Plan de ordenamiento territorial contemplará ruta del tren Panamá - David’

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., expone la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial. Pasar de plan a un instrumento jurídico que defina las zonas de desarrollo del país, ya sean turísticas, de cultivo, de conservación ambiental y de vivienda, entre otras actividades. La idea es que esta nueva propuesta legislativa que aún está bajo estudio, contemple el desarrollo que generará la vía ferroviaria entre Panamá y David. Jované también habló sobre los cambios en la ley de interés preferencial. Se busca establecer un monto que realmente responda a la necesidad para la que fue creada, para evitar que la carga se incline en el Estado. Anualmente, se destina un presupuesto de $300 millones para cubrir las tasas que subsidia el Estado a la banca en la compra de viviendas.

Cambiar la ley no. Vamos a seguir en el programa de Ordenamiento Territorial. Tenemos planes en este sentido en materia turística que se han resuelto en varias comunidades. Nos queda pendiente el área de Boquete y otras zonas, para tener el área definida. El plan de ordenamiento territorial a nivel nacional es el que queremos llevar a ley de la República. Estamos en un proceso de revisión que deberá incluir la influencia de la construcción de la línea del tren Panamá-David. Eso va a crear polos de desarrollo que deben estar contemplados en el plan de ordenamiento territorial. Ahí tenemos un equipo trabajando con todas estas secretarías para que el plan absorba ese tipo de usos.

Eso se ha revisado y se ha discutido cuál será la forma correcta para evitar la especulación. Primero, no está la ruta claramente establecida. El plan de ordenamiento va a contemplar el desarrollo hasta donde sea posible evitar esa especulación.

Eso le toca a la secretaría del tren. Ya están estudiando las rutas establecidas de acuerdo a los estudios.

Por eso existe el plan de ordenamiento territorial, como una necesidad. Tenemos que ordenar el crecimiento del país. Cuando ese plan sea una ley de la República y el desarrollo se establezca y se defina con límites, ese desarrollo se definirá para la zona de cultivo, de turismo, de vivienda. Esta última deberá ser más vertical para aprovechar el desarrollo de las áreas.

La fecha como tal no la tenemos, pero existe el plan. Tenemos que hacer los reglamentos locales y a nivel nacional. Todo eso debe estar cubierto.

Correcto, la participación ciudadana aunque no es vinculante, es muy importante. Cuando hablo de vinculante quiero decir que se toma en cuenta y se debaten las ideas entre la autoridad y la población para llegar al mejor consenso.

Sí, definitivamente.

Por eso nos hemos reunido con las promotoras a nivel local y a nivel nacional, también con el sistema bancario que debemos involucrarlo porque perdió el apetito de seguir financiando este tipo de vivienda porque tenemos deudas acumuladas por $500 millones. El interés preferencial genera una deuda aproximada de $300 millones anuales. La intención con ellos es tener la certeza de que los pagos estarán presupuestados, que se van a honrar en el tiempo oportuno para que sea atractivo para ellos un interés preferencial para todas estas familias.

Sí, por eso hemos estado reunidos con los involucrados. La ley que existe actualmente es hasta $120 mil, monto de venta. Lo estamos revisando porque realmente nosotros pensamos que tiene que ser una vivienda de interés social y que esos montos deben honrar el término. Actualmente existe un tope de $120 mil con una cobertura para el Estado hasta ocho años. Cubre hasta 10 años el 100% hasta $40 mil, de $40 mil a $80 mil se mueve escalonadamente. El plan es revisar y llegar a un acuerdo, que el plan para el Estado no sea tan oneroso en la acumulación y sea más escalonado. Eso brinda la oportunidad a estas familias de que el salto de su hipoteca de interés preferencial a la hipoteca normal no sea tan dramático que le duplique la letra. Se va a llegar a un acuerdo para que escalonadamente pueda ir subiendo y cuando venza el interés preferencial puedan continuar con la letra en el sistema bancario.

Nos hemos reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas y las promotoras contratistas, con los bancos, para poder revisar cómo podemos seguir apoyando a esta gran masa de familias que necesitan una vivienda de interés social. Definitivamente, bono como subsidio, no está contemplado. Pero la vivienda de interés preferencial continúa con un subsidio; de cero a $40 mil es el 100% del interés preferencial que se subsidia en estas viviendas. Además, estas viviendas tienen la zonificación donde se desarrolla, que también tienen un subsidio del Estado. Aunado a esto, las familias que aplican para estas viviendas, normalmente son de salario mínimo, no aportan impuesto sobre la renta porque reciben otro tipo de subsidios. Hay una serie de subsidios acumulados, y lo que habría que revisar es el costo de la vivienda para que sea accesible a la letra hipotecaria que el sistema bancario otorga.

Lo que estamos revisando es realmente cómo hacer sujetos de crédito en el sistema bancario a este gran grupo de familias compradoras. Es una realidad, para que sean bancarizados. Hemos estado viendo la posibilidad de que en el interés preferencial tengan tasas especiales para que su letra no sea castigada tan alto. Estamos revisando con el Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi) cómo se arregla o se estructura un respaldo para esas familias y bajar el riesgo que el banco valora en ese estilo de vivienda en particular.

Sí, como un estilo de aval que les dé el abono inicial a tasas de interés preferencial como lo establece la ley y que puedan ser sujetos de crédito como lo establece el sistema. Que no dependan exclusivamente de un subsidio del Estado. Empezar a absorber con el compromiso familiar de hipoteca, e ir revisando la estructura de este subsidio a través de los años con el sistema bancario.

El presupuesto para el ministerio es de $118 millones, de los cuales $103 se destinan para inversión. Incluye dentro de los programas planes de construcción de viviendas de continuidad. El presidente Mulino continuará con los proyectos de Estado, independientemente de la gestión en la que se iniciaron. Basado en eso tenemos el proyecto Altos de Los Lagos segunda etapa, que estamos por entregar 300 unidades de vivienda, otro en Mickey Sierra en San Miguelito que se han entregado 200 y falta entregar la otra mitad. En Aguadulce se están rescatando 181 unidades de vivienda e iniciamos el proceso, en coordinación con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) la coordinación para entregar estas viviendas. No hemos podido hacerlo porque no tienen agua. Estamos resolviendo con el Idaan para garantizar el suministro de agua, el manejo de las aguas servidas y la infraestructura necesaria para entregarlas.

No tenemos por ahora proyectos nuevos, sino que continuamos con Techos de Esperanza, plan progreso, mejoramiento habitacional. Continuamos con los proyectos que tienen un contrato a largo plazo que lo que falta por construir son algunos otros proyectos en Colón, Arraiján, por ejemplo.

Panamá tradicionalmente no ha logrado equilibrar la balanza del déficit habitacional. Pero el ejercicio hace, un esfuerzo para que no aumente. En el déficit habitacional con las instituciones no gubernamentales hay una diferencia porque uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. Nosotros entregamos una vivienda, pero si para estas instituciones no se les garantiza el agua, no tienen calles, todo suma a un déficit cualitativo. Esta gestión del gobierno está enfocada en resolver los temas de infraestructura para que esas viviendas sean calculadas como cifras para bajar el déficit habitacional.

Hay partidas para hacer pagos a las promotoras e inclusive la gestión de pago del Bono Solidario que estamos trabajando. Esta semana tramitamos el pago de $20 millones que equivalen 2 mil unidades de vivienda del Bono Solidario y seguimos trabajando para que esa cuenta acumulada que recibimos de los años, 2021, 2022, 20223 y 2024 hacerle frente en los próximos días, inclusive dejando una pequeña partida para pagar las deudas acumuladas.

Sí, ese es el enfoque. Hasta la fecha del vencimiento de la ley del Bono Solidario, la deuda asciende a entre $90 a $120 millones. Nos queda en lo que llamamos el tramo transitorio en lo que estaba cumpliendo con la norma, pero en procesos administrativos no había culminado toda su documentación aproximadamente otros $70 millones adicionales que nos queda por tramitar y pagar.