El silencio del exdiputado Jorge Alberto Rosas

El exdiputado Jorge Alberto Rosas, quien se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar en la indagatoria en la Fiscalía Anticorrupción del pasado 20 de febrero, aduce que el Ministerio Público ha “enturbiado la validez” de la investigación por supuesto delito contra el orden económico.

En la declaración de indagatoria, rendida por Rosas, en el despacho de la fiscal Zuleyka Moore, el exdiputado sustenta que “existe una discusión conceptual si los amparos de garantías constitucionales pueden ser interpuestos por el Ministerio Público”.

Rosas le aseguró a la fiscal Moore que lo anterior lo señala porque el Primer Tribunal de Justicia de Panamá, concedió un amparo, el cual fue apelado y el Ministerio Público ha interpretado que aplica el artículo 2566 del Libro IV del Código Judicial que es en efecto devolutivo.

“Si el pleno de la Corte determina que el amparo no procede, esta diligencia y la resolución por la cual se me imputan cargos, que en el fondo también rechazamos sería extemporánea y declarada nula. Nuestra preocupación plasmada en los escritos que presentamos ante el Ministerio Público, está basada en salvaguardar la integridad de este proceso, sin embargo, la decisión del Ministerio Público de no esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia ha enturbiado la validez de este proceso”, aseguró el exdiputado Rosas, en su indagatoria a la que tuvo acceso este medio.

La defensa de Rosas presentó, “con el ánimo de preservar la integridad de la investigación”, un incidente de controversia fundado en el artículo 2272 del Libro Tercero del Código Judicial, que señala que son de previo y especial pronunciamiento los incidentes de controversia que suspende el proceso.

Rosas, en la indagatoria le comunicó a la fiscal Moore, que “se ha hecho caso omiso de lo que expresamente señala la ley. Por estas razones y para no ser partícipe de las posibles nulidades que las conductas del Ministerio Público está realizando, hemos tomado la decisión de acogernos al artículo 25 de la Constitución”.

El exdiputado Rosas asegura que si la Corte confirma la decisión del amparo referente a la prórroga de la investigación, no tienen ninguna razón ni preocupación para acudir al Fiscalía y cooperar.

La fiscal Moore sustentó la privación de libertad del exdiputado Rosas en que está acreditado el delito contra el orden económico, para lo cual se cuenta con la información suministrada por la República Federativa de Brasil, que contesta afirmativamente a la investigación en la que se determinó que la empresa Constructora Internacional del Sur S.A., está vinculada al Grupo Odebrecht.

Entre los medios probatorias de Moore, se destaca que es un hecho probado que la sociedad Constructora Internacional del Sur, fue utilizada para transferir recursos financieros procedentes de actividades relacionadas con el “soborno internacional”.

Por otro lado, en declaración rendida por Roberto Antonio Gutiérrez, encargado de la planilla y recursos humanos en la firma Rosas y Rosas desde el año 1997, este explicó que fue la persona autorizada por parte de la firma para que de manera personal brindara los servicios de “consecución de fondos en efectivo, para el pago de planillas especiales” a empresas de Odebrecht, con quienes mantenían una relación de trabajo, ya que además de los servicios de consecusión de fondos en efectivos, se las brindaba todo lo relacionado a Registro Público, es decir, la creación de sociedades, cambios de directores y dignatarios.

Agregó Gutiérrez, según la documentación de la Fiscalía, que recibió instrucciones precisas de los socios Juan Carlos Rosas, Rosa Mary Molino y Jorge Alberto Rosas, para que realizara la gestión en beneficio del cliente Odebrecht., es decir “retirar las transferencias de dinero hacía la Constructora Internacional del Sur, a favor de Rosas y Rosas y luego que el dinero en efectivo fuera entregado en las oficinas de Odebrecht”.

La resolución de detención del MP, además, recoge declaraciones de indagatorias ofrecidas por Juan Carlos Rosas O'Donnell, quien advierte que se le prestaron servicios a Odebrecht en temas laborales, contrataciones en general y de carácter administrativo y en un momento expresaron la necesidad de procurar dinero en efectivo para el pago de planillas, solicitud que fue planteada por Jorge Alberto Rosas, el miembro de la firma que había atendido primordialmente al cliente.

El socio Juan Carlos Rosas, según se destaca el documento, afirma que el socio “Jorge Alberto Rosas era quien daba las instrucciones y coordinaba el servicio de consecución de fondos para el pago de planilla a favor de Odebrecht, instrucciones que eran impartidas a Roberto Gutiérrez”.

Por su parte, Rosa Molina, quien es socia minoritaria de la firma Rosas y Rosas, advierte que en el 2016, personalmente, atendió una consulta de la empresa por el tema de la ampliación del aeropuerto de Tocumen. Al abordar el tema de la consecución de fondos en efectivo por el cliente Norberto Odebrecht, explicó que éstos solicitaron los servicios al licenciado Jorge Alberto Rosas, y que debieron haber programado esos pagos con él y Roberto Gutiérrez”.

“Valora este despacho entonces que dentro de la presente investigación constan elementos de convicción idóneos y demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado Jorge Rosas, quien de forma directa consensuó que se procediera con la entrega de dinero en efectivo por parte de su jefe de planillas para que se ejecutara una acción a todas luces ilegal”, señala la fiscal Moore.

El despacho de la fiscal Moore observa que Rosas es un ciudadano panameño, del cual se le desconoce su domicilio, por cuanto a través de la representación legal ofreció una dirección en la que no se registra su presencia desde las elecciones de 2019, sin soslayar que cuenta con recursos y medios económicos de consideración, tal cual lo dejó consignado en sus generales de identificación de la declaración indagatoria.

Reitera el despacho de Moore, que “a este momento no se cuenta con un domicilio fijo, a través del cual se pueda localizar sin dilación alguna al sindicado por parte de la autoridad, situación que a todas luces indica la intención del imputado de abstraerse del proceso, ya que no ha recibido una dirección permanente donde el mismo pueda ser localizado”, lo que sumado a la gravedad del delito que se les endilga y las pruebas que constan en su contra, puede verse tentado a abandonar el país.

Por otro lado, está el aspecto del aseguramiento de pruebas. “Es indudable que es una circunstancia que debemos considerar en razón a la forma en que se generó la conducta y las personas que están vinculadas al acto, quedando abierta la posibilidad que el imputado sea un obstáculo para incorporar las pruebas de rigor”, expone el documento.

Sobre el particular, la Fiscalía hace hincapié que se está en fase de investigación; queda pendiente verificar las cuentas bancarias de Rosas, de forma que es necesario establecer la ruta del dinero.

También está pendiente el resultado de la asistencia internacional, vinculadas a la localización de Oscar Salazar y Adre Parana y la explicación del por qué realizaron transferencias a favor de la firma Rosas y Rosas por órdenes de Jorge Rosas, bajo qué circunstancias y en beneficio de quién.

La posición de la Fiscalía es evitar que el imputado pudiera obstaculizar la investigación desde la perspectiva de que aún están por evacuarse testimonios, existiendo la posibilidad, de ocultamiento de pruebas. “Buscamos salvaguardar el éxito de la diligencias precisas y determinadas”, señala la fiscal.