En tela de juicio, transparencia de la AMP sobre manejo de derrames

En el último año se reportaron dos graves accidentes de derrame de combustible en las costas del país, sin embargo, poco es lo que se sabe sobre cuáles fueron los procedimientos para sanear el área afectada.

La entidad encargada del tema, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), mantiene un velo sobre temas puntuales como la contratación de la empresa encargada de la limpieza de las zonas afectadas, algo que, para el abogado ambientalista Harley Mitchell Morán, deja muchas dudas sobre la transparencia en la entidad.

Un ejemplo de ello tiene que ver con información solicitada a la AMP, sobre el derrame ocurrido en isla Galeta, reportado por la propia entidad el 20 de noviembre de 2021.

Mitchell Morán asegura que a la fecha no se conoce si hubo una investigación profunda, cuál fue el impacto de la contaminación, y tampoco sobre la contratación de los trabajos y criterio de selección de proveedores, para sanear el área afectada.

El caso es más preocupante, cuando el 6 de diciembre de 2021 se reporta nuevamente la contaminación en isla Galeta, lo que la entidad informó ascendería a $10 millones y tardarían seis meses en limpiar. Sin embargo, hoy no existe un informe específico del suceso, quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los trabajos de las empresas a cargo de la limpieza. La AMP se niega a dar esa información que fue solicitada por Mitchell Morán en enero de este año.

“Ante los comentarios y rumores del suceso con el remolcador y la barcaza, cuando el derrame llegó a Panamá, solicitamos información sobre ese accidente en enero de este año, y tres meses después la AMP responde que no me pueden dar información porque no soy parte del expediente, llevándose por delante la Ley de Transparencia, la calidad de bienes de dominio público que tienen las costas, los humedales, las aguas marinas, las áreas protegidas, entre otros”, resaltó Mitchell Morán.

Se sospecha que el remolcador lo dejaron salir del país sin mayor problema. El abogado ambientalista denuncia que la AMP es una entidad poco transparente y aparentemente está abusando de su facultad de contratación directa para atender casos como el de los derrames de combustible.

“No quisiera pensar que se está abusando de la falta de cultura de prevención de la contaminación y de la poca transparencia de la entidad para fomentar derrames y después pagarles a los contratistas”, expuso.

Una fuente de la propia AMP, que solicitó reserva de su nombre, afirmó que fue el remolcador Karen Koby, sin licencia internacional y dudosa procedencia, el posible causante del siniestro, y que le fue permitido salir del país sin mayor rendimiento de cuentas y dejando en aguas panameñas el producto de un daño ambiental cuyos costos, según la AMP, es de millones de dólares.

Para el abogado, situaciones como esta generan suspicacias en función de las causas, los responsables, los efectos del derrame, el escape de sus supuestos responsables y lo desconocido del siniestro frente a lo oneroso de su costo que pagamos todos los panameños.

Para Mitchell Morán, el principal problema parte del hecho de que en Panamá no existe una cultura de prevención en materia de desastres naturales, la información es reducida y no hay datos sobre este tema.

Por ejemplo, a finales del año 2020 se registró el derrame del buque Sea Lion en el Canal de Panamá y posteriormente en junio de 2021, ese mismo buque protagoniza un derrame en Taboga, “es curioso observar la falta de cultura en estos temas, porque para esas mismas fechas, el mismo Sea Lion estaba anclado desde hacía varios meses e incluso se conocen informes que señalan de la advertencia de la AMP sobre el peligro del buque”, dijo.

“La misma empresa que sacó la licencia de Sea Lion acá en Panamá, trajo otro buque el año pasado que había contaminado un área del estrecho de Gibraltar; esto evidencia que ya existe un patrón que dan cuenta de buques contaminantes y de la poca supervisión y rendición de lo que hace o pasa, por parte de las entidades correspondientes”, declaró Mitchell Morán.

En cuanto a las contrataciones directas, asegura que la junta directiva de la AMP está utilizando mal el reglamento de concesiones marinas, pasando incluso por la Ley de Contrataciones Públicas.