Pleno de la Corte decidirá ‘habeas corpus' de los Martinelli

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidirá la legalidad o ilegalidad de la orden de aprehensión dictada contra los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, investigados por abrir una cuenta en Suiza para recibir hasta $22 millones procedentes de empresas vinculadas a la constructora brasileña Norberto Odebrecht.

‘A los hermanos Martinelli no se les ha respetado sus garantías, ni sus derechos',

LUIS CAMACHO

ABOGADO DEFENSOR

La Sala Penal de la Corte , en una decisión que sienta un precedente, aprobó la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de inhibirse de conocer un recurso de habeas corpus presentado a favor de los hermanos Martinelli Linares, investigados por el presunto delito contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales.

El 1 de junio de 2017, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial consideró que tomar una decisión afectaría la causa penal y otros casos que se investigan en el sistema inquisitivo, en donde incluso existen recursos por resolver ante el pleno de la Corte. El tribunal envió el recurso al pleno de la Corte.

Luis Camacho, defensa de los hermanos Martinelli, apeló la decisión de ese tribunal de justicia.

El 7 de junio de 2017, los magistrados José Ayú Prado (quien presidió el acto), Harry Díaz y Jerónimo Mejía avalaron la decisión de ese tribunal de justicia.

La decisión de los tres magistrados se produce después de deliberar sobre los argumentos de la defensa, que señalaban que la fiscal especializada anticorrupción Tania Sterling no tenía competencia para decretar la detención provisional de los hermanos Martinelli porque la investigación se inició después de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en el Primer Circuito Judicial, el 2 de septiembre de 2017.

‘El Pleno de la Corte definirá si la decisión asumida por el Ministerio Público es legal o ilegal',

TANIA STERLING

FISCAL ANTICORRUPCIÓN

En sus argumentos, Camacho decía que la medida de aprehensión contra los Martinelli tenía que haber sido ordenada por un juez de garantías, porque la investigación se inició el 22 de diciembre de 2016, cuando estaba vigente el nuevo sistema. El recurso legal también solicitaba que se decretara la ilegalidad de todo lo actuado en el proceso, por violación de las garantías de los investigados.

Ante esto, la Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo de Sterling, solicitó al Tribunal Colegiado que confirmara la decisión emitida por el Tribunal Superior de Apelaciones, que dispuso su inhibición apegándose al artículo 553 del Código Procesal Penal de 2008.

La Fiscalía Especial Anticorrupción alegó que la causa tuvo su génesis entre 2010 y 2014, durante la administración de Ricardo Martinelli Berrocal, cuando la constructora brasileña pagó al menos $59 millones en sobornos a funcionarios y políticos panameños. Por esta razón la causa no puede ser ventilada dentro del SPA, alegó la fiscalía. El nuevo sistema solo se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia.

Sterling considera que es competente para ordenar la aprehensión de los investigados porque el proceso se adelanta bajo el sistema inquisitivo.

Con relación a la decisión de los magistrados, Camacho dijo que tomaron la ruta más cómoda para no adoptar la decisión que en derecho correspondía.

Según el abogado, ‘a los hermanos Martinelli no se les ha respetado su garantías constitucionales ni sus derechos, no se les ha aplicado la ley'.

INQUISITIVO Y ACUSATORIO

Camacho agregó que todavía no se debate sobre si la fiscal era una autoridad competente para dictar la orden de aprehensión contra los hijos del expresidente panameño.

La fiscal, por su parte, declaró que el tema añade interés por las dudas que existen sobre lo que pasaba con los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.

Para Sterling, la decisión plantea que hay que debatir en qué punto termina de regir el sistema inquisitivo y cuándo empieza el acusatorio.

Un pronunciamiento en contra hubiese resultado en detrimento de más siete mil causas que están siendo procesadas, añadió la funcionaria del Ministerio Público.

La Sala Penal señaló que le corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia fijar una fecha límite para evitar que se sigan iniciando procesos con base en las normas del Código Judicial.

CASO DE LOS MARTINELLI

Ricardo y Luis Martinelli son investigados por blanqueo de capitales

La Fiscalía Especializada Anticorrupción dictó orden de aprehensión contra los hermanos Martinelli.

Se les señala por una cuenta en Suiza con $22 millones vinculada a Odebrecht.

La fiscal anticorrupción añadió que se ‘le da un voto de confianza' a las autoridades de los distritos judiciales, para que, en consenso y haciendo un trabajo programático laboral, ‘entre sin traumas el nuevo sistema procesal'.

Así mismo, la Sala Penal remitió al Pleno de la Corte el recurso presentado por la defensa de los hermanos Martinelli, por considerarlo de su competencia.

Ahora, explicó la fiscal, le corresponderá al pleno de la Corte determinar si la decisión adoptada por el Ministerio Público contra los Martinelli es legal o ilegal.

ORDEN DE APREHENSIÓN

El 14 de febrero de 2017, la Policía Internacional (Interpol) circuló una orden de alerta roja internacional contra los hermanos Martinelli.

Por este caso, las autoridades de Suiza les congelaron cuentas por $22 millones de dólares a los hermanos Martinelli Linares.

Las investigaciones han determinado que tres sociedades anónimas, en las que los beneficiarios son los hijos del exmandatario, recibieron sumas millonarias entre el 2009 y 2012. El periodo gubernamental de Ricardo Martinelli empezó en 2009 y concluyó en 2014.

Las transferencias se hacían a través de varias empresas offshore que Odebrecht utilizó para hacer pagos irregulares en países de América Latina y África.

La trama fue descubierta por la investigación de las autoridades de Brasil, conocida como ‘Lava Jato'.

Contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal también hay una solicitud de alerta roja internacional por el caso Odebrecht.

El Ministerio Público ha iniciado procesos contra 17 personas vinculadas al escándalo de corrupción de la constructora brasileña.