Experto recomienda ampliar el Registro de Beneficiarios Finales

Para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, es importante que las autoridades y el sector privado de América Latina amplíen el acceso a los Registros de Beneficiarios Finales, afirmó Sergio Reyes, experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo a La Estrella de Panamá, durante su participación en el Congreso de Oficiales de Cumplimiento.

Usualmente, según Reyes, la prevención de estos delitos se basa en consultas en listas estáticas o fuentes publicadas por diferentes autoridades en el mundo, pero muy pocos esfuerzos se hacen por establecer los nexos, las relaciones o los vínculos de los clientes, proveedores, socios, empleados y todas las contrapartes dentro de las organizaciones anónimas.

“Mi interpretación es que las listas ya no son suficientes para prevenir el blanqueo de capitales y la corrupción. Hay que entender que todo lavador de activos necesita personas, empresas, y constituir una red para canalizar, trasladar, y ocultar el dinero ilegal.

Nosotros simplemente nos quedamos con la información que existe en una lista y asumimos que esa persona actúa y se comporta sola, no tomamos en cuenta dónde trabaja o con quién se relaciona; por supuesto que esto podría limitar mucho la lucha y la identificación de estas estructuras criminales”, dijo el experto.

Según Reyes, el llamado es para permitir que los oficiales de cumplimiento que ya tienen una formación y experiencia en manejo de información confidencial y reservada puedan tener acceso, tomando en cuenta que muchos de ellos enfrentan hoy el reto de verificar a los beneficiarios finales.

“Es un poco contradictorio que a estos oficiales de cumplimiento se les exija identificar quiénes están detrás de una empresa, pero es el Estado el que maneja la información, y no facilita la tarea y otros procesos”, criticó.

El experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo constató que su recomendación está muy alineada con las del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), quien ha estado promoviendo una apertura mundial de los registros de beneficiario final, claramente con un manejo de confidencialidad de información y una serie de compromisos que el sector privado debe asumir y respetar.

El organismo internacional publicó una nueva guía para facilitar la identificación de beneficiarios finales. Desde el Gafi manifiestan que serían varias las ventajas de abrir los registros de beneficiarios finales –o al menos una parte de ellos– a la sociedad civil y los sujetos obligados, reportó el portal web Infolat.

En primer lugar, la guía sostiene que al consultar los registros los particulares podrían ayudar a garantizar que la información sea “precisa, adecuada y actualizada”. Además, este acceso ayudaría a “identificar el posible uso indebido de personas jurídicas (por ejemplo, en evasión fiscal, fraude o esquemas de corrupción)”. Concretamente, la guía pide a los países “considerar facilitar el acceso oportuno de las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas” a un conjunto de información relevante.

Entre otros, se sugiere la apertura a los registros de accionistas que contengan sus nombres, el número de acciones que poseen y las categorías de esas acciones.

Asimismo, permitir la consulta de datos de beneficiarios finales que reposen en uno o más registros, o a través de un mecanismo alternativo.

Finalmente, el Gafi señala que el acceso gratuito por parte de las autoridades competentes y públicas a nivel nacional, en el curso de la contratación pública, “sería una buena práctica”.

Mientras que para los demás actores y si los países prevén establecer costos asociados a las consultas, es decir, que “la estructura de tarifas sea proporcional o no supere los costos administrativos de hacer que la información esté disponible”, informó Infolat.

Entre los países de la región que han dado apertura a su registro de beneficiario final, se encuentra Ecuador, que ahora permite que cualquier particular pueda ingresar y hacer una verificación. Colombia, por su parte, lo que ha hecho es que las personas expuestas políticamente tengan que declarar en un sistema de información, quiénes son sus familiares y allegados, explicó el experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Para Reyes, sería relevante que Panamá haga una apertura de su Registro Único de Beneficiario Final (RUBF) para que a las autoridades y a las empresas del sector privado les sirva como insumo o material para fortalecer los sistemas, ya que actualmente la administración la hace de manera cerrada la Superintendencia de Sujetos no Financiero y con consultas solo para las autoridades competentes.

De manera que espera que esa tendencia se posicione en la región y así como Ecuador, otros países como Panamá, Colombia y México decidan tomar la misma ruta. “Es un primer paso, pero claramente como sector privado tenemos que hacer nuestros propios análisis para no fortalecer estos ilícitos. Para las personas expuestas políticamente también sería muy importante que los Estados, para el caso concreto de Panamá, cuenten o emitan una lista que también abarque a los allegados o familiares”, manifestó Reyes.

Sin embargo, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa) es fiel creyente que el RUBF debe seguir bajo el esquema ya planteado por el Estado, es decir, que sea una fuente de información cerrada solo para uso de la Superintendencia de Sujetos no Financieros y las autoridades competentes.

Además, constató que algunos gremios del sector de abogados se sintieron seguros al tener la garantía del Estado de que la información sería resguardada y custodiada por la Superintendencia.

Gabriel Quintero, presidente de Asocupa, expresó que “todavía sería prematuro tomar una conclusión determinante sobre la posible apertura del RUBF”, teniendo en cuenta que es una herramienta que maneja mucha información.

Quintero recordó que cada sujeto obligado tiene el deber de identificar al beneficiario final, como dicta la Ley 23 de 2015 en sus artículos 27 y 28, que hablan de la debida diligencia a los sujetos obligados financieros y no financieros.

Defendió que hasta el momento se ha cumplido con más del 80% del ingreso de información del RUBF, “gracias al trabajo de los agentes residentes y el sector de los abogados, que han hecho los esfuerzos necesarios para cumplir con el sistema y no se ha quejado sobre el esquema que existe”.