Jorge Sahd: “El apoyo a líderes autoritarios o populistas está relacionado con la desconfianza en las instituciones públicas”

Jorge Sahd, abogado y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (Ceiuc), analiza los resultados del índice de riesgo político para la región latinoamericana, así como la pérdida de institucionalidad y la fragmentación de las democracias, mediante un informe presentado en exclusiva a Espacio Gente. El experto, que también se desempeña como presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Chile, confiesa que hoy la región adolece de “un choque institucional por el cada vez menor nivel de confianza en las instituciones públicas que son clave para la democracia”, además, escenarios como el de Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú e incluso el de Costa Rica muestran un mayor nivel de violencia en las protestas, donde “la manifestación legítima en la democracia ha, lamentablemente, pasado a situaciones de violencia, vandalismo y delincuencia”. Sobre Panamá, es enfático al aclarar que la corrupción sigue siendo un desafío “no solo desde la probidad y la integridad, sino de cómo avanzamos en modernizar el Estado panameño a nivel central y local”, para propiciar mejores condiciones que permitan solventar “las demandas en materia de salud, economía y seguridad social”.

No es tan fácil de digerir porque América Latina primero venía con un estancamiento económico en los últimos seis años, de hecho fuimos la región que menos creció el año pasado a nivel mundial, después del boom de los años 2000, cuando muchas personas pasaron de la pobreza a una clase media. Luego viene la pandemia, que ha significado –según estimaciones– que 30 millones de latinoamericanos van a caer en la pobreza; vamos a tener cerca de un tercio de la región en esa situación, más la recesión económica, el desempleo y lo que se llama la pandemia social. Y finalmente, que es un tema más de fondo, tenemos un choque institucional por el cada vez menor nivel de confianza en las instituciones públicas; las instituciones que son clave para la democracia, gobierno, poder judicial y Congreso, hoy no superan un 25% en su nivel de confianza; entonces, este triple shock se acelera, se hace más manifiesto en la pandemia y será el gran desafío cómo los Estados van a poder enfrentarlo en 2021.

Lo veo con mucha preocupación, porque el principal enemigo de la democracia es la violencia. No pueden coexistir la democracia, un estado de derecho si no somos capaces de controlar la violencia y resguardar el orden público. Lo que hemos visto en América Latina en 2019 con Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú e incluso en Costa Rica, es un mayor nivel de violencia en las protestas; la manifestación legítima en una democracia ha pasado a situaciones de violencia, vandalismo, delincuencia, en muchas ocasiones también acentuados por el narcotráfico o el crimen organizado, y eso sin lugar a dudas es una amenaza y enemigo para la democracia y muestra incapacidad de procesar los conflictos de diferencias sociales por la vía institucional; entonces, a ese riesgo político que se ubica en el segundo lugar dentro de los diez principales riesgos postcovid, hay que mirarlo con atención porque vemos una tendencia al aumento de la violencia en las protestas, que también ha venido de la mano con la frustración de la sociedad y sus expectativas frente a este estancamiento económico y sensación de desigualdad, y en algunos casos, de abusos.

Sí, creo que los organismos internacionales como la OEA, en materia política y de cooperación, el Banco Interamericano, en materia económica, por citar algunos ejemplos, cumplen un rol, pero tienen las limitaciones propias de un organismo multilateral. En el caso del resguardo de la democracia y del orden público son finalmente de resorte de cada uno de los gobiernos y ahí organizaciones como la OEA pueden proponer un marco de acuerdo, tienen principios y la carta democrática, pero al final del día, los que tienen que resguardar ese orden público son los propios gobiernos. Creo que esta pandemia ha revelado que el multilateralismo, no solamente regional, está hoy desafiado, porque fue concebido en un orden internacional que viene cambiando, y una de las preguntas es: ¿cómo va a salir fortalecido y replanteado ese orden multilateral, luego de la pandemia? y ¿cuál será el rol de las potencias y nuestro rol regional en generar mejores condiciones de colaboración, coordinación e integración?

Exactamente y de hecho, la pandemia ha derivado en estados de excepción que otorgan facultades adicionales a los gobiernos para la emergencia sanitaria y en la toma de decisiones, que no bien llevados pueden generar situaciones en las cuales se afecta la libertad de los derechos de las personas. Este mayor apoyo a líderes autoritarios o populistas está directamente relacionado con la menor confianza en las instituciones públicas, en la política y en la democracia, lo que da un terreno fértil para estas figuras que se muestran antagónicas o en oposición a las élites de todo tipo, económicas, políticas, académicas, intelectuales y que ofrecen atajos a la sociedad o la 'Tierra prometida'. Entonces, la ecuación de poca confianza en las instituciones públicas y el surgimiento de líderes populistas va totalmente de la mano.

Sí. Me parece que después de las democracias –que sigue siendo el sistema más apoyado por las sociedades– hay una crisis de confianza y de legitimidad que también viene dada por las expectativas; el cambio social que tuvo América Latina, con todas sus fragilidades, en la década pasada significó también que las sociedades fueron sofisticando sus demandas políticas, sociales y económicas, y los gobiernos han sido incapaces de anticipar y resolver ese problema, no solamente en Latinoamérica, también lo observamos en otras latitudes. Eso ha generado frustración, malestar, y se indica como culpables a los políticos de turno y al Estado, pero aquí lo importante es cómo América Latina genera condiciones para ir construyendo mayores capacidades institucionales. Si me preguntas cuál es la mayor debilidad de la región, te diría que es su gran debilidad institucional que hace que no haya ciertos básicos estables, hay una transformación muy radical cada vez que hay un cambio de gobierno, surgen este tipo de liderazgos, problemas de separación de poderes, y todo esto que hemos hablado de la desconfianza en las instituciones es marcado por la corrupción, que no sabemos si es mayor o menor que en el pasado, pero hoy es más visible y no se toleran actitudes o actividades que en el pasado sí eran tolerables.

Creo que efectivamente hay parte de lo que está ocurriendo en América Latina; es un fenómeno más regional y global; si tú vinieras a Chile, se piensa que es un fenómeno chileno, si vamos a Perú van a pensar lo mismo, pero si uno levanta la mirada al bosque se da cuenta de que hay elementos más globales y uno de esos es la corrupción, y el caso Odebrecht, que ha involucrado a más de diez países de Latinoamérica, fue ese golpe que generó una mayor crisis de confianza en la política y en las instituciones públicas, y si bien los países han avanzado, en materia de transparencia aún queda crear esa cultura de integridad que es muy difícil porque es un plan a largo plazo, como lo ha intentado Panamá en su 'Pacto del Bicentenario'.

Ha cambiado, porque hoy tenemos la irrupción de las redes sociales donde la interlocución es mucho más directa e inmediata. Antes teníamos una suerte de intermediarios, solamente los medios de comunicación formales, al representante en la política, pero hoy las redes sociales se han transformado en un amplificador de los deseos, las frustraciones y las opiniones de las personas, y han generado una inmediatez que más allá de los gobiernos de turno, los Estados no están preparados. El liderazgo político viene cambiando y no sabemos todavía si para mejor o para peor, eso depende de cada caso, pero obviamente la democracia se está viendo desafiada por estos procesos y uno de ellos es la función que cumplen las redes sociales en la amistad cívica y en el diálogo que tienen los ciudadanos en sus sociedades.

Primero veo una situación global, de desencanto de las democracias; eso le puede tocar al presidente Cortizo, al presidente Moreno en Ecuador, al presidente Piñera en Chile, es una sensación generalizada. Algunos han subido su popularidad, pero si miras el global, muchos presidentes han bajado o se han mantenido los que estaban en niveles bajos de aprobación. En el caso de Panamá, sin ser un experto en la política interna panameña, uno observa a partir del 'Pacto del Bicentenario' que el país tiene un nivel de pobreza sobre los 700 mil habitantes y que hay que hacerse cargo; segundo, que Panamá, así como ha sido un polo de atracción financiera y de inversión, esto tiene que venir de la mano con las mejoras de la economía real, y tercero, el tema de la corrupción, que es un desafío no solo desde la probidad y la integridad, sino de cómo avanzamos en modernizar el Estado panameño a nivel central y local, para generar mejores condiciones y hacerse cargo de estos múltiples desafíos en salud, economía, seguridad social. Como señala nuestro principal riesgo político, lo que va a ocurrir el próximo año es que van a aumentar las demandas sociales en un contexto de economía en recuperación, con la resaca de lo que está dejando el año 2020 y Estados que van a tener menor margen fiscal por el inmenso esfuerzo que han tenido que hacer este año para enfrentar la emergencia y proveer planes de ayuda económica; entonces vamos a tener esta tormenta perfecta de mayor demanda, donde le pido más el Estado que está más endeudado con menor margen fiscal.

La sociedad civil cumple un rol fundamental en todos estos procesos que estamos conversando, entendido como el conjunto de ciudadanos organizados, con un plan coherente, con un petitorio, porque lo que ha demostrado, por ejemplo, la corrupción, es que una sociedad alerta, que alarma, genera denuncia y está activa, es un disuasivo frente a posibles actos de corrupción. El caso del 'Pacto del Bicentenario' es interesante porque nace desde el gobierno, no desde una propuesta de universidades o desde la propia sociedad civil, pero a la vez es mayor el desafío de involucrar a los distintos grupos empresariales, sindicales, de la sociedad civil y la academia, y creo que va a ser un buen experimento y plan piloto que puede mirar el resto de América Latina y el Caribe para ver cuáles van a ser las fortalezas del proceso y los aspectos de mejoras, porque hoy el tema de la gobernabilidad es cada vez más complejo en nuestra región.

Claramente el tema de Estados Unidos genera interés en América Latina, sin lugar a dudas. Hay cooperación, temas de política migratoria, relaciones históricas de nuestra región con Estados Unidos, convergencia de principios, defensa de la democracia y de derechos humanos, pero si uno mira la política exterior y las principales preocupaciones que va a enfrentar el presidente Biden, primero son de naturaleza doméstica; una sociedad americana profundamente dividida que va a tener que administrar y ver cómo un discurso moderado encaja en esa sociedad dividida, porque Trump lo que hizo fue polarizar esa división. En política exterior las prioridades están frente a la potencia emergente y el ascenso global de China en lo económico, en tecnología; esta diplomacia que es mucho más asertiva. Por otro lado, Biden tiene que ir restableciendo las relaciones con sus aliados históricos, especialmente en la Unión Europea, entonces Latinoamérica tiene un tema al que poner atención más allá de las políticas migratorias o de cómo puedan influir los planes de cooperación o de ayuda para el combate del narcotráfico, o de la corrupción que contemple la administración de Biden, que es cómo va a pararse frente a la creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, considerando que para América Latina ambos países son de sus principales socios comerciales y crecientemente China, receptor de inversión extranjera. Hasta el momento hemos querido lo mejor de los dos mundos; este es un tema complejo ante el cual nuestros gobiernos debieran prepararse por un mundo que va a ser cada vez más bipolar y donde este enfrentamiento va a continuar.

El fenómeno migratorio estaba en la prioridad de la agenda pública hasta el primer semestre de 2019 o en la época prepandemia. Era la prioridad. Había preocupación; la situación de Venezuela, con casi cinco millones de migrantes en distintos países del hemisferio, la situación de Centroamérica y Honduras con la ida a la frontera de Estados Unidos, la situación siempre tensa con México, pero la pandemia ha postergado y desplazado de la agenda pública a la migración, pero sigue siendo una preocupación y les aseguro que una vez que se vaya restableciendo cierta normalidad en los países, este tema va a volver a la prioridad porque la migración tiene un componente humano, de integración en la sociedad, y también un componente de si los Estados están preparados, desde el punto de vista de salud, educación y servicios sociales para absorber esos flujos migratorios que son desordenados y muy de golpe producto de distintas crisis sociales, como lo que ha ocurrido en Venezuela o los países que van a quedar debilitados después de la pandemia.

¿Es de alguna manera previsible el escenario sociopolítico de nuestras naciones de cara a los meses venideros? Este 2020, sin duda, se ha convertido en una prueba de fuego para las administraciones de gobierno, los organismos internacionales y la sociedad civil dentro y fuera de la región. Con un marco amplísimo de estudio que mira de cerca el comportamiento y tendencias de estos actores sociales, así como de los Estados, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (Ceiuc) ha elaborado el informe 'Riesgo político de América Latina', que comparte con este medio y del cual se desprenden 10 importantes conclusiones:

1. Incapacidad del Estado de dar respuesta a las demandas sociales. Debido a un mayor nivel de deuda pública, débil desempeño de las economías y creciente conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo.

2. Nueva ola de protestas violentas en la región. Por altas tasas de desempleo, mayor desigualdad y aumento de la pobreza.

3. Aumento de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Ante el debilitamiento del estado de derecho, los organismos de control y la falta de orden público.

4. Mayor apoyo a líderes autoritarios y populistas. Ante el bajo nivel de confianza en la democracia y las instituciones, viéndose afectadas las libertades y derechos de las personas.

5. Debilidad institucional y del estado de derecho. Afecta la seguridad jurídica de los negocios y de la inversión.

6. Crisis migratoria. Frente al deterioro de la realidad económica y social en la región, generando tensiones internas.

7. Utilización de las fuerzas armadas. Para fines políticos o de orden público interno, generando inestabilidad política.

8. Conflicto geopolítico de Estados Unidos y China. Una mayor dependencia a China, genera divisiones políticas en la región.

9. Parálisis de la integración regional. Ante la mayor polarización y fragmentación de los países, afectando las instancias de colaboración.

10. Surgimiento de tensiones fronterizas. Que podrán derivar en conflictos armados.

Cada uno de estos aspectos ha sido planteado tras el análisis de data, cifras y antecedentes por parte del equipo especializado del Ceiuc.