Rico Pineda permanecerá detenido

La defensa de Abraham Rico Pineda ofreció a las magistradas del Tribunal de Apelaciones, Asunción Alonso, Leida Terán y Miriam Jaén, un paquete de medidas para que su cliente no espere en la cárcel al menos seis meses, el tiempo que dura la investigación en su contra por el presunto delito de blanqueo de capitales en calidad de autor.

De esta forma, su abogado Víctor Orobio enumeró lo que estaba dispuesto a hacer para solventar los riesgos que, en primera instancia, ponderó el juez Justo Vargas el 21 de agosto pasado, quien decretó la detención preventiva. Entre estas medidas, dijo que su cliente estaría dispuesto a permanecer en casa, de ser necesario vigilado por la fiscalía con cámaras 24/7, mantener un brazalete electrónico, sin teléfono inteligente, sin pasaporte, presentarse tres veces por semana para firma, además de $20 mil como fianza. Pero nada de esto fue suficiente para persuadir a las magistradas, quienes confirmaron la decisión en primera instancia y sugirieron a Orobio recurrir la decisión más adelante cuando las circunstancias y riesgos procesales cambien.

Las magistradas justificaron su decisión basadas en varios hechos detallados por la Fiscalía, que podrían poner en riesgo la investigación. Uno de ellos, y tal vez el más importante, alteración de pruebas. Esto, a raíz de varias situaciones presentadas por la fiscalía. Una de ellas es el antecedente de que Rico Pineda anticipaba los pasos de la policía cuando iba a ser allanado. En este sentido las juezas trajeron a colación el argumento del fiscal Joseph Díaz, quien narró una llamada de Rico Pineda a su empleada doméstica el 14 de mayo a las 8:30 de la noche en la que le pidió que le preparara una maleta con un cargador y su cepillo de dientes. En esta conversación le advirtió que al día siguiente, como a las cinco de la mañana iría la policía a buscarlo: “Van a preguntar por nosotros, diles que nos fuimos a la playa un día antes”. Durante este allanamiento la policía encontró la caja fuerte vacía.

También resaltaron otra conversación telefónica en la misma fecha de Rico Pineda con una de sus empleadas de Servicios Múltiples Rama para advertirle de lo mismo, que serían allanados. A ésta le solicitó no entregar el celular y la computadora a la policía. Todo esto llevó al tribunal a recordar la capacidad de infiltración que tenía Pineda en otras entidades del Estado, como el Ministerio de Comercio e Industrias, de donde supuestamente Rico Pineda conoció de una diligencia de inspección ocular que haría la fiscalía para revisar el aviso de operación de su negocio, antes de que esto sucediera.

En su exposición, el fiscal adelantó que evidencias futuras, “incluso pueden afectar a un hombre no identificado”, aparentemente su padre, el diputado de San Miguelito Raúl Pineda del Partido Revolucionario Democrático. Según conoció La Estrella de Panamá, el Ministerio Público cuenta con nuevas evidencias que podrían ser suficientes para que la Corte Suprema de Justicia inicie una investigación en su contra por los vínculos que lo asocian a las empresas de su hijo y a la forma en que se emplearon las empresas Servicios y Transporte S.A., Mared, S.A y Servicios Múltiples Rama para ocultar la procedencia del dinero ilícito.

Para el jurista, no existía riesgo de destrucción de pruebas por parte de su cliente. “Todo está en manos de la fiscalía, dijo Orobio: las escuchas telefónicas, las pruebas materiales, el dinero confiscado, el acuerdo de pena por 48 meses de prisión conmutable que hizo Parra”. No hay forma de que esas cosas puedan ser alteradas por Rico Pineda, argumentó Orobio. Además, apuntó, la situación económica de su cliente no debe ser vista como una alarma, es hasta “discriminatorio”, calificó, puesto que sus cuentas bancarias ya fueron congeladas por la fiscalía. Incluso las pruebas materiales están en buen recaudo, en manos de la fiscalía, reiteró el jurista.

Rico Pineda se encuentra en la Gran Joya indiciado por haber transferido el 20 de mayo de 2024 casi $90 mil en efectivo frente a su empresa Servicios Múltiples Rama, a un colombiano de nombre Jonathan Parra, un intermediario que entregaría el dinero posteriormente a un tal ‘Pablo’, el arquitecto colombiano de alto perfil que Orobio vinculó a la firma Mallol y Mallol de Panamá. De acuerdo con la Fiscalía, Pablo recibiría el dinero bajo la figura del Token, utilizada frecuentemente en el narcotráfico. Sin embargo, el mensajero fue sorprendido por la policía con la misma bolsa reutilizable que contenía el efectivo, que previamente había sido ingresada por Rico Pineda a la empresa. Esta vez las autoridades anticiparon sus movimientos con las escuchas telefónicas y el seguimiento y vigilancia que le daban a Rico Pineda. Al no poder justificar la procedencia, Parra admitió que el dinero era producto del narcotráfico, y efectuó un acuerdo de pena de 48 meses de prisión conmutable.

El efectivo, también resultó positivo para mariguana en el análisis de Ion Scan, aunque su abogado refutó que la cantidad detectada es la que puede aparecer en cualquier billete.

Desde la cárcel, a través de una videoconferencia, Rico Pineda vestido con camiseta amarilla y vigilado por un custodio, escuchó los argumentos de su abogado Víctor Orobio, quien detalló las razones que justificaban su libertad condicional. Antes del inicio de la sesión se presentó como un hombre de 31 años, padre de tres hijos, con una maestría inconclusa por no haber presentado el proyecto final y que es gerente de su empresa Servicios Múltiples Rama. En la sala de audiencias estaban presentes su esposa, su madre y su madrastra.

Orobio defendió los principios de proporcionalidad y coherencia con la detención preventiva y la gravedad del delito imputado. “Existen medidas cautelares proporcionales para nuestro representado, por razones humanitarias le solicito que se revoque la medida”, requirió a las magistradas.

En este sentido, las juezas respondieron que no se trata de si el delito es grave o no, “eso no es suficiente”. El numeral en cuestión está relacionado a la vinculación de las evidencias que asocian a Rico Pineda al proceso: “Los elementos evidencian una vinculación seria, comprometida con este delito como tal, que puede afectar la investigación”, sentenciaron las magistradas.

La secuencia de hechos narrados por el fiscal forman parte de la operación Jericó, específicamente al evento 24, el único, defendió Orobio, en el que aparece su cliente. La defensa dijo que en el resto de los eventos que investigó la fiscalía, 23 en total, su cliente no aparece mencionado en los decomisos de armas, drogas o municiones.

Producto de estas actividades, Rico Pineda se convirtió en autor del delito por transferir dinero producto del narcotráfico y encubrirlo a través de las empresas Mared, S.A., Servicios de Transporte S.A. (Setsa) y Servicios Múltiples Rama, asegurando el provecho ilícito, según los hechos de imputación narrados por el fiscal Joseph Díaz.

El juez Vargas decretó detención preventiva al valorar tres riesgos, todos fueron confirmados por las magistradas. El primero, la fuga. Aunque según Orobio se disminuye con el paquete de opciones presentadas. Tan es así, dijo, que su cliente a pesar de contar con un pasaporte con visa americana, decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades para no desatender el proceso. Sin embargo, las magistradas no creyeron esta tesis al valorar que Rico Pineda se presentó luego de que su rostro apareciera en las redes entre los más buscados de la Policía, lo que descarta la voluntariedad del indiciado.

A Rico Pineda se le vincula a la operación Jericó para la cual la fiscalía se ayudó con más de 3 mil interceptaciones telefónicas, seguimiento y vigilancia al hijo del diputado y otros indiciados, además de algo fundamental, la declaración de Parra sobre la procedencia del dinero. Orobio está claro de que debe probar que el dinero proviene de una fuente lícita. Pero también recordó que la Fiscalía tiene la tarea de evidenciar que es producto del narcotráfico.