Lecciones sobre seguridad social, seguros sociales e individuales

Es lugar común afirmar que debe salvarse la seguridad social, entendiéndose que salvar la CSS es lo mismo que salvar a la seguridad social panameña.

Procuraremos aportar a la comprensión de estos conceptos indicados en el título de este artículo, en sus realidades actuales, lo que debe permitir interpretar mejor las propuestas que están en el debate público y en la Asamblea de Diputados, sobre la ley de la CSS.

La “seguridad social”, nos remite a un conjunto articulado de acciones públicas, destinadas a proteger a la población de un país de los desafíos que menoscaban el desarrollo humano personal o familiar.

Estas amenazas pueden provenir de la falta de ingresos por quedarse desempleado el o la jefa del hogar. O también por razón de que dichos proveedores económicos familiares ya no pueden sostenerla por su condición de edad avanzada, enfermedad, muerte o por algún tipo de discriminación, o simplemente porque la canasta básica familiar es muy onerosa.

Frente a los tipos de amenazas antes mencionados, las acciones de “seguridad social” intervienen sobre sus causas y no únicamente sobre sus efectos.

Por ejemplo, impidiendo otorgar servicios públicos de educación, salud y otros básicos “jerarquizados” (privilegios discriminadores), garantizando formación profesional para obtención de empleos dignos, etc.

Todas estas, orientadas a evitar la ocurrencia de desastres económico-familiares y no solamente a otorgar un subsidio monetario que eventualmente conduce a déficits públicos, por insostenibles a largo plazo.

La “seguridad social” se financia de los ingresos del Estado, de aquí, los subsidios a productores y consumidores del tanque de gas o a gente en extrema pobreza a través del programa “Red de oportunidades”; también, de contribuciones directas de la población beneficiada, por ejemplo: el seguro educativo para la formación laboral y académica. Estos últimos denominados “sistemas contributivos” y los primeros llamados “sistemas no contributivos”.

Los “seguros sociales” por su parte, solo entran en la categoría de sistemas contributivos porque quienes se benefician pagan una parte para ello. En su versión convencional llamada “modelo Bismarck” o “solidario”, su sostenibilidad está estructurada sobre tres columnas: sus “cotizaciones” (obrero-patronales) que permiten apoyos de una generación a otra; el “aporte del Estado” (dado su carácter público), y las “inversiones propias”, que permiten una capitalización colectiva para toda la población beneficiaria.

Esta modalidad de protección social tiende a cubrir las secuelas de las amenazas que impiden satisfacer la generación de ingresos (vejez, enfermedad, incapacidad temporal por embarazos, etc.), pero no actúan sobre las causas o sobre mecanismos que evitan dichos efectos.

Así, en nuestro país, no evita la “discriminación de clase social” en la que 52.7 % de la población trabajadora (informales, autónomos, campesinos) estaba excluida de sus beneficios hasta el año pasado.

Ni evita la “jerarquización racializada” (según etnias), donde aproximadamente la mitad de la población trabajadora afrodescendiente y la cuarta parte de las etnias indígenas tenían acceso a estos servicios.

El resto de estas agrupaciones no tiene acceso, lo que evidencia que el principio de “universalidad” propio de toda seguridad social no se alcanza en los seguros sociales (ver Gráfica 1). Los seguros sociales, tampoco intervienen sobre las determinaciones sociales que provocan enfermedades.

La “CSS”, por tanto, es un ejemplo típico de “seguro social”, que inició su desfiguración como tal desde que en 1982 los agentes del capital financiero, en complicidad con gremios docentes y médicos de la época, cercenaron la posibilidad de que esta institución desarrollara inversiones directas en actividades del desarrollo nacional para generar empleos... primera columna de sostenibilidad vulnerada.

Con la ley de 2005, se le asestó el golpe a la segunda columna, eliminando la cotización de solidaridad intergeneracional. Igualmente, desde esa época los compromisos de aportes del Estado, establecido incluso en esta misma ley, se incumplieron... tercera columna vulnerada.

¿El resultado? Una institución debilitada financieramente, que propicia para los intereses mercantiles, el momento de su conversión en seguros individuales privados.

Los “seguros individuales”, se financian con los aportes de cada asegurado por separado, pero difieren de los seguros sociales en cuanto a que no cuentan con los otros componentes de sostenibilidad que estos poseen —los aportes del Estado y las inversiones propias para capitalización colectiva neta para los beneficiarios—, de manera que su beneficio estará en relación exclusiva a su aportación personal y a una porción de los rendimientos de las inversiones hechas con sus propios aportes.

Al fin y al cabo, estos seguros resultan de relaciones mercantilizadas para la obtención privada de ganancias de sus operadores y propietarios particulares, por lo tanto, siempre habrá un descuento de lo que aporta (ahorra) el asegurado/a para beneficio de aquellos/as.

Los mecanismos de funcionamiento de los seguros sociales forman parte de los mecanismos de funcionamiento de la sociedad con relaciones mercantilizadas donde los agentes del capital buscan el máximo de ganancia posible.

Procurar mantener a la CSS operando en el modelo Bismarck de seguros sociales —como lo demandan las organizaciones sindicales y profesionales docentes y de salud—, específicamente en el seguro de pensiones, obliga a intervenir sobre áreas económicas, para captar recursos que enfrente sus déficits, es decir, a hacer algo de lo que enseña a hacer la seguridad social, que interviene sobre causas, no sobre los efectos.

Ergo, esta necesidad de intervenir sobre aspectos tributarios, estructuras oligopólicas, fuentes de ingresos, etc., nos anuncia la necesidad de transitar del modo seguro social a un sistema total y diverso de seguridad Social, en donde las pensiones de la CSS pueden existir, si no se desnaturalizan sus tres columnas de sostenibilidad, por ejemplo: si no se entregan sus fondos de inversiones propias al sector privado; más bien, se los dedicaría al fomento del desarrollo nacional —infraestructuras de turismo interno, tren Panamá-Frontera— que generen empleos dignos, que a su vez fundamentan montos de pensiones social y económicamente decorosas. Este imaginario parece estar en el sustrato de poquísimas propuestas expuestas en los debates recientes.

El tercer tipo de propuestas, el del sector financiero privado, en la práctica aspira a convertir a los seguros sociales en “seguros privados”, que para efectos de pensiones de vejez le denomina “cuentas individuales”.

Frente a esto, lo pertinente es que sean de carácter voluntario, como complemento a los de la CSS, más no como alternativas a estos. Resuelve lo financiero, pero solamente de este sector económico, más no del conjunto de las clases sociales del país.

La “seguridad social” como tal, no está en el debate actual; queda como proyecto histórico-social de quienes buscamos el “bien común”. Los seguros sociales de la CSS no estiran para mucho tiempo más; deberán dar paso a un sistema “pluriversal” (unitario y diverso a la vez, como diría Enrique Dussel) de “Seguridad Social” que los articule y dinamice.

El autor es sociólogo y planificador de seguridad social. Docente e investigador de la Universidad de Panamá.