Trabajadores marchan hoy, empresarios piden diálogo

Organizaciones sindicales, magisteriales, estudiantiles y campesinas marcharán este jueves 20 de febrero desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional. El objetivo principal es manifestar su rechazo al proyecto de ley que reforma la seguridad social, actualmente en manos de la Asamblea Nacional. El sector empresarial hace un llamado al diálogo, mientras los trabajadores afirman que el derecho a huelga nace de la misma huelga y mantienen su postura contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

“Tenemos dos objetivos”, manifestó Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). “El primero es rechazar la imposición de una ley que vulnera el derecho de los panameños. El robo a la Caja de Seguro Social (CSS) lo han provocado gobiernos y empresarios. El segundo objetivo es denunciar el trato inhumano a migrantes que, por acuerdo tras bastidores, ha negociado el Gobierno de Panamá con Estados Unidos. Los están tratando como esclavos”, añadió, y también compartió el rechazo a la construcción de centro para recibir migrantes en Metetí, el cual califica como una base militar estadounidense en Darién.

La marcha fue convocada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical, explicó cómo se llegó a esta decisión. “Hemos agotado todas las vías para tratar de que este proyecto se modifique en función de los intereses de la población panameña, y al no haber encontrado la posibilidad de esto, los sindicatos hemos decidido empezar con las movilizaciones de acción”, dijo Gil. “Nosotros hemos presentado una evaluación actuarial que ha sido respaldada por el instrumento actuarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), validado a nivel internacional. En este informe se describe claramente dónde se logra o cómo se logra la sostenibilidad del sistema a través de un mecanismo que mantenga el carácter solidario del sistema de pensiones, no es una petición o una solicitud como ha presentado, como ha querido hacer ver el gobierno, nosotros tenemos fundamentos técnicos para argumentar”, recalcó.

Por su parte, los gremios empresariales hacen un llamado al diálogo y que no se cierren más calles. “La realidad es que hay que salvar la CSS. Y que la mayoría de los panameños, no vamos a ser todos, salgamos beneficiados y tengamos una jubilación digna para los próximos años”, opinó Juan Alberto Arias Strunz, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). “Eso no lo vamos a hacer cerrando las calles. Eso lo vamos a hacer mediante diálogo”, concluyó.

“Hemos hablado ampliamente sobre los beneficios de la ley”, destacó por su parte Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). “Al final del camino, lo que queremos es que se presente, porque seguir hablando de una situación que no es conocida en este momento, pues es una especie de desgaste. Al final, el interés principal de nosotros es que esto comience a andar, porque creo que reuniones hemos tenido bastantes para expresar nuestra posición”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó el impacto que las protestas tienen en la economía nacional. “Todos tienen el derecho de protestar, pero es importante que estas acciones no impliquen el cierre de calles ni disturbios que afecten el libre tránsito y generen inestabilidad. Este tipo de medidas no solo impactan negativamente la economía, sino que también envían un mensaje equivocado al mundo, desalentando las inversiones que tanto necesitamos para el desarrollo de nuestro país”, publicó Moltó en su cuenta de X.

Además de las reformas al Seguro Social, líderes sindicales marchan por la detención de 83 miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) el 12 de febrero, a quienes se les han imputado cargos por delitos contra los servidores públicos, contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico, contra la libertad individual y contra la vida e integridad personal.

Para Eduardo Gil, se trata de presos políticos. “Esta marcha también es en rechazo y exigiendo la liberación de los 83 presos políticos del Suntracs que se mantienen en violación al debido proceso, y con una serie de medidas que superan la seguridad jurídica de nuestro país y que obviamente establecen condiciones para un régimen autoritario que nosotros rechazamos. Mulino actuó como acusador, fiscal, juez e incluso sentenció el proceso”, apuntó.

El presidente Mulino tildó a los manifestantes del Suntracs de mafiosos y terroristas. Posteriormente, las cuentas bancarias del sindicato fueron cerradas. El sindicato denunció las acciones como “persecución sindical” y presentó denuncias ante la OIT.

Los trabajadores se han declarado en huelga, pero el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, así como la Capac, han manifestado públicamente que legalmente no tiene sustento.

“Estamos frente a un paro de hecho de parte del sindicato, lo cual no constituye una huelga legal. Si es la decisión de ellos hacer un paro, de hecho, los trabajadores que se acojan a estos no van a cobrar”, declaró el presidente de la Capac. “Yo no creo que esto ayude en nada, especialmente con la situación que atraviesa la industria hoy en día”, remató.

El secretario de Convergencia Sindical refutó este argumento. “Nosotros tenemos claro que una huelga es legal y es legítima desde el momento en el que la deciden los trabajadores. Eso ha sido el derecho reconocido del ejercicio de la huelga, más allá de que si los empresarios lo consideran o no lo consideran legal”, respondió Gil. “Si los trabajadores afiliados al sindicato deciden hacer una huelga de solidaridad con sus compañeros detenidos por una instrucción política del presidente, entonces están en su legítimo derecho de realizar las acciones que estimen necesarias para garantizar la defensa de la democracia”.