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Inseguridad: Las propuestas de los candidatos
- 22/02/2024 00:00
- 21/02/2024 19:19
La inseguridad ciudadana es uno de los temas más inquietantes para la población, que ve cómo gobierno tras gobierno se cambian los planes en materia de seguridad, sin resultados efectivos a largo plazo.
Este será uno de los temas que deberán abordar los candidatos a la Presidencia en el debate presidencial del próximo lunes 26 de febrero en el domo de la Universidad de Panamá.
¿Qué proponen los candidatos presidenciales ?
Para atender el tema de la inseguridad ciudadana el candidato presidencial de la alianza PRD-Molirena, José Gabriel Carrizo, ha prometido un completo plan dirigido a fortalecer la seguridad en los barrios, en donde se hará uso de la tecnología como herramienta para reducir los niveles de delincuencia en las calles.
Plantea robustecer el rol de los municipios en la seguridad ciudadana al establecerse los centros de operaciones municipales (COM), que asegura, estarían dotados de drones, sensores, botones de emergencia y se aumentará la instalación de cámaras de videovigilancia en los barrios como fórmula para brindar seguridad a la población y combatir la delincuencia.
De igual manera proyecta el plan “Fronteras inteligentes”, utilizando vigilancia con tecnología (drones), cámaras, datos biométricos, sensores de movimiento e inteligencia artificial, con la meta de establecer un sistema fronterizo de vigilancia.
Además, propone la construcción de un centro penitenciario en provincias centrales, en donde la peligrosidad de los presos tiende a ser más baja, comparada con la región transístmica. “Conviene la construcción de un centro penitenciario en provincias centrales que cuente con el espacio necesario para la resocialización y que esté dividido por nivel de peligrosidad, con programas de resocialización enfocados en el polo de desarrollo del territorio donde los detenidos puedan producir y que a su vez este centro pueda tener autogestión”.
También sugiere la creación de la dirección nacional de ciberseguridad, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública para la identificación, defensa, respuesta y recuperación de datos del sector público y fortalecer la supervisión y presencia de la Policía Nacional en las obras de infraestructura del Estado que se encuentran en zonas de alto índice de delincuencia para que los contratistas no sufran de esquemas de extorsión.
Carrizo proyecta también crear la primera política pública de prevención de delincuencia juvenil, la cual busca disminuir factores de riesgo asociados a la vinculación de adolescentes y jóvenes en escenarios delictivos por medio de intervenciones interinstitucionales en prevención secundaria y terciaria, convirtiendo la prevención como el eje principal en la mitigación del delito y la violencia.
En los planes de la alianza entre los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, con sus candidatos Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino, esperan dotar a la Fuerza Pública del conocimiento, capacitación permanente y el apoyo para combatir el delito con equipos, tecnología, logística y compensación adecuada para brindar la capacidad de respuesta rápida a las demandas diarias.
“Tomaremos las medidas necesarias para detectar y depurar las instituciones de las influencias de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Estableceremos estándares internacionales de pruebas de confiabilidad como el polígrafo, rotación organizada y antidopaje, empezando con la alta dirigencia de los estamentos del Estado, sin excluir a los altos cargos ministeriales que puedan comprometer la seguridad de la nación”, se indica en la propuesta.
De igual manera, proyectan ejecutar los estudios de perfeccionamiento de las fuerzas policiales que están engavetados y que tanto le han costado al país, los cuales deben ordenar todas las labores policiales, en especial, las funciones administrativas y de vigilancia.
Esperan también generar las alianzas internacionales adecuadas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas y el lavado de dinero, tomando las medidas pertinentes en nuestros puertos, aeropuertos y fronteras.
Zulay Rodríguez, aspirante presidenciasl por la libre postulación, plantea implementar una política de Estado para prevenir y reprimir la inseguridad y comisión de delitos comunes, incluido el narcotráfico. También sugiere evaluar científicamente los entes de seguridad pública y dotar a los estamentos de seguridad de los presupuestos y herramientas necesarias para poder hacerle frente a sus responsabilidades.
Rodríguez cree que se hace necesario fortalecer la figura de los jueces de paz y eliminar con prevención y una cultura de certeza del castigo, la cultura de desobedecer la ley e irrespeto a la autoridad.
Mientras que Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), advierte que no negociará con delincuentes. Lombana tiene cuatro propuestas en materia de seguridad que incluyen iniciar un proceso de depuración continua de las instituciones de seguridad del país y de todos los órganos del Estado infiltrados por el crimen organizado.
“Llevaremos ante la justicia a todos aquellos que estén al servicio del crimen y el narcotráfico; no negociaré con delincuentes, ni los de la calle ni los de saco y corbata”, advierte Lombana.
Se propone apoyar, reconocer e incentivar a los agentes que luchan contra el crimen, dotándolos de recursos de tecnología y de capacitación. “Contarán con el apoyo irrestricto del presidente de la República en la lucha contra el crimen.
También proyecta reformas a la ley de la Policía Nacional. “Necesitamos más agentes en las calles y menos comisionados sentados tras los escritorios para la seguridad de nuestra gente”, indicó.
Para el candidato de la alianza entre los partidos Cambio Democrático (CD) y Partido Panameñista, Rómulo Roux, la seguridad es un derecho humano que impacta las vidas de todos los ciudadanos a diario, por lo que considera la necesidad de políticas y estrategias en materia de seguridad ciudadana que evalúe todos los riesgos, es decir, las amenazas por el tráfico y consumo de drogas, la atención y denuncias de las víctimas con la finalidad de hacer efectivo el seguimiento y control de la criminalidad, así como los sistemas de reinserción.
Considera que la política de seguridad debe incluir la coordinación de instituciones públicas y privadas relacionadas con la educación, el deporte, la cultura y la inserción laboral. “Nuestro plan, entre otras cosas, se enfoca en prevención, control y penalización”.
La prevención, considera Roux, debe ser el enfoque principal de un plan de seguridad moderno. Destaca que aparte de las obligaciones de los padres y maestros para implementar los valores de convivencia y respeto por las leyes, nuestras obligaciones, y los derechos de los demás, el Estado debe posteriormente continuar y potenciar su labor.
En cuanto al control, manifiesta que es importante la figura de la policía comunitaria, que debe visitar a los vecinos y participar en reuniones comunitarias para conocer los factores de riesgo de la comunidad, elaborar un plan de seguridad específico y mediar en conflictos en los barrios para ayudar a solucionarlos.
Con relación a la penalización, Roux cree que las penas deben ser efectivas, disuasivas y proporcionales a la gravedad de los delitos. Sobre todo se tienen que poner y cumplir. “Debe haber certeza del castigo”.
La nómina presidencial por la libre postulación conformada por Maribel Gordón y Richard Morales sostiene que en seguridad se requiere una política de seguridad ciudadana que ataque las causas, enfocada en la prevención.
Aseguran que los planes en materia de seguridad de los gobiernos no han sido efectivos. “Han sido esfuerzos superficiales, atacando solamente los síntomas”.
Martín Torrijos, candidato presidencial del Partido Popular (PP), afirma que hay que ponerle un alto a los problemas de la delincuencia, de la violencia y la penetración del crimen organizado.
“Tenemos programas para corregir estos temas para darle seguridad a la gente y decirle que no está abandonada a la suerte o a la voluntad de las pandillas que están en los barrios”, dijo.
Hay que tener la determinación para atacar esta problemática, pero también saber de que hay una falta de empleo, de que la gente que no entra al sistema o que se sale del sistema educativo queda siendo víctima de estas pandillas, manifiesta.
“Yo estoy esperando el próximo lunes (el día del debate presidencial) para ir soltando poco a poco algunas ideas, pero he ido hablando con los panameños sobre sus problemas más sentidos. Tengan la seguridad que nosotros vamos a controlar el avance del crimen organizado. La retoma de la seguridad y la tranquilidad de los panameños es una prioridad, eso es una garantía de que nosotros vamos a cambiar esto para bien”, afirmó.
Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación y del partido PAIS, cree que la política de seguridad más importante es la creación de empleos.
Fuera de eso hay dos tipos de delitos que creo que hay que combatir fuertemente: La violencia intrafamiliar, de la que se habla poco, pero que es la más prevalente, y la que genera el narcotráfico.
“Nuestro planteamiento no da margen a ninguna duda a que tenemos que ofrecerle la seguridad a las mujeres y a los niños en los hogares, y eso indica que debemos tener una línea de asistencia rápida en la eventualidad que se esté cometiendo ese delito y tenemos que tener una política de albergues para que la persona que está siendo agredida tenga un sitio seguro donde residir y luego mucho tratamiento psicológico y psiquiátrico”, expresó.
Sobre la violencia que genera el narcotráfico hay que preguntarse por qué Panamá afronta esta situación, cuando antes no era un país de tránsito de drogas.
“Lo que estamos viendo ahora es que las cadenas de suministro logístico de cocaína que antes se radicó en la frontera con Estados Unidos, después volvió al triángulo norte, ahora se está moviendo a Panamá y Costa Rica que comienzan a tener una situación de violencia preocupante. En Costa Rica el nivel de homicidios y de sicariato está preocupando a esa sociedad”, destacó.
Añadió que aquí también hay un tema de política exterior. “Yo apunto a que no vamos a llenar las cárceles de gente, lo que tenemos que evitar es que se dé el delito”, concluyó Arrocha.