La especial atención al consumidor jubilado

Como si nuestra distante relación con el cliente no fuera suficiente, sobresale otra falencia entre las tantas demostraciones de incultura en el servicio y la cordialidad, que en materia de prioridad en la atención debiera ofrecerse a los panameños o extranjeros residentes en el territorio nacional, que tengan 55 años o más, si son mujeres, y 60 años o más, si son hombres. Hablo específicamente de la Ley 6 de 1987 y sus reglamentaciones, las cuales se encuentran muy reguladas en cuanto a los derechos de los jubilados, tercera edad y pensionados, pero lamentablemente solo para quienes, por su condición, reciben prioridad en la atención pública y privada solo en las empresas que presten servicios públicos, según lo que egoístamente declara el artículo 2 de esta ley.

La Ley 6 encerró la exclusiva obligación de atención prioritaria con filas y cajas especiales para jubilados, pensionados y tercera edad, solo para estos entes específicos de la economía panameña. Está claro que la mayoría de estas personas proviene de la empresa privada, sin embargo, no son parte de la obligación que establece este artículo.

Es justo e importante reconocer que una gran cantidad de empresas empáticas tienen adoptadas estas medidas de prioridad en la atención, para que sus consumidores de estas edades se sientan atendidos de manera especial, aunque no están en la obligación de hacerlo, porque quienes crearon esa ley en 1987, no tomaron en cuenta a todos nuestros viejitos para que siempre fueran atendidos con prioridad.

Ha habido muchas reglamentaciones hechas en pos de los derechos del jubilado, pensionado y tercera edad, pero esos beneficios están concentrados en descuentos y derechos, mas no en la atención especial de la que deben gozar estas personas, que por tantos años con esfuerzo laboraron o realizaron trabajos para formar el Panamá que hoy tenemos.

No olviden los diputados que todos tienen un abuelo o unos padres, y que también ellos van en ese camino. Les recuerdo, especialmente a aquellas empresas que con orgullo dicen no tener ningún tipo de prioridad en su atención con estas personas, y se defienden apuntando que siguen al pie de la letra lo que establece la ley en referencia a la atención de quienes ostentan estas edades y sus condiciones.

Apelo a que todas las asociaciones de jubilados de Panamá unan sus voces para hacer que en los anteproyectos de ley, que hoy esperan continuar con el protocolo para su aprobación en la Asamblea Nacional, incluyan esta parte del trato especial a todos, en todos los ámbitos de la economía, como la que presentó muy atinadamente el despacho de la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, para lograr beneficios adicionales.

Si hay alguno de estos anteproyectos en los que aún se les puede añadir esta atención privilegiada a los jubilados y pensionados de Panamá, pero en todas las empresas privadas, este es el momento histórico porque desde 1987 nadie ha pensado que en las esferas de la economía, nuestros miembros de la tercera edad han merecido y merecen respeto a través de este tipo de atención y no solamente de descuentos y otras preferencias.

Ir en contra de este derecho inalienable es no tener consideración ni tolerancia suficiente con una agrupación de personas indefensas que reclama justo y cordial trato. Necesitamos que los gremios de comercio de Panamá también accedan y se unan para reconocer a nuestra generación de panameños que nacieron llenos de valores, esperanzas y de igualdad en el trato, y nos las transfirieron, y no antepongan condiciones que no estén relacionadas con el trato humano y digno.