Servicio policial obligatorio, bajo dudas constitucionales y democráticas

La posibilidad de implementar un servicio policial obligatorio, una propuesta que se analiza en el Ministerio de Seguridad (Minseg), ha abierto el debate sobre su viabilidad en Panamá y si esta iniciativa es compatible con un país que no cuenta formalmente con fuerzas armadas.

De acuerdo con Frank Ábrego, titular de Seguridad, la idea sería “captar” a jóvenes mayores de 18 años dentro de un modelo de formación en el que estos recibirían una instrucción técnica y al mismo tiempo policial.

En declaraciones dadas este domingo a un medio televisivo, Ábrego detalló que el proceso de formación sería financiado por el Estado, y aclaró que quienes formen parte tendrían la obligación de “devolver” lo invertido por la institución, con algún periodo de servicio en la fuerza pública. Cumplido ese tiempo, contaría con la opción de permanecer en la Policía Nacional o seguir su vida profesional fuera.

Una propuesta que, según el ministro, se inspira en los servicios policiales obligatorios de otros países, pero en el caso de Panamá “no tendría” esa obligatoriedad para todos los ciudadanos. Además, precisó que estaría enfocado en los jóvenes más pobres.

“Buscamos con esto que jóvenes humildes que no tenga la capacidad de pagarse un estudio posterior a la secundaria puedan tener una preparación técnica o incluso universitaria”, agregó Ábrego, quien aclaró que el proyecto se encuentra en fase de “lluvia de ideas” y que está pendiente conversarlo con los ministerio de Educación y Trabajo.

En opinión de la abogada y catedrática universitaria, Anayansi Turner, la idea de un servicio policial obligatorio en los términos tradicionales sería contrario a la Constitución. Entre las razones, estaría que una figura de esa naturaleza sobrepasaría las funciones establecidas para la fuerza pública.

La escritora y constitucionalista explicó que el artículo 310 de la carta magna define las funciones de la Policía Nacional, donde no existe la figura de la obligatoriedad para los ciudadanos enrolarse en las filas de los estamentos de seguridad. Solamente establece, subrayó, que la población debe tomar las armas en casos excepcionales como una agresión extranjera o una guerra.

“En la Constitución se estableció ese artículo de que los panameños están obligados a tomar la armas para defender la independencia e integridad territorial del Estado cuando haya una necesidad o una declaración de guerra. No es el caso, un servicio policial obligatorio sería inconstitucional”, sostuvo.

Turner considera débil la justificación de ofrecer plazas de trabajo o educación a los jóvenes a través de este servicio, al manifestar que la Policía no es la institución estatal encargada de generar empleo ni organizar la instrucción pública.

“No queda claro esa vinculación [que hace el ministro Ábrego] al programa de Primer Empleo. Es como decirles a los jóvenes que en la Policía van encontrar trabajo, que son casualmente el sector de la población que más ha protestado contra la minería y el problema de la seguridad social. Parece más bien una medida de neutralización de esa parte de la juventud”, dijo.

A juicio del sociólogo e investigador José Lasso, el servicio policial obligatorio podría encontrar cierto atractivo en un espacio donde hay mucho desempleo, sobre todo en los sectores más empobrecidos del país, al contar pocas oportunidades de subsistencia. Sin embargo, eso no implica necesariamente que habría una mejora económica y social de las comunidades, sobre todo cuando este tipo de estrategias no formar parte de una política integral que atienda los problemas de fondo y la desigualdad.

Igualmente, el también docente sostiene que la imagen de la fuerza pública ha desmejorado frente a la población en las últimas décadas, lo que ha generado desconfianza y que esa realidad haría aún más difícil implementar una servicio policial obligatorio.

“El desprestigio y desconfianza en la Policía es un problema, cuando la gente no cree en quien te debe defender [...] tendría que haber un desarrollo integral de la seguridad con la población. Nosotros hemos recomendado que los gobierno locales y la Policía trabajen políticas preventivas, amigables y cercanas a la comunidad, pero tenemos un esquema represivo en la fuerzas pública”, resaltó.

Lasso considera que el manejo clientelar en los gobiernos locales complica el asunto y, al cruzarse con el perfil represivo de la Policía, la fórmula solo aleja más a la comunidad de la institución.

Asimismo, considera necesario revisar las políticas de formación de la fuerza pública, en especial la incorporación de componentes militares, pese a que la Constitución define a Panamá como un nación sin ejército.

¿Cuáles podrían ser las alternativas para acercar la fuerza pública a la población? Para la abogada y especialista en criminología, Nadia Franco, el Minseg debe fortalecer modelos de policía comunitaria, donde la ciudadanía pueda colaborar con la institución en temas de seguridad.

“Irlanda cuenta, por ejemplo, con la Garda Reserve, un servicio voluntario de ciudadanos que brindan apoyo a la Policía en algunos momentos”.

En América Latina, la mayoría de los países que mantiene servicios obligatorios con sus fuerzas de seguridad corresponden a la rama militar. Panamá dejó de tener fuerzas armadas tras la invasión y ocupación de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989.