Piden a la Corte celeridad en demanda contra la ley de la Contraloría

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, hizo un llamado urgente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver de manera expedita el Recurso de Inconstitucionalidad presentado contra la Ley 351 de 2022.

Esta ley, aprobada en 2022, introdujo modificaciones significativas a la Ley Orgánica de la Contraloría y a la Ley sobre la Jurisdicción de Cuentas, generando una serie de preocupaciones sobre el impacto en la fiscalización y la responsabilidad en el manejo del presupuesto nacional.

La Fundación sostiene que estas modificaciones han debilitado el rol fiscalizador de la Contraloría, otorgando poderes discrecionales al contralor que podrían facilitar el uso indebido de fondos públicos.

La Ley 351 de 2022 ha sido objeto de intensa crítica por parte de la Fundación y otros actores clave en la sociedad civil y el ámbito jurídico. Las principales críticas se centran en que la ley ha permitido una mayor discrecionalidad en el manejo de partidas presupuestarias sin la adecuada supervisión, lo que ha resultado en escándalos financieros como los “auxilios económicos” y la “descentralización paralela”. Estos casos han puesto en evidencia posibles abusos en la asignación y uso de recursos públicos, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

El Recurso de Inconstitucionalidad contra la ley fue admitido por la Corte Suprema en abril de 2023. En mayo del mismo año, el procurador de la Administración emitió un concepto que concluyó con la inconstitucionalidad de la ley en seis aspectos fundamentales. Este dictamen subraya la existencia de fallos constitucionales significativos en la ley que afectan la integridad y la eficacia de la Contraloría en su función de control y fiscalización.

En su carta abierta, la Fundación y otras organizaciones y juristas de renombre han hecho un llamado urgente a los magistrados de la Corte Suprema para que no prolonguen más la decisión sobre el recurso. Según estos grupos, la demora en la resolución del caso podría seguir permitiendo que los fondos públicos se manejen sin la supervisión adecuada, exacerbando los problemas de corrupción y mala administración que ya han surgido.