Sector vivienda pide aclarar el futuro de la Ley de Interés Preferencial

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), considera que es fundamental conocer cuál será el desenlace de la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones.

“Confiamos en que lo antes posible seamos notificados sobre los cambios que tendrá esta ley”, expresó Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva de Convivienda, a este medio.

Las palabras de la empresaria se dan luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó, en conferencia de prensa este jueves, que el próximo martes 18 de febrero se presentará ante el Consejo de Gabinete un anteproyecto de ley que aplicará más cambios a esta ley, vigente hasta diciembre de 2025.

“Por la información que recibí del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], ayer [miércoles], ese anteproyecto debe ir el martes al Gabinete para ser presentado ante la Asamblea Nacional ese mismo martes, o el miércoles”, detalló el mandatario.

Mulino detalló que la nueva propuesta implicaría una reducción del tope de subsidios a las viviendas en el rango de entre $100.000 y $120.000.

Según el presidente, “el diferencial entre la tasa subsidiada y la tasa de mercado, de aproximadamente dos puntos por encima, lo termina pagando el bolsillo de todos los panameños”, y resaltó que el Gobierno Nacional heredó una deuda significativa del bono solidario, con casi $300 millones en obligaciones o deudas con la industria de la construcción.

Sobre los efectos del extinto Bono Solidario de Vivienda y la Ley de Interés Preferencial en la economía y la sociedad panameña, Suárez afirmó que, “Si bien el gobierno invirtió $311 millones (entre 2020 y 2022) en ese bono, eso favoreció que hubiesen $2.700 millones en inversiones del sector privado, en casas de interés social”, aseguró.

A esto hay que sumarle la creación de 17.000 empleos, todos los años, durante ese periodo. “Si eso es así, vale la pena este incentivo a la inversión, porque es un subsidio al ciudadano, que trae un rédito para el país en materia de inversión del sector privado”, resaltó.

“Vale la pena analizar con cuidado lo que va a pasar con esta ley”, agregó.

El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alejandro Ferrer, dijo durante su acto de toma de posesión de la junta directiva de Capac 2025, que el bono solidario y la ley de intereses preferenciales han sido, en gran medida “responsables del crecimiento sostenido de esta industria [construcción] en décadas, particularmente de los proyectos de vivienda de mediano y bajo costo”.

Durante ese evento el 15 de enero de 2024, Ferrer catalogó como “preocupante” la “posición conservadora y restrictiva” tomada por el MEF, con relación a los dos incentivos antes mencionados.

Esto, a pesar de reconocer que la no renovación del Bono Solidario de Vivienda y la posible reestructuración de la ley de intereses preferenciales, “correspondía a la compleja realidad económica que atraviesa el país”.

“La entidad rectora propone modificar los rangos en el precio de las viviendas que se benefician con el régimen de intereses preferenciales, estableciendo un tope al precio de venta de las viviendas beneficiadas con este régimen. A la par de limitar el monto de la cartera y los créditos que reciban los bancos que participen en el programa de préstamos hipotecarios para la compra de viviendas con intereses preferenciales”, explicó en ese entonces.

Ferrer comentó que la posible reducción del tope de precio de las casas beneficiadas por el interés especial haría que “un número importante de proyectos habitacionales, estructurados en función de los incentivos vigentes, no serán viables”.

El presidente de la Capac comentó que había unos 75 proyectos habitacionales detenidos, dado que no se conocen los términos bajo los cuales se extenderá la ley, lo que se traduce en 5.400 empleos directos, en pausa y el doble de indirectos, sumados a cientos de viviendas no disponibles.

Al comparar las cifras de 2024 y 2023, se evidenció que hubo una reducción del 24 % en las viviendas disponibles.

“En nuestras consideraciones, la ley de intereses preferenciales no forma parte de los incentivos que producen sacrificios fiscales al erario nacional, ya que, como hemos señalado, impulsa la dinámica económica del sector construcción e inmobiliario, dinamiza las actividades conexas, contribuye a la solución del problema habitacional de miles de panameños y genera empleo en actividades calificadas dirigidas a profesionales, técnicos y trabajadores en general”, recalcó.

El déficit habitacional que tiene la nación es de más de 180.000 unidades de vivienda en distintos rangos de precios y que el 87 % de las viviendas que hay en el mercado local corresponde a casas que están siendo beneficiadas por esta legislación.

“En este momento, todas las personas de clase media trabajadora y profesional, que son las que normalmente compran en estos segmentos de precio, se verían impactadas, porque les sería muy difícil comprar un apartamento o una casa”, valoró Suárez.

“Ya quitaron el segmento de las casas que valían de $120.001 a $150.000, también el de $150.001 a $180.000. Lo mínimo que nosotros esperamos es que se mantengan hasta los $120.000”, expresó.