Promotoras de vivienda alertan de comisión de desembolso del 3 % por la banca estatal

El cobro de un 3 % por parte de Banco Nacional de Panamá y Caja de Ahorros, en concepto de comisión de desembolso de los préstamos hipotecarios, tiene en alerta a las promotoras del país, debido a que vienen asumiendo ese costo desde mediados de 2024, pero que en el futuro este podría ser trasladado al cliente final que aspira a una nueva vivienda. Así lo dieron a conocer en una reunión en la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Durante la reunión, la Capac indicó que “la banca estatal, especialmente, Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, ha endurecido sus criterios para la aprobación de créditos hipotecarios, dificultando que muchos compradores obtengan el financiamiento necesario”. Además, previamente la organización indicó que un banco estatal [Caja de Ahorros] no participó en las ferias de vivienda de la Capac durante 2024, lo que tendría un impacto negativo en la cantidad de transacciones hipotecarias que tienen lugar en esos eventos.

Luis Dutary, representante de la Asociación de Promotores de Coclé, explicó que el cobro del 3 % es de la banca estatal y que las condiciones bancarias de cada caso son individuales. “El 3% es un cobro del monto a financiar [por el banco] que lo llaman comisión de desembolso y se lo cobran a los promotores”.

“Cada banco toma sus decisiones en cuanto a quién deciden financiar y son decisiones que nosotros tenemos que acatar”, comentó Dutary.

Aunque dijo que en este momento las promotoras no están transfiriendo ese costo al comprador final, “no sabemos si en el futuro puede hacerse, ya que el aumento de costos trae consecuencias en todos los diferentes niveles”, precisó.

Por su parte, Elisa Suárez de Gómez, de Convivienda, dijo que el cobro fue una sorpresa para el sector y que en ejercicio ya tiene por lo menos seis meses.

“A partir de hace aproximadamente seis meses comenzaron con esta práctica”, comentó la directiva del Convivienda. “Nos llamó poderosamente la atención ese cobro del 3 % de los bancos estatales, después que ya habíamos llegado a acuerdos con las cartas promesa que nos habían dado”, precisó.

“Creo que todo eso se va a normalizar en el momento en que tengamos reglas claras del juego y eso solamente se va a lograr si tenemos la ley en la Asamblea Nacional y podemos revisarla, discutirla y aportar para que sea la mejor ley posible. Yo, estoy convencida de que una vez logremos eso, los bancos van a eliminar ese 3 %, que lo único que hace es encarecerles a los clientes aún más lo que ya está bastante inaccesible para ellos, porque no hay bancos prestando en estos segmentos”, dijo.

Suárez de Gómez se refiere al anteproyecto para modificar la Ley 3 de 1985, sobre Interés Preferencial que vencerá en diciembre próximo. La iniciativa financiera que había anunciado el presidente de la República, José Raúl Mulino, se discutiría este martes 18 de febrero en Consejo de Gabinete, para su posterior presentación a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la iniciativa no fue abordada por el Ejecutivo.

A juicio del presidente de la Capac, Alejandro Ferrer, en el último año el mercado inmobiliario “quizás pudo haber perdido $300 millones en transacciones que están vinculadas a la construcción”, debido a la incertidumbre que genera la revisión de la normativa, que tiene 40 años.

La posible reducción del tope para las viviendas con una valor de $120.000 a $100.000 preocupa a Isaías Cárdenas, de las promotoras de vivienda de Azuero, quien no dudó en manifestar que su preocupación con la revisión es que “no les llegue el subsidio a las personas que en verdad son los beneficiarios, el ciudadano a pie o la clase media profesional [trabajadora], como maestros, enfermeras, porque se quedarán sin ese beneficio”.

Lo que queremos es que las personas en el interior del país salgan de la ruralidad con una vivienda digna y con los salarios que hay allá, de bajarse el tope no aplican. Esto también impacta al sector de la construcción, que es un generador de empleo, ya que al no tener industrias, los salarios no son muy elevados.

La Capac, así como los representantes de promotoras y desarrolladores de viviendas afirman que la incertidumbre que han generado las intenciones de modificar la norma tras vencerse el Bono Solidario de Vivienda a mediados de 2024, ha provocado la pérdida de unos 12.000 empleos directos, con la paralización de la construcción de unos 75 proyectos habitacionales, los cuales están suspendidos hasta que se conozcan las condiciones de la modificación de la Ley de Interés Preferencial.

Este medio trató de obtener la versión de los bancos estatales, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.