Reformas al reglamento interno de la Asamblea y el dilema de los suplentes

Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional empieza a tomar forma en medio de denuncias de irregularidades sobre las distintas planillas legislativas y la figura del diputado suplente.

La subcomisión, que analiza los 11 proyectos de ley que se presentaron para reformar el reglamento interno, tuvo su primera reunión el pasado martes. Durante el encuentro, el secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, en calidad de asesor, sugirió algunos “correctivos” en el proceso de formación de las leyes, en el quorum deliberativo en las comisiones, juramentación de suplentes, la forma en que deben presentarse los textos aprobados, entre otros aspectos, informó la Asamblea en su cuenta de X.

Sin embargo, en esta cuenta no se específica en qué consisten las sugerencias que planteó el secretario general, pero el diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, informó que las sugerencias buscan que la juramentación del diputado suplente en la Asamblea sea suficiente para habilitarlo, para el pleno como para las comisiones permanentes.

Duke explicó que actualmente los diputados suplentes son juramentados para actuar en el pleno y también en las comisiones de las que forma parte el principal.

Las reformas al reglamento interno de la Asamblea fue promesa de campaña de muchos diputados. Incluso, los primeros siete anteproyectos de ley que se presentaron tan pronto se instaló el nuevo periodo legislativo son para reformar el reglamento interno.

Ahora, nueve meses después, el debate de las reformas al reglamento interno ocurre en medio de las denuncias de irregularidades de las distintas planillas de la Asamblea Nacional y que vuelve al tapete el pago a diputados suplentes. Además de las auditorías forenses que adelanta la Contraloría.

La Estrella de Panamá ha publicado varias investigaciones sobre las distintas planillas de la Asamblea que dejan en evidencia el uso irregular de fondos de este órgano del Estado.

Las más recientes fueron publicadas esta semana, cuando se reveló que la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, tiene a su disposición planillas para gastos de “movilización”, que podría ser otro esquema cashback que ha sido denunciado en pasados quinquenios. Una planilla que funciona como la partida discrecional en la Presidencia de la República.

Los gastos de “movilización” son pagados mensualmente a los beneficiarios, incluyendo diputados suplentes, y los montos oscilan entre $300 y $2.500.

El diputado Duke también habló de las planillas en el noticiero matutino de TVN. “Hay vacíos legales dentro del reglamento interno de la Asamblea Nacional”, indicó.

El pasado lunes, los auditores de la Contraloría llegaron a la Asamblea a primera hora para verificar la entrada y el cargo de los funcionarios.

El diputado Duke opinó que dicho proceso será clave para definir las bases para la reforma del reglamento interno, en el que nueve diputados definieron objetivos para mejorar la transparencia de los funcionarios dentro del Legislativo.

“Sin embargo, hay que esperar el informe final del contralor y que no sea un show mediático de asistir a la Asamblea a revisar y después no presentar un documento con análisis, hallazgos y acciones contundentes contra lo que ha encontrado”, manifestó el diputado.

Agregó que durante el proceso no se están revisando todas las planillas, sino específicas, como la 002, para definir si existen botellas dentro del Legislativo. El contralor Anel Flores, incluso, informó que la auditoria sería contra la planilla 172 durante el pasado quinquenio.

La subcomisión, que analizará los 11 anteproyectos de ley de reformas al reglamento interno de la Asamblea, tiene hasta el próximo 8 de abril para presentar su informe final.

El diputado del partido MOCA, José Pérez Barboni, respaldado por otros seis colegas de su bancada y de la coalición Vamos, fue el primero en presentar un proyecto de ley sobre las reformas al reglamento interno.

La propuesta plantea, entre otros aspectos, eliminar las prerrogativas funcionales a los diputados, tales como la importación de automóviles exonerados de impuestos, la franquicia postal y telefónica.