¿A quiénes no llega el desarrollo humano en Panamá?

Regionalmente, Panamá destaca por tener un desarrollo significativo en las últimas décadas. La disminución de las tasas de pobreza, así como las del poco acceso a servicios esenciales, y la reducción de la desigualdad económica son algunos de los logros nacionales.

Según el último informe sobre ‘Desarrollo humano mundial’, lanzado en 2022, Panamá es uno de los países con más alto desarrollo humano posicionándose en el lugar 61 en la clasificación internacional del índice de desarrollo humano (IDH).

Además, el país ha experimentado un alto crecimiento económico en los últimos 10 años. Antes de la pandemia por SARS-CoV-2 el producto interno bruto de Panamá tuvo un crecimiento de 6%, mientras que para el resto de América Latina y el Caribe fue del 1%.

En 2022, la economía nacional de Panamá tuvo un crecimiento del 10,88% en el PIB, el cual se dio a través de diferentes sectores como el de construcción (18,5%); el comercio al por mayor y al por menor, así como la reparación de vehículos a motor y motocicletas (16,3%); el transporte, almacenamiento y correo (13,7%); hoteles y restaurantes (36,2%) y actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (47,4%), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (Inec).

Sin embargo, de acuerdo con el último ‘Informe nacional de desarrollo humano en Panamá 2024’, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y publicado este mes, estos avances en cuanto a las disparidades socioeconómicas que existen en el país no necesariamente significan un progreso en relación a los indicadores de nivel de vida y oportunidades para la población panameña.

Según el informe de esta organización, las desigualdades socioeconómicas en la población panameña seguirán persistiendo debido a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, el estado de derecho y la calidad regulatoria del mismo, a pesar del “notable progreso económico”.

Aunque Panamá se encuentra en un camino estable hacia un mayor nivel de desarrollo humano, todavía existen desigualdades relacionadas con el género, la etnia, ingresos monetarios del hogar y la región que habitan los individuos, que todavía no se logran superar.

“Las disparidades regionales muestran brechas entre comarcas y provincias, que asemejan las diferencias que existen entre un país de Europa occidental (Panamá) y un país en África subsahariana (Ngábe Buglé)”, de esta manera lo ejemplifica el reporte del Pnud.

Por otro lado, la brecha entre las áreas urbanas y rurales es distintiva. Solo un 66% de personas que habitan áreas rurales tiene acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, aunque el acceso a estos haya aumentado en el país. En las áreas urbanas de Panamá se goza de un 95% de cobertura de servicios básicos.

Estas diferencias se notan en el análisis de provincias y comarcas, mientras que Panamá, Los Santos y Herrera tienen una frecuencia de agua diaria en un 84%, tres de las comarcas indígenas de Panamá cuentan solo con un 26% en promedio.

Además, solo el 63% de las personas del país tiene acceso a alcantarillado, dato que también presenta diferencias según la ubicación; en las áreas urbanas existe un 75% de cobertura de este servicio, pero en las áreas rurales es un 25% menos.

En Panamá también existe una desigualdad en el trato a las mujeres en diferentes ámbitos de su vida, desde la integridad física hasta lo relacionado a la participación política y laboral. En algunos casos, son las propias leyes o instituciones las que perpetúan este tipo de comportamientos, los cuales limitan el espacio de libertad por cuestiones de género.

Cifras del Pnud destacan que actualmente en Panamá solo un 22,5% de los escaños legislativos es ocupado por mujeres, cifra que se reduce en los corregimientos a un 10,3%, mientras que en los cargos designados, solo un 31,5% de carteras ejecutivas es dirigido por mujeres.

Y aunque en las últimas décadas las personas mayores de 15 años tienen más entrada en el mercado laboral en el país –en esto el país es líder en la región–, la participación femenina en la fuerza laboral ha disminuido en este mismo tiempo.

Esto también produce que haya una desigualdad derivada del género entre las personas aseguradas. De acuerdo con datos del Inec, un 61% de las personas cotizantes activas en la Caja de Seguro Social (CSS) es hombres, mientras que las mujeres solo alcanzan el 39%.

Las diferencias de acceso a educación y salud en la infancia siguen siendo una de las mayores desigualdades que enfrenta Panamá.

En cuanto a la educación, en los últimos resultados de la encuesta PISA se registró que un 42% de los estudiantes panameños solo alcanza el nivel 2 o superior en lectura. Esto quiere decir que no existe la comprensión de ideas básicas, encontrar información específica o reflexión sobre textos medianamente complejos.

Esta misma encuesta encontró una brecha importante entre las habilidades matemáticas de estudiantes con el nivel socioeconómico más alto y el más bajo, pero en general los resultados de los niños y adolescentes de familias con bajos ingresos económicos no llegaron ni siquiera a los resultados de países como Vietnam y Turquía.

El informe del Pnud cree que esto se debe al acceso a la educación durante la pandemia, pues mientras tres cuartos de los estudiantes de escuelas privadas tuvo acceso a clases en línea, solo la mitad de niños en escuelas públicas tuvo esa opción.

En el ámbito de salud se muestra progreso. La mortalidad en niños menores a los cinco años por cada 1.000 nacimientos vivos disminuyó de 15,4 a 13,9 en 2021, mientras que el porcentaje de nacimientos asistidos por médicos es del 95%. A pesar de esto, el acceso a servicios de salud después del nacimiento se ve limitado en los estratos socioeconómicos más bajos y en clases sociales vulnerables.

Además, el embarazo adolescente sigue siendo un tema de gran preocupación entre la población panameña, pues estos representan un 26% de los embarazos en el istmo y es una de las principales causas de muertes en jóvenes adolescentes, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los embarazos a temprana edad también aumentan los riesgos de infección de transmisión sexual y acarrean consecuencias socioeconómicas a largo plazo, tanto para los adolescentes como para sus hijos.