TE inicia reubicación de electores condenados por cambios de residencia

En medio de las investigaciones por las irregularidades en el padrón electoral en el corregimiento de San Felipe, el Tribunal Electoral (TE) ha realizado hasta el momento 44 reubicaciones de centros de votación a panameños que declararon de manera dolosa residir en un corregimiento diferente al de su residencia.

El artículo 4 del Código Electoral establece que por residencia electoral del elector se entenderá el lugar donde el elector vive habitualmente.

El artículo 106 de la norma señala que todo ciudadano inscrito en el registro electoral deberá declarar oportunamente y bajo la gravedad de juramento su cambio de residencia de un corregimiento a otro.

Recientemente, el Juzgado Electoral condenó a seis personas por cambio doloso de residencia en el caso conocido como San Felipe. De los seis, cinco fueron reubicados en el padrón electoral de los corregimientos Vacamonte y Arraiján cabecera, en el distrito de Arraiján, y en los corregimientos Ernesto Córdoba Campos y Santa Ana, distrito capital.

Los cambios dolosos no solamente se han dado en San Felipe. El TE ha recibido sentencias de juzgados de garantías penales electorales de ciudadanos del corregimiento Chepillo, en el distrito de Chepo, en el distrito de Atalaya, Veraguas, y en Tonosí y El Bebedero, en la provincia de Los Santos.

Como consecuencia del delito electoral, el ciudadano sancionado debe ser excluido del corregimiento del lugar de residencia declarado dolosamente e incluido en el padrón electoral del corregimiento donde realmente reside. El último día para realizar las exclusiones del padrón electoral es el próximo 31 de diciembre de 2023.

Las investigaciones por las irregularidades en el padrón electoral preliminar se iniciaron en septiembre de 2023, cuando la Fiscalía General Electoral (FE) recibió denuncias de que el padrón electoral del corregimiento de San Felipe, en la ciudad de Panamá, no coincidía con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023.

El padrón electoral preliminar, publicado en enero, precisa que 3.900 residentes de San Felipe están habilitados para votar, pero el Censo de Población y Vivienda de 2023 determinó que en el corregimiento habitan 692 personas mayores de edad, es decir con derecho a ejercer el sufragio. Esta discrepancia generó sospechas de que se está produciendo un trasiego de votantes, es decir, que personas que no residían en San Felipe permanecían con residencia electoral en la zona.

La FE inició una investigación de oficio y al final se presentaron las carpetillas en los juzgados electorales que concluyó con la condena a las seis personas y otras aún están en proceso.

El corregimiento de San Felipe ha experimentado en los últimos años una serie de cambios demográficos significativos, impulsados en gran parte por el desarrollo inmobiliario.

Estos cambios poblacionales a menudo plantean desafíos para las investigaciones penales electorales, ya que en muchos casos las normativas y la jurisprudencia emitida por el TE han sido claras al afirmar que la omisión de actualizar la residencia electoral no constituye una conducta punible.

De acuerdo con la norma electoral, el cambio doloso de residencia es sancionado con $100 y hasta $1.000 días multas y la pena se duplica para quienes hayan instigado la comisión del delito.

En los últimos 20 años, según cifras del TE, 2.786 personas han sido condenadas por cambio de residencia y han pagado multas por un total de $170.349.

Estos cambios generalmente ocurren en corregimientos pequeños, donde el traslado de unos pocos votantes puede marcar la diferencia en los resultados. Hasta la fecha, en Panamá existen 589 corregimientos, de los 701 que hay, que tienen menos de 5.000 electores.

Los cambios dolosos de residencia afectan la elección para las autoridades locales.

El TE puso en conocimiento de las autoridades presuntas irregularidades detectadas en la emisión de una cédula en la provincia de Colón.

La institución se percató de las anomalías y puso en alerta a las autoridades correspondientes de los hechos. Se conoció que este jueves 14 de diciembre se ha procedido a detener a tres funcionarias del TE de la provincia de Colón para ser investigadas.

El TE no permite ni permitirá que sus colaboradores actúen al margen de la ley y se pone a disposición de las autoridades para colaborar en las investigaciones que se lleven a cabo, garantizando el debido proceso, con el fin de que se esclarezcan estos hechos.