Unen fuerzas contra medidas de la Unión Europea y OCDE

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), el Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), el Consejo de Servicios Internacionales (Cosip) y el Consejo Interamericano para el Comercio y la Producción (Cicyp) han unido fuerzas para enfrentar las decisiones de la Unión Europea y organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE).

En un esfuerzo coordinado, estas organizaciones buscan salvaguardar los intereses económicos y financieros de Panamá que han estado bajo presión internacional.

Carlos Raúl Moreno desglosó las medidas que Panamá podría implementar para defender sus servicios financieros y marítimos ante la presión de estos organismos internacionales. Moreno ha sido un crítico constante de la forma en que se han gestionado estas cuestiones hasta ahora, y propone un cambio de enfoque radical.

Moreno enfatizó la necesidad de una acción interinstitucional, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de sectores profesionales especializados en la materia. Subrayó que esta estrategia debería abandonar la exclusividad con la que el tema ha sido tratado por un solo organismo.

Entre las primeras acciones recomendadas por Moreno se encuentra la organización de una conferencia internacional sobre servicios financieros y marítimos, con la participación de otros países para discutir presiones y tratos injustos. Esta conferencia serviría como un foro para exponer las preocupaciones de Panamá y otros países afectados, así como para buscar apoyo y alianzas estratégicas. Moreno sugirió también que Panamá debería firmar un memorándum de entendimiento con los registros marítimos de Liberia y las islas Marshall, que ya han avanzado en relaciones públicas y lobby en Europa, algo que Panamá ha descuidado.

Moreno también propuso que Panamá lleve a la Organización Mundial de Comercio (OMC) las medidas que violan numerosos acuerdos comerciales. Esta acción buscaría utilizar los mecanismos internacionales disponibles para resolver disputas comerciales y proteger los intereses económicos de Panamá.

Destacó la necesidad de evaluar las acciones diplomáticas posibles, ya que la diplomacia debe ser una herramienta clave en la defensa de los servicios internacionales del país.

Para combatir las restricciones impuestas por la OCDE y la Unión Europea, Moreno sugirió la creación de una embajada panameña en Bruselas que represente los intereses del país. Esta embajada sería un punto estratégico para la defensa de los intereses de Panamá en el corazón de la Unión Europea, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva a cualquier medida que se considere injusta o perjudicial. Además, recomendó un programa de relaciones públicas con navieros de Asia, el medio oriente y Europa del este, con el objetivo de reducir la dependencia de la Unión Europea y diversificar las relaciones comerciales de Panamá.

Moreno también planteó la necesidad de regular mejor el sistema de seguridad en el sector bancario, proponiendo reglamentos para facilitar las operaciones y combatir las complicaciones introducidas por los oficiales de cumplimiento. Afirmó que esta medida es esencial para mantener la fluidez bancaria, vital para varios sectores de la economía. Señaló que la sobrecarga regulatoria ha tenido un efecto adverso en la competitividad de los bancos panameños, y que es necesario lograr un equilibrio que permita cumplir con los estándares internacionales sin sofocar la actividad bancaria.

Adicionalmente, el juristas Adolfo Linares advirtió sobre las continuas amenazas que aún mantienen a Panamá en listas negras, como la de la Unión Europea, con el objetivo de despojar la territorialidad fiscal panameña y afectar el abanderamiento de naves. La inclusión de Panamá en estas listas no solo afecta la reputación del país, sino que también tiene consecuencias económicas directas, como la disminución de inversiones extranjeras y el aumento de los costos de financiamiento.

Coincidieron en la esperanza que brindan las recientes declaraciones del presidente electo, José Raúl Mulino, y el nuevo canciller Javier Martínez Acha, quienes han demostrado entender el problema y estar dispuestos a enfrentar este reto mediante acciones diplomáticas en colaboración con los sectores conocedores de la materia.