Cristina sale a la ofensiva

El día que la presidenta Cristina Fernández conociera que había sido imputada por cargos de encubrimiento se mostró evasiva. Eso ocurrió el pasado viernes, cuando el fiscal Gerardo Pollicita anunció la imputación de la Presidenta, de su canciller Héctor Timerman y del diputado oficialista Andrés Larroque por su participación en un supuesto trato con Teherán para desviar la investigación del atentado contra el centro judío AMIA, en 1994, en el que fallecieron 84 personas y unas 200 quedaron heridas. El acuerdo de la mandataria con el país islámico suponía precios preferenciales para la compra de petróleo y otros arreglos comerciales.

Pollicita, junto a otros dos fiscales, sustituyen a Alberto Nisman, cuyo cuerpo sin vida fue hallado después de anunciar que mostraría los vínculos entre los gobiernos argentino e iraní, propiciando acuerdos que ahora integran la inédita imputación a un presidente.

Hace dos días, Fernández puso en su cuenta de Facebook una especie de alegato en el que reiteró un poco lo mismo que había dicho en su último discurso: ‘Esta presidenta, al igual que todo el equipo de gobierno que me acompaña, ha tenido una premisa todos estos años capear todos los temporales…’.

Pero a la presidenta Cristina le quedan tan solo diez meses en el poder. La duda que surge es si ese tiempo le será suficiente para capear este último temporal con la justicia de su país. El tiempo le resultará poco para resolver los 300 otros casos con la justicia, su Vicepresidente tiene dos, y el círculo de la familia presidencial otros tantos, incluso algunos de ellos vinculados con casos de corrupción. El panorama político del gobierno kirchnerista es incierto y sumamente volátil. El hecho de que faltando poco para que deje el poder, la presidenta Cristina haya quedado formalmente imputada en un caso de supuesto encubrimiento a iraníes por el caso AMIA es un referente que muestra cómo se ha visto afectada la estructura presidencial del gobierno de Argentina.

La muerte del fiscal Alberto Nisman, aún sin aclarar, la imputación judicial a la presidenta, elecciones en diez meses y la suma de procesos contra funcionarios y familiares dibujan un temporal casi imposible de capear.