Salario mínimo, un llamado a la realidad nacional

Con cierta periodicidad, el 90% de los países pertenecientes a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) practican la sugerida revisión y ajustes a sus salarios mínimos.

El resultado generalmente desencadena en variaciones al incremento de la remuneración; sin embargo, al reporte de cada ajuste las inconformidades por parte de la fuerza laboral se intensifican, señalándose que el dinero percibido es insuficiente para la satisfacción de las necesidades básicas del participante de la economía formal y su familia.

El salario mínimo es un tema que genera polémica en el ámbito internacional, dando lugar a diversas concepciones desde la perspectiva de la fuerza laboral, sector privado y administración de estado, cada grupo en busca de salvaguardar intereses.

Y a pesar de que los países desarrollados no escapan de la controversia, en las economías en desarrollo de América Latina (AL), donde los índices de desigualdad son relativamente más altos que en el resto del mundo, el tema se torna más sensitivo. Como ejemplo de ello, en Chile las protestas a mediados del 2019 conllevaron a la aplicación de ajustes que respondan a las necesidades.

Por otro lado, países de la región con las remuneraciones más bajas, México y Venezuela, también aplicaron sus ajustes a razones de periodicidad y necesidad, respectivamente.

Las expresiones de inconformidad no escapan del ámbito nacional. Recientemente en Panamá se realizó la revisión y ajuste de remuneración mínima con la periodicidad de dos años, según dictan los lineamientos.

El día 31 diciembre de 2019, mediante Decreto Ejecutivo No. 424, se fijan los incrementos de la remuneración mínima que oscilan en el rango del 1% - 3.3% según actividad económica. Los ajustes son menores al rango de 4.5% - 6.5% que se fijaron en la última revisión al 26 de diciembre de 2017.

¿Son conservadores estos ajustes? Frente a la realidad que se atraviesa en el contexto nacional, así como los intereses a materializar el crecimiento económico mediante los planes de reactivación económica, se deduce que los factores económicos y los hechos suscitados en materia política y social han sido considerados. Una inclusión del contexto nacional que es cónsona con el llamado enfoque equilibrado que debe de practicarse a la hora de la fijación y ajuste de los niveles de salario mínimo, según las políticas de materia de remuneración mínima que publica la OIT.

Políticas que hacen énfasis en adoptar tanto las necesidades de los trabajadores y sus familias y, por otra, los factores económicos. De lo contrario, no se lograría una equidad con respecto al sector empresarial privado, que asegura la estabilidad del ingreso de un porcentaje significativo del mercado laboral.

A partir de esta realidad, se torna imperativo aclarar que el enfoque a la determinación del salario mínimo no debe verse limitado a lo que se consideraría una cuantía mínima a la remuneración indebida, sino a una cuantía que promueva la actividad económica.

El trabajador no puede ser considerado de forma aislada. El sector empresarial también debe ser incluido en el análisis y evaluar los impactos que los ajustes podrían tener en el desenvolvimiento y sostenibilidad de sus operaciones. Al final, la productividad es lo que generará la prosperidad que permita ajustes cónsonos a resultados positivos.

A manera de aclaración, si los ajustes son demasiado bajos se podría estar afectando los objetivos de protección y superación de la fuerza de la economía formal.

Mientras que ajustes agresivos, que convienen al trabajador, podrían someter al sector privado a costos laborales más elevados que desencadenarían en otra serie de acciones como la reducción de costos operativos —reducción de personal— o incluso el traspaso de los costos al consumidor mediante precios más elevados en los bienes y servicios.

Aclarar el objetivo y de qué manera se establece, revisa y ajusta el salario mínimo es trascendental para evitar caer en una discusión incesante sobre cuál es el correcto salario de equilibrio que permita a una persona cubrir sus gastos esenciales, se disminuya los niveles de pobreza y las firmas acepten las políticas laborales sin tener que recurrir a recortes de personal, recorte de horas laborales o al alza excesiva de precios al consumidor.

Por otro lado, se deben buscar alternativas a disminuir la inconformidad que existe por parte de los receptores del salario. Entre estas se cita continuamente la necesidad de que las administraciones de estado promuevan el incremento del nivel adquisitivo mediante la mejora del sistema educativo para que la sociedad esté apta a ocupar plazas de trabajo decentes que otorguen la oportunidad de llevar a cabo actividades más productivas y de calidad que se traducen en remuneraciones más acordes a los niveles de vida.

La teoría económica del salario eficiente corrobora que las habilidades y conocimientos son factores que inciden en la capacidad de una persona para percibir un salario por encima del salario mínimo. Dicha teoría afirma que la remuneración por arriba del salario mínimo incrementa productividad del personal, por lo cual una empresa debería percibir un ingreso mayor que le otorgaría la capacidad para cubrir el incremento de gastos en concepto de salario.

A pesar de las discrepancias que se generen de las acciones tomadas con respecto a los porcentajes de incremento de remuneración mínima, se debe reconocer que en el ámbito local se mantienen lineamientos que están acordes a políticas globales en materia del salario mínimo.

Se aplican revisiones cada dos años, lo cual es una periodicidad prudente para evitar ajustes agresivos que no sean acordes a la realidad país, y que al mismo tiempo reconocen la necesidad de la sociedad de mantener un nivel adquisitivo considerable a los costos de vida. Lo esencial es que las medidas conservadoras sean el punto de partida para la creación de un sistema económico más próspero.