Capac aboga por la ley de intereses preferenciales

La posible reestructuración del tope a la baja de la ley de intereses preferenciales, que en diciembre de 2025 vence, viene preocupando a la directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) que por segundo año consecutivo será presidida por Alejandro Ferrer.

Durante la toma de posesión, Ferrer dijo que le preocupa la posición conservadora y restrictiva asumida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con relación a los incentivos, donde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) busca modificar el rango.

“En este caso, la entidad rectora [Miviot] propone modificar los rangos en el precio de las viviendas que se benefician con el régimen de intereses preferenciales, estableciendo un tope al precio de venta de las viviendas beneficiadas con este régimen y limitar el monto de la cartera y los créditos que reciban los bancos que participen en el programa de préstamos hipotecarios para la compra de viviendas con intereses preferenciales”, dijo.

Y por si fuera poco, citó las ideas del ministro del MEF, Felipe Chapman, sobre “modificar y eliminar incentivos no productivos que representan grandes sacrificios fiscales”.

A juicio de Ferrer, “la ley de intereses preferenciales no forma parte de los incentivos que producen sacrificios fiscales al erario nacional, ya que impulsa la dinámica económica del sector construcción e inmobiliario, anima las actividades conexas, contribuye a la solución del problema habitacional de miles de panameños y genera empleo en actividades calificadas dirigidas a profesionales, técnicos y trabajadores en general”.

Para el empresario, la idea de realizar una reducción en tope o límite de $120.000 a $100.000 provocará que varios proyectos habitacionales no sean viables.

“Hay 75 proyectos detenidos que no han comenzado hasta no conocer los términos bajo los cuales se extenderá la ley de intereses preferenciales. Además, estos proyectos detenidos representan 5.400 empleos directos y el doble de indirectos, según el comportamiento de nuestra industria, sumado a cientos de viviendas no disponibles para el principal beneficiario de esta ley: los compradores”, comentó.

Ferrer, quien expresó que en sus reuniones con funcionarios del MEF ha reiterado la propuesta para que los beneficios de la ley preferencial alcancen a viviendas cuyo costo o precio de venta alcance los $120.000.

También hizo referencia a que en un año, entre 2023 y 2024, se registró una reducción del 24 % en unidades de vivienda, y que cuando se compara el tiempo, las estadísticas de consumo de los principales insumos para uso de la construcción, observamos con preocupación que, por ejemplo, en el caso del cemento, las cifras reflejan números similares a los que presentaba la industria finalizando 2020, cuando se levantaban las restricciones de la pandemia.

Otra materia prima del sector es el concreto, que ha experimentado una reducción del 16 % comparado 2023 con 2024.

Mencionó asimismo las otras dificultades que vienen impactando al sector de la construcción desde la toma de decisiones del Gobierno, como la “no renovación de incentivos, caso del bono solidario de vivienda, que son incentivos que en gran medida han sido responsables del crecimiento sostenido de esta industria en décadas, particularmente de los proyectos de vivienda de mediano y bajo costo”.