron —sin ella pedirlo— un trabajo para Gabriel en el Municipio de Panamá, oportunidad que acepta y se activa nuevamente el joven en el mundo laboral. La mamá de Gabriel informó al Departamento de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá de las condiciones médicas de su hijo, su discapacidad intelectual y que es paciente en remisión del Instituto Oncológico Nacional; la institución no objetó y le contrató haciendo que Gabriel firmase un contrato de 3 meses (de marzo a junio), asignado en el complejo deportivo Roberto Kelly, con un horario que al principio era de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y que luego fue de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Gabriel cumplió su jornada laboral y las pocas veces que se ausentó fue por citas médicas ya programadas por un padecimiento urológico por el cual le hicieron una cirugía ambulatoria. El contrato de Gabriel finalizó el 30 de junio de 2024 y aunque la mamá consultó sobre la renovación, la nueva administración se lo negó; ella envió nota al alcalde y a la fecha de este marzo de 2025 nunca ha obtenido una respuesta.

La mamá de Gabriel presentó el caso ante la Defensoría del Pueblo y aún espera que le den respuesta, ya que la sugerencia se limitó a que debe presentar el caso en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo una mujer de escasos recursos va a presentar un caso ante la Corte si de a poco paga las cuentas básicas de su hogar, como para ahora pagar los honorarios de un abogado?

Gabriel desea trabajar, sentirse útil y ganar su propio dinero para tener una mejor calidad de vida, asimismo para pagar por la seguridad social y no ser una carga económica para la precaria pensión por viudez que recibe su mamá.

Así como la historia de Gabriel es la realidad que viven muchos jóvenes adultos con discapacidad intelectual que, aunque no tengan ningún impedimento físico, no les dan una oportunidad real de salir adelante con una posición laboral.