Ley de equiparaciones permanece congelada

PANAMÁ. El proyecto de ley que prescribe la equiparación de los contratos de concesión, addendas y similares de los que sea parte el Estado, fue puesto en el congelador luego que el pasado 6 de agosto fuera aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional de Diputados.

El proyecto permanece en el orden del día de la agenda legislativa, pero no se ha entrado a discutir un solo artículo. La razón, es que el gobierno optó por llegar a un acuerdo con los operadores portuarios, quienes desde un inicio rechazaron la propuesta del Ejecutivo de eliminar las equiparaciones e incrementar el costo del movimiento de los contenedores.

El proyecto fue aprobado luego de cinco sesiones de consultas efectuadas entre el 14 de julio y el 6 de agosto de 2009.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, José I. Blandón, al ser consultado por La Estrella en torno a la demora en la aprobación de este proyecto, dijo que las negociaciones entre el Ejecutivo y las empresas portuarias “en cualquier momento se cierran”.

Blandón señaló que se negocia una nueva addenda a los contratos, pero no dio mayores detalles.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rehusaron hablar del tema.

El sector portuario no fue incluido en el recién aprobado proyectos de ajustes fiscales, contrario a la Zona Libre de Colón, las aseguradoras, tabacaleras, los casinos y el sector inmobiliario. En la discusión en primer debate se modificaron 18 artículos y se eliminaron otros 16.

El gerente general de Manzanillo International Terminal (MIT), Carlos Urriola, dijo durante el período de consultas que la ley le resta competitividad a los puertos panameños.

“Se le está pegando al sector en un peor momento, cuando el movimiento de carga ha disminuido y las navieras están pidiendo rebajas a los puertos”, advirtió Urriola.

En el 2008, los puertos de Balboa y Cristóbal pagaron en impuestos 8 millones de dólares, MIT 11.5 millones de dólares y Colón Container Terminal (CCT), 4 millones de dólares. Pero sólo Panamá Ports en su contrato original con el Estado, se comprometía a un pago anual de 22 millones de dólares. Para el ex presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Tomás Ávila, “es positivo que el gobierno se haya sentado a negociar, porque no se deben tomar medidas extremas sin escuchar a los afectados”. Lo importante, señaló, “es que se le establezcan reglas claras a los inversionistas extranjeros y no se afecte a ninguna de las partes”.