Proyecto de interés preferencial avanza a segundo debate con modificaciones

El proyecto de ley 207 que subroga la Ley 3 de 1985, que establece el régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones, pasa a segundo debate, con modificaciones realizadas por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Entre las modificaciones más importantes presentadas se encuentran el artículo 3, que trata de los requisitos y condiciones para los préstamos hipotecarios preferenciales, donde se adicionó que el ingreso familiar no sea superior a $3.000, que las viviendas hasta $80.000 estén bajo el régimen solidario y el beneficiario no deberá contar con ninguna residencia inscrita en el Registro Público.

Otra de las modificaciones fue al artículo 7 de tramos preferenciales y condiciones del subsidio estatal, donde se establecieron dos regiones: la uno, compuesta por las viviendas ubicadas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y la dos, por Colón y el resto del país.

Para la región uno se establecieron tres tramos, el primero con una tasa subsidiada máxima de 5 % por un plazo de ocho años no renovables, para viviendas nuevas de hasta $50.000, el segundo de 4,5 % por siete años, para residencias de hasta $80.000 y el tercero de 3,25 % por cinco años, para unidades habitacionales de hasta $120.000.

Para la región dos, se agregaron el tramo uno con una tasa subsidiada máxima de 5,5 %, por 10 años no renovables, para viviendas nuevas de hasta $80.000 y el segundo de 3 % por cinco años, para residencias con un precio superior a $80.000 y hasta $120.000.

La norma establece un ámbito de aplicación en cuanto al régimen fiscal para que sea aplicable a los intermediarios financieros, tanto públicos como privados, debidamente autorizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá

La medida se da con el objeto de que se puedan otorgar créditos hipotecarios, que cumplan con los requisitos y formalidades previstos en la ley, cuyos contratos serán denominados “Préstamos Hipotecarios Preferenciales”.

Para el titular de la cartera de Vivienda, Jaime A. Jované, el primer debate fue enriquecedor porque pudo conocer de parte de los diputados los diferentes temas que tienen en trámite relacionado con soluciones de viviendas para las familias más humildes del país.

Resaltó que “nos vamos con el entusiasmo que ustedes imprimen, para ver cómo sacamos adelante este país, que es de todos”.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Ronald De Gracia, adelantó que el próximo miércoles invitará a los gerentes del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, y de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, para que participen de la discusión, en segundo y tercer debate, de este importante proyecto de ley.

De Gracia indicó que esta es una ley social de déficit habitacional que les da a los panameños el derecho de tener una vivienda digna con todas las ventajas. “Se trata de una deuda con una ley de más de 40 años que no recibía modificaciones y donde se ha logrado incluir el uso de dos zonas de acuerdo con su escala salarial”, aseguró.

Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda y miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, dijo que lo importante es lograr una ley eficiente y sencilla, donde los bancos no pongan obstáculos, para que las familias puedan hacer sus préstamos de viviendas.

Promotores del interior del país como la Asociación de Promotores de Chiriquí, Asociación de Promotores de Coclé y Asociación de Promotores de Vivienda Veragüenses, han expresado su visión sobre la Ley de Interés Preferencial, destacando la necesidad de que esta política se convierta en una herramienta de inclusión social y sostenibilidad para todo el país.

Las organizaciones señalaron que el país requiere una legislación que no solo subsidie viviendas, sino que corrija desigualdades históricas, cierre brechas estructurales y reactive la economía de las comunidades.

Recalcaron que cada casa construida en el interior activa empleo local, dinamiza ferreterías, transportes, pequeños comercios y reduce la presión migratoria hacia zonas urbanas saturadas.

“La Ley de Interés Preferencial es mucho más que una herramienta financiera. Es el punto de partida para una política pública que garantice justicia social y sostenibilidad en todo el país. Es la oportunidad de construir un Panamá más justo, más humano y más conectado con su gente,” concluyó Carlos Jurado, representante de Aprochi.