Sin rendición de cuentas, nunca habrá transparencia

En las declaraciones de quienes nos gobiernan, siempre escuchamos que todo es transparente. Inequívocamente, el presidente de la República, o quien dirige la Corte Suprema o la Asamblea Nacional, dirán que sus respectivas gestiones están inspiradas en la más prístina transparencia. Sabemos que en lo absoluto eso no es cierto, porque, cada vez y con mayor frecuencia, se amparan en la “confidencialidad” (o tapadera) para impedir que el ciudadano común tenga acceso a los asuntos públicos que deben ser del conocimiento general.

Dos asuntos recientes me hacen traer al tapete lo de la llamada transparencia, que poco a poco desaparece de la Administración Pública. Podría exhibir muchísimos más ejemplos, por mi extensa práctica de presentar recursos de Habeas Data y las diferentes excusas que ensayan altos funcionarios para negar la información solicitada, aunque esta sea pública.

El 1 de septiembre pasado, el Gobierno comunicó la “renuncia” de Miguel Martínez como director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Días antes, el 25 de agosto, una juez de garantías ordenó detención y separación del cargo del asesor legal de la ATTT y de una funcionaria de la ASEP. Decían que vendían ilícitamente cupos de taxis. La “renuncia”, inducida o voluntaria, de Martínez, sugiere que sabía o tenía relación con este posible ilícito. Lo oscuro de los cupos de taxis no es nuevo, porque es sabido que es algo que se maneja por lo que se conoce, desde mucho tiempo atrás, como la “mafia del transporte”. Hasta los diputados tienen sus cupos.

Desde el 30 de agosto, a través de fuentes confiables dentro de la Suprema Corte, supe de problema suscitado en el II Tribunal Superior de Justicia que involucraba al magistrado Wilfredo Sáenz, veterano funcionario judicial de 50 años de servicio. Es ese el tribunal que atiende las apelaciones de los casos penales y, en homicidios, la primera instancia en el sistema inquisitivo, en uno de los cuales se liberó al convicto José Cossio, supuesto líder de la banda Calor-Calor, detenido en la prisión de alta seguridad de Punta Coco, recapturándolo hace poco en un retén en Costa del Este. El procurador Caraballo tildó lo ocurrido como un “error”, pero donde el II Tribunal Superior, desconozco si en ese fallo participó Saénz, demoró más de un año en resolver la apelación formulada en contra de esa sospechosa liberación, que tanto ha asustado a la comunidad.

Cuatro días después me enteré de que la “salomónica solución” encontrada por los jefes del licenciado Sáenz, la Sala II Penal de la Corte, presidida por la magistrada María Eugenia López, era que el ilustre abogado Saénz “renunciara” a partir del 15 de septiembre, pagándole las vacaciones que le debían (cinco meses y medio) y la bonificación por retiro, según me dicen de 10 meses. El salario de ese cargo es B/7000.00. O sea, le habrán dicho “renuncia y le echamos tierra a todo, porque entre bomberos no nos pisamos las mangueras”, denuncia que grabé en video ese viernes 3 de septiembre y que se hizo viral. La Sala II de la CSJ no dijo nada sobre el caso y ningún medio le dedicó siquiera una línea a mi directa denuncia. Sí recibí dos llamadas, corteses, por cierto, donde en una de ellas, pude cerciorarme de que mi denuncia era cierta. Saénz actúo al margen de la Ley, a pesar de sus 50 años de experiencia. ¿Por qué lo haría? Hice otro video pidiendo a los magistrados no hacer pago alguno hasta no concluir la investigación por la queja presentada. Para ponerle el último clavo al ataúd de esta ignominia, el Colegio Nacional de Abogados le dará el 15 de septiembre un reconocimiento al “Honorable Magistrado” por sus “48 años continuos de servicio a la justicia”. Valores totalmente trastocados.

El caso del director Martínez y del magistrado Sáenz tienen que ver con la rendición de cuentas. Si alguno cometió algún ilícito, como podría haber ocurrido, debe ser investigado, mucho antes de “pactar” su salida del cargo sin ruidos. Las autoridades están obligadas a explicarle a la ciudadanía hechos tan relevantes como las repentinas “renuncias” de dos altos funcionarios, uno del Ejecutivo y otro del Judicial. No correr a tapar los huecos echándole tierra a los mismos, para que nadie sepa lo que en realidad ocurrió.

Sin rendición de cuentas de nadie, como pareciera estar ocurriendo, ¿qué podemos esperar del resto de los funcionarios, sobre todo los más humildes y serios, que ven cuál es el trato que reciben sus superiores para ignorar sus irregulares actuaciones? ¿Dónde está la labor de la Contraloría General en fiscalizar si estos pagos son conforme a derecho y no arreglos para ocultar lo que hay en el fondo de todo?

¿Cómo podrán pensar que la ciudadanía se creerá todo el cacareo que hacen aduciendo que actúan con transparencia? ¿Qué clase de ejemplo se transmite a los servidores públicos subalternos?