Trabajadores del Suntracs son liberados; juez impuso medida cautelar de firma periódica

Con medidas cautelares de reportes periódicos e impedimento de salida de las provincias donde residen, así quedaron los 83 trabajadores de la construcción que fueron imputados tras las protestas del pasado 12 de febrero, en el que hubo enfrentamientos con la Policía Nacional.

La jueza Luzmila Jaramillo ordenó que los obreros deben notificarse cada 15 días, además no pueden salir de las provincias donde viven: Colón, Panamá Oeste y Panamá.

“Después de días de lucha, resistencia y solidaridad, nuestros compañeros han sido liberados. La organización y la presión popular han demostrado, una vez más, que la justicia está del lado del pueblo. Nunca debieron estar detenidos. Protestar no es un crimen, es un derecho. Esta victoria es del movimiento social, de sus familias y de todos los que jamás dejaron de exigir su libertad”, manifestó el Suntracs en su cuenta de “X” pocos minutos después de conocerse la decisión de la jueza.

La Fiscalía habría pedido detención preventiva para los trabajadores y solicitado la imputación de cinco cargos, incluyendo delitos contra los servidores públicos, contra la seguridad colectiva y contra la vida e integridad personal (lesiones personales).

Los obreros argumentan que los enfrentamientos fueron provocados por la fuerza pública, en momentos que los trabajadores ya había terminado el cierre y volanteo en la Avenida Balboa. Además, denuncian que durante la detención de cerca de 500 personas, a muchos de los detenidos no se les respetaron sus garantías fundamentales. En una situación atípica, la audiencia, que tuvo lugar en el Centro de Formación y Recreación de la CSS por la cantidad de detenidos (82 hombres y 1 mujer), se mencionó sobre afectaciones a unidades de la policía y daños a vehículos de la institución.

Tras los hechos del 12 de febrero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó de “terroristas sindicales” al Suntracs y poco después se conoció del cierre de las cuentas que tiene el sindicato en el Banco Nacional.

Los trabajadores denuncian que es una campaña contra el sindicato por “razones políticas” y que viola la libertad sindical, argumento que han elevado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).