Irregularidades en el padrón electoral alcanzaría un segundo corregimiento

Actualizado
  • 30/09/2023 00:00
Creado
  • 30/09/2023 00:00
La Fiscalía Electoral al mismo tiempo que investiga las irregularidades en el padrón electoral del corregimiento de San Felipe, recibe otra similar en Gobea, distrito de Donoso, Colón
El equipo de la fiscalía durante un recorrido en por San Felipe.

A medida que la Fiscalía Electoral continúa sus investigaciones sobre las discrepancias en el padrón electoral del corregimiento de San Felipe, se ha presentado una segunda denuncia similar que involucra al corregimiento de Gobea en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

La fiscalía debe seguir el procedimiento habitual al recibir una denuncia y analizar si llevará a cabo inspecciones similares a las realizadas en el corregimiento de San Felipe.

Ayer, la fiscalía hizo una segunda inspección en el corregimiento de San Felipe, para detectar a las personas que no viven en el lugar como parte de las investigaciones que adelanta.

En las dos inspecciones se han detectado más 500 irregularidades, entre ellas, personas que no residen en el área, pero que aparecen en el padrón electoral.

“Hemos encontrado personas que no residen en el área y vamos a iniciar los trámites judiciales para solicitar la sanción correspondiente”, dijo Juan Pérez, asesor de la Fiscalía Electoral durante la inspección.

Las personas que sean encontradas culpables de irregularidades electorales podrían ser investigadas por cambio doloso y declarar falsamente ante el Tribunal Electoral (TE). Esto podría significar una sanción de multa o prisión.

El cambio doloso de residencia está tipificado como delito contra la honradez del sufragio en el artículo 527 del Código Electoral y es sancionado con multas que van desde 100 hasta 1.000 días, duplicándose la pena para quienes hayan instigado la comisión del delito.

El objetivo de las inspecciones es depurar el padrón electoral para garantizar que las elecciones sean justas y transparentes.

La inspección se dirige específicamente a individuos que en un lapso tan breve, como los últimos tres años, han decidido modificar su residencia, lo que plantea interrogantes sobre la autenticidad y la integridad de su registro electoral en un período crucial previo a las elecciones.

En las inspecciones se han evidenciado que algunas personas declararon vivir en San Felipe, sin embargo, las direcciones descriptas son terrenos baldíos.

Octavio Del Moral, de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, y Daniel Lombana, residente del corregimiento, alertaron de las inconsistencias entre el padrón electoral y la cifra de mayores de edad que aparecen en el censo de población de 2023.

El cambio doloso de residencia es uno de los delitos electorales más comunes en materia electoral en el país.

En los últimos 20 años, según cifras del TE, 2.786 personas han sido condenadas por cambio de residencia y han pagado multas por un total de $170.349,50.

Estos cambios suelen ocurrir en corregimientos pequeños, donde el traslado de unos pocos votantes puede marcar la diferencia en los resultados. De los 701 corregimientos que existen en el país, 589 tienen menos de 5.000 electores.

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