Piden investigar ‘intromisión' del Consejo de Seguridad

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), luego de analizar los hechos y evidencias preliminares presentados por una serie de reportajes publicados por el diario La Estrella de Panamá, considera que ‘para que se respete la Constitución y la ley, deben iniciarse inmediatamente las investigaciones respectivas sobre esos hechos'. Igualmente, la Alianza Ciudadana pide una comisión independiente de alto nivel para que se hagan las investigaciones. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se suma a los reclamos y asegura que la única forma de verificar la información es a través de una investigación.

El presidente del CNA, Dionicio Rodríguez, asegura que la Constitución Política ‘es clara en la independencia de los poderes y aunque esta permite que los tres poderes del Estado puedan colaborar de manera armónica entre sí, existe una línea jurídica que bajo ningún concepto puede ni debe ser cruzada, pues podría ocasionar una clara injerencia de un órgano del Estado sobre otro'.

De igual forma, la Constitución señala y protege como principios básicos de la administración de justicia, el debido proceso y el cumplimiento de los procedimientos legales en toda persecución penal, so pena de nulidad de las mismas, agregó Rodríguez.

Para el CNA, lo publicado por La Estrella de Panamá , deja ‘una profunda preocupación, porque el análisis jurídico de estas acciones contempladas por diferentes actores, reflejaría dos aspectos'.

El primero, que un particular tenía poderes iguales o superiores a los de un procurador General de la Nación o un fiscal, concentrando facultades de injerencia sobre evidencias y futuras pruebas en procesos judiciales. Y esto se agrava si se valora que ese letrado contratado se enfilaba como uno de los 20 abogados designados por el Ejecutivo para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, comprometiendo la imparcialidad debida para este cargo.

OTROS GREMIOS

En un comunicado, los empresarios hicieron sus planteamiento,

La Cámara de Comercio se sumó a la exigencia de la sociedad, en el sentido de que la situación sea objeto de una investigación seria y exhaustiva que conduzca al esclarecimiento de los hechos que han trascendido al conocimiento público.

De igual forma, plantean que se requiere una investigación profunda en cuanto a la participación de la hoy procuradora en la preparación preliminar de investigaciones y procesos de los cuales después conocería como máxima autoridad del Ministerio Público (MP), violentando principios esenciales contemplados en la Constitución y la ley.

Todo lo anterior, sin soslayar que se mencionan actuaciones del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que vulneran el debido proceso y las normas legales en materia de investigación penal, por lo que cada uno de estos funcionarios debe explicar a la ciudadanía sobre la veracidad o no de los señalamientos.

En tanto, Severo Sousa, presidente del Conep, indicó que ‘toca verificar la veracidad de la información. Y esto se debe concretar por medio de una investigación, que es lo que pide el pueblo, que se den las explicaciones', dijo.

‘Lo que se cuestiona es si hubo o no extralimitación de funciones y esas son las cosas que se deben verificar, si hubo o no injerencias', insistió Sousa, y agregó que la Presidencia o el CSN deben dar explicaciones.

Por su parte, Alianza Ciudadana Pro Justicia ha solicitado una comisión independiente para que se investiguen las actuaciones del CSN y la contratación de abogados particulares, para preparar denuncias y querellas que se presentaron en el MP.

A la Alianza

Le preocupa la ‘existencia de un grupo de abogados denominados ‘La Taquilla' que, según la fuente, se dedicó a negociar penas a cambio de cooperación con la justicia. Información que ha salido en medios desde el año 2015 y que fue denunciada por abogados del expresidente Martinelli y desmentida por otros abogados en varios reportajes', como se aseguró en las notas publicadas por ‘La Decana'.

Además, a la Alianza le preocupa que en las notas se menciona que existen en algunos procesos declaraciones de testigos protegidos que, según fuentes anónimas, fueron preparadas por el CSN. Agregan que se menciona —sin mayores sustentaciones— que el CSN aportaba las pruebas y luego presionaba a los jueces y fiscales.

Estos señalamientos que se han divulgado, insiste la agrupación, ‘son muy fuertes, pero no se ha presentado suficiente información sustentada que nos diga que —en el caso de haberse dado estas actuaciones— se hicieron con el conocimiento de las fiscales Anticorrupción, influyeron en las investigaciones o en las decisiones de los jueces, o que los mismos fueron presionados para la toma de sus decisiones'.