Presidente arremete contra la ‘mafia de los medicamentos’

Medicinas más baratas. En su primer mensaje a la nación de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino, arremetió contra la industria farmacéutica y prometió tomar medidas para abaratar los costos a los consumidores.

“Vamos a acabar con la mafia de las medicinas en la Dirección de Farmacias y Drogas. Se acabó. Y pelearé para que así sea”, manifestó el mandatario durante su discurso este 2 de enero en la Asamblea Nacional. “Le he pedido al ministro de Salud, Fernando Boyd, que en el transcurso de este mes ponga a disposición de las farmacias las 20 medicinas más utilizadas con un descuento importante”, detalló el presidente.

El ministro de Salud adelantó que durante las próximas dos semanas trabajarán en la implementación para que quienes compren en farmacias privadas puedan hacerlo a menor costo. “Ya existe una regulación de parte del MICI en cuanto al tope de precios en ciertos medicamentos, estamos revisando y ampliando la cobertura de ese techo del costo de medicamentos. Vamos logrando que se pueda producir un mejor precio para medicamentos específicos que estamos ubicando en 20 renglones que son los que mayoritariamente necesita el pueblo panameño. Entre esos están medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, etc...”, apuntó Boyd.

El alto precio de los medicamentos no es un secreto. La insulina glargina, por ejemplo, se vende en alrededor de 38 dólares en Panamá, mientras que en el vecino país de Colombia se consigue a poco más de 6 dólares, según cifras oficiales. Un informe de 2022 efectuado por la consultora Indesa reveló que los precios de los medicamentos en Panamá son en promedio 27.8 % más caros que en el resto de Centroamérica.

“Las medicinas están impagables, independientemente de la profundidad del bolsillo, están impagables en este país. Haremos con Acodeco el control de abastecimiento, con fuertes multas a quienes especulen con la salud de la gente. Este es un compromiso impostergable”, prometió Mulino.

El mandatario había compartido en 2024 que él mismo tenía que viajar a otros países para conseguir sus medicinas a precios más económicos. La meta es, por un lado, garantizar el abastecimiento en el sistema público, y por otro, que se vendan las medicinas al sector privado al mismo precio que al público. “Si no cumplen, lo haré por importación directa. No tengan la menor duda”, sentenció.

El margen de ganancias de las distribuidoras es de 8 % cuando venden a la Caja de Seguro Social o al Minsa, mientras que cuando venden al sector privado es de 23 %, según han reconocido fuentes del sector.

“Es importante anotar que en los precios no sólo participa el importador/distribuidor, sino que es el fabricante quien fija el precio de partida y lo hace con base en la región geográfica y el subsidio que cada gobierno le conceda a cada renglón”, señaló la expropietaria de farmacia Esperanza De Gracia. “Las compras que realiza la CSS y el Minsa son en volúmenes inmensos y los precios son puestos por el laboratorio fabricante, que surte al Estado a través del distribuidor nacional. Este último entrega y asume costos de logística, para lo cual carga al precio licitado fijado por el laboratorio fabricante un porcentaje de entre 4 % y 10 % en ventas al Estado. En el terreno privado la cosa es diferente en precios y márgenes”, destacó De Gracia.

Las farmacias pequeñas han sido golpeadas por el peso de las grandes cadenas, de acuerdo con De Gracia. “En el sector privado, las ventas de medicamentos al público están siendo monopolizadas por las cadenas de farmacias, todas ellas de capital extranjero y las farmacias chicas, todas de capital nacional, están cerrando. No pueden competir. Van casi 100 cerradas y siguen quebrando”.

La idea propuesta por el Gobierno es aumentar la competencia y así lograr reducir los precios. Parte de la estrategia es agilizar el trámite del registro sanitario de los medicamentos. De acuerdo con Mulino, si un producto tiene la aprobación del regulador estadounidense (FDA) o europeo (EMA), tendría registro sanitario “automático e inmediato” en Panamá.

Fuentes dentro del sector rechazan los calificativos de “mafia”, pero aprueban la idea del registro automático, facilitando la llegada de las más recientes innovaciones en medicamentos. Recomiendan una norma que incluya esos productos en el cuadro básico de medicamentos para que puedan ser accesibles en los hospitales. Sin embargo, dudan que bajen los precios, ya que son los mismos fabricantes los que los fijan.

“Los fabricantes de la gran industria farmacéutica, Big Pharma, venden productos innovadores o de referencia y sobre esos en general no hay competencia. Son estos los que decidirán si los registran en Panamá y si los venden al sector privado al mismo precio que le venden a las instituciones. Estos fabricantes no van a arriesgar su reputación para que los hospitales y médicos los prescriban sin haber recibido la forma de prescribir y cómo hacerlo debidamente, y esos equipos técnicos son muy costosos”, explicó un distribuidor que prefirió mantenerse en el anonimato.

No hay detalles específicos todavía sobre el mecanismo que utilizará el gobierno para abaratar los costos, pero los consumidores se muestran optimistas. “Vemos bien todo lo que sea para beneficio del consumidor, del paciente, que lleva 60 años de sufrir una práctica monopolística de 4-5 empresas”, dijo Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá.

Acosta señala que ha participado en distintas iniciativas legislativas para modificar la compra de medicinas, y que el obstáculo es que un puñado de empresas controla el mercado, desde que sale del fabricante hasta la distribución.

Ve favorable la iniciativa del registro automático y recomienda que se incentive la producción de medicamentos locales. “¿Qué pasó con el laboratorio de medicamentos que tenía la CSS?”, preguntó Acosta. “Se cerró por lo del dietinelglicol, pero fue un caso puntual; se puede reactivar. Los medicamentos que fabricaban eran idóneos”, acotó.