Por una solución pacífica, democrática, legítima y duradera, de la crisis nacional. Constituyente ya

La crisis hegemónica del régimen cleptocrático clientelar

Tenemos en el país una triple crisis política, económica y social que amenaza la pacífica convivencia que ha caracterizado el devenir histórico nacional. Después de los estragos causados por la pandemia por covid-19 y del estallido social de julio del año pasado, volvemos a tener un nuevo trance que afecta la gobernabilidad democrática, el país se encuentra ante una situación de incertidumbre generalizada.

La crisis sanitaria y social provocada por la pandemia ha devenido en una crisis hegemónica, o de conducción, derivada de la incapacidad recurrente y la corrupción generalizada del gobierno, que ha incrementado exponencialmente la deuda pública y social, profundizado las desigualdades y la pérdida de calidad de vida, sobre todo de los sectores más vulnerables.

Es obvio que después de tantos años de políticas económicas neoliberales, el Estado panameño no ha logrado superar los persistentes niveles de pobreza, corrupción y desigualdad existentes y que, en la actual coyuntura, tienen el carácter de una sindemia que amenaza con corroer el tejido social que hasta ahora ha cohesionado a la sociedad panameña.

Ante esta gravísima coyuntura han surgido en los medios y redes una infinidad de supuestas soluciones a la actual situación que, a mi juicio, generan mucha incertidumbre y falta de claridad sobre el objetivo estratégico que debemos, como ciudadanos demócratas, perseguir como salida viable, democrática pacífica y duradera ante semejante dejación de los intereses nacionales por el gobierno nacional.

Algunos colegas abogados imbuidos de un cierto frenesí legalista se han apresurado a sugerir y varios a demandar la inconstitucionalidad de la ley 406 de 2023 con la peregrina ilusión que la corte invalide el contrato de manera expedita. Esta salida es a nuestro juicio un tanto ingenua y puede que el algún caso hasta malintencionada porque nada en las actuaciones recientes de la corte hacen suponer una sentencia favorable a los intereses nacionales.

Estas acciones olvidan las actuaciones recientes de esta corporación, negándose a acoger los recursos que reclamaban el desacato en el cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad del contrato anterior y la composición de la actual correlación política en esta institución donde todos los magistrados fueron nombrados por los últimos dos presidentes, ambos amanuenses de los intereses mineros.

Los tiempos constitucionales y los tiempos políticos no coinciden y nada nos hace presumir que esa mayoría de magistrados que deben sus cargos a la discrecionalidad del ejecutivo cambiaran sus lealtades ante la presión popular.

Otros sugieren que la Asamblea Nacional derogue el contrato ya aprobado, olvidando que una aplastante mayoría de diputados aprobó la ley exprés que lo formaliza. Nada sugiere que sus actuaciones sufrirán un acto de contrición repentino.

Algunos, entre los que se encuentra nada menos que la Cámara de Comercio e industrias de Panamá, proponen la aprobación de una ley de moratoria minera y hasta un referéndum para decidir si queremos ser o no país minero. Ninguna de estas propuestas, según nuestro criterio, nos permiten resolver la situación de confrontación entre la inmensa mayoría de nuestro pueblo y el gobierno de turno.

Los que persisten en estas actuaciones legalistas no han comprendido que la crisis que atravesamos dejo de ser jurídica para convertirse en una crisis política. El estallido de rechazo al contrato minero fue la chispa que encendió el bosque. Tanta corrupción, impunidad, desempleo, un sistema fallido de salud, graves falencias del sistema educativo, altísimo costo de la vida, falta de medicamentos y un rosario de etcéteras han provocado este malestar profundo que no se resolverá ni en tribunales ni mediante ninguna ley que intente parar lo que ya no es una crisis de gobierno sino de régimen político.

La respuesta del presidente, quien ha demostrado tener más testosterona que neuronas en la actual crisis, ha sido amenazar y reprimir. La réplica popular ha sido una movilización con muestras de indignación sin precedentes, concitando en las calles a sindicalistas, jóvenes estudiantes, pueblos originarios, docentes y panameños de todos los sectores sociales quienes reclaman no solo el fin del enclave minero sino también que termine el inepto régimen que por más de cuatro años nos ha conducido a este desastre sin precedentes.

La auténtica salida popular y democrática pasa por acuerdo de todos los sectores y partidos que se oponen a la actual situación para convocar, una Asamblea Constituyente Originaria, que lidere los cambios para realizar una transición hacia la construcción de un auténtico régimen democrático. Estamos en ese momento de la lucha de los pueblos en que un conflicto como el actual, si es correctamente encauzado, puede conducirnos a construir una nueva institucionalidad. Es ese momento histórico en que los de arriba no pueden seguir gobernando como quieren y los de abajo no quieren continuar con el actual desgobierno. Si demostramos voluntad de cambio la constituyente puede ser el mejor vehículo para una solución integral, pacífica y duradera de la crisis nacional.

Para alcanzar los objetivos de regeneración institucional y moral que el país reclama proponemos que las transformaciones se realicen preferiblemente a través de una Asamblea Constituyente originaria, para los cual debemos transitar por un proceso constituyente.

La apertura de este proceso constituyente debe ser el resultado de un amplio acuerdo tanto de los partidos políticos y de los distintos sectores que estén comprometidos en dotar al país de nuevas instituciones políticas y jurídicas, las cuales deben necesariamente legitimarse mediante el voto ciudadano. No podemos permitir que las elites políticas que han monopolizado el poder redacten las normas que nos regirían en el siglo XXI.

Las condiciones están maduras para el cambio. Los escándalos de corrupción y las reiteradas muestras de incapacidad del régimen han alcanzado niveles tan amplios que amenazan con hacer metástasis en el tejido social del país.

En América Latina tenemos experiencias recientes donde mediante acuerdos políticos los pueblos han logrado construir procesos constituyentes exitosos. La ciudadanía puede transformarse en sujeto constituyente directamente, a través de una convocatoria unilateral para realizar un referéndum; También podría activarse ejerciendo presión social sobre los órganos del Estado, obligándolos a convocar al referéndum. Otra manera que ya han sugerido partidarios de las protestas es la de incluir una quinta papeleta en las próximas elecciones del cinco de mayo donde se pregunte a los electores si están de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea constituyente.

En cuanto al procedimiento para decidir la vía que se adopte para el cambio constitucional y evitar la división entre sectores que promueven una u otras alternativas, recomendamos la solución sugerida por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, el cual aprobó el pasado año por unanimidad la conveniencia de que se convoque a una consulta popular urgente para que los ciudadanos respondan dos preguntas cruciales, del siguiente tenor:

¿Quiere usted una nueva Constitución Política?

¿Qué clase de Órgano debe redactar la Constitución?

Asamblea Constituyente Paralela.

Asamblea Constituyente originaria.

El autor es abogado Constitucionalista. Académico universitario.