El sistema de prevención de blanqueo en Panamá evolucionó de forma muy importante en los últimos cinco años

Tras la experiencia de permanecer en la listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), Panamá ha venido implementando una serie de medidas para fortalecer su sistema de prevención de blanqueo de capitales, entre esos el de establecer un Registro de Beneficiarios Finales (RBF), que es administrado por la Superintendencia de Sujetos Obligados no Financieros.

Con estos trabajos se ha visto un alto compromiso del sector privado y público de Panamá en cumplir con los estándares del Gafi, comenzando con la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta pasar a las Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Sujetos Obligados no Financieros, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá, así destacó Sergio Andrés Reyes Díaz, subdirector de Infolaft, empresa especializada en prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

“Hoy veo un escenario de compromiso que posiblemente en el pasado no era tan notable o claro. Hoy la realidad es distinta y yo veo un compromiso de alto nivel y un país cuyo sistema de prevención de blanqueo evolucionó de forma muy importante en los últimos cinco años”, contó Díaz, a La Estrella de Panamá, durante su participación en el primer Congreso para Sujetos Obligados (Copaso).

El RBF es un sistema que prácticamente ve todo lo relacionado con la persona que está detrás de la empresa. Es una obligación internacional que tiene que cumplir Panamá, como parte de las exigencias de ser uno de los países de la lista gris. Con esto, el Gafi busca promover a nivel mundial que los oficiales de cumplimientos puedan tener acceso a esos registros porque reconocen el rol que tienen para combatir el blanqueo.

Según Díaz, el RBF se ha planteado como un mecanismo para combatir el blanqueo de capitales, pero aclaró que no todos los que ocultan la información necesariamente están relacionados con el blanqueo o lavado de activos porque existen personas que pueden estar buscando desarrollar otra actividad ilícita, como la de evadir impuestos.

Reconoció que en la práctica esta exigencia es difícil de llevar a cabo, tomando en cuenta que existen redes profesionales que prestan el servicio de blanqueo de capitales en varias partes del mundo y que comúnmente se conocen como servicio de “outsourcing”.

Aún así, el experto indicó que entre las múltiples razones por la que a los agentes residentes le es difícil identificar al beneficiario final, se debe por temas de seguridad en la que la persona siente que su información puede ser filtrada y pueden ser víctimas de extorsión, persecuciones o amenazas contra su integridad; están los que no quieren ser identificados porque buscan ocultar el rastro de recursos millonarios.

“Los retos que enfrentan los agentes residentes es complejo porque son muy nuevos con esta obligación y seguramente deben formalizarse y capacitarse mucho más para estar en posición de transmitirle al cliente que esta es una obligación que se fundamenta en una regulación vigente que se deriva de un estándar internacional y que ellos pueden tener la tranquilidad de que sus datos estarán seguros. Ahí también entra un rol muy importante de la Superintendencia de Sujetos Obligados no Financieros en decirle a los empresarios: tranquilos que su información yo la voy a resguardar”, expresó el experto.

Agregó que otro choque que está viviendo el sistema es la negación que existe en varios países, justamente por los temas sobre el derecho a la privacidad y las obligaciones internacionales para prevenir el blanqueo. Sin embargo, dijo que todo esto tiene mucho que ver con aspectos de intereses políticos o de desconocimiento.

Díaz contó que el único país de América Latina que ha abierto el RBF es Ecuador, donde cualquiera persona particular puede ingresar y consultar el registro. Vaticinó que en algún momento el RBF va a ser público, al menos en una parte o para algunos Sujetos Obligados, como pueden ser los no financieros. “En un corto plazo seguramente los bancos sí van a tener un acceso condicionado, controlado y verificable que les permita robustecer las medidas para detectar casos, convirtiéndose en una herramienta muy importante”, manifestó.

Por el momento, comentó que Gafi no ha estipulado una cifra para cuantificar el manejo del RBF porque lo ve más como un trabajo continuo que deben hacer los gobiernos. Por lo tanto, indicó que el procedimiento fundamental es que “las autoridades lo que tienen que hacer es demostrarle al Gafi que emitieron una regulación, asignaron los recursos para supervisar el cumplimiento y que han logrado sanciones en aquellos casos que sujeto obligado no cumplió”.

El escenario de Panamá dentro de la lista Gafi, recordó el experto, se dio por una serie de problemas que mancharon su reputación internacional, ocasionando su primera inclusión en 2016, a raíz del escándalo de los Panama Papers cuando mencionaron la vinculación de la firma Mossak Fonseca. Después sale, pero vuelve a entrar en 2019 y se ha mantenido ahí hasta la fecha.

En este contexto cree que es importante que el país aprenda la lección para que no vuelva a ser incluido en esta lista discriminatoria, entendiendo que las autoridades de supervisión deben tener los recursos y el personal adecuado para dar cumplimiento a las exigencias internacionales. Constató que en el pasado había instituciones con muy poco personal en comparación con la cantidad de sectores obligados que se debían atender.

Recordó que una de las principales exigencia de Gafi es que se siga fortaleciendo a la Unidad de Análisis Financieros de Panamá, con capacitaciones, tecnología y recursos para que puedan sacar adelante los casos y las investigaciones.

De cara al futuro, Díaz señaló que Panamá debe avanzar con una regulación relacionada a los cripto activos y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.