Panamá avanza 30 puntos en el Índice de Desarrollo Humano

Panamá ocupa el escaño número 57 en el mundo que lo define como uno de los países de “muy alto desarrollo humano”, según el Informe sobre Desarrollo Humano, “La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno”, que introduce una variante experimental del Índice de Desarrollo Humano (IDH).

El reporte fue publicado ayer en Nueva York, Estados Unidos, de forma virtual, y lo que intenta transmitir es una redefinición sobre el concepto de desarrollo humano, en aquel que el crecimiento económico no implique necesariamente una desestabilización ecológica, o presión sobre el planeta.

El Índice de Desarrollo Humano ajustado por presiones planetarias (PHDI, por sus siglas en inglés) saca a la luz un nuevo panorama mundial con una perspectiva menos idílica y más sincera sobre el progreso humano.

Por ejemplo, más de 50 países abandonan el grupo de desarrollo humano muy alto, como reflejo de su dependencia de los combustibles fósiles y su huella material. A pesar de estos ajustes, países como Costa Rica, Moldavia y Panamá suben al menos 30 puestos, mostrando que es posible reducir la presión sobre el planeta.

Según el informe, la próxima frontera del desarrollo humano exigirá trabajar con –y no contra– la naturaleza, al mismo tiempo que transformamos las normas sociales, los valores y los incentivos gubernamentales y financieros.

Nuevas estimaciones prevén que en el año 2100 los países más pobres del mundo podrían experimentar hasta 100 días anuales más de clima extremo debido al cambio climático, cifra que podría rebajarse a la mitad de implementarse plenamente el Acuerdo de París.

A pesar de esto, se siguen subsidiando los combustibles fósiles: según datos del FMI mencionados en el informe, se calcula que el costo total para las sociedades derivado de subsidios públicos a los combustibles fósiles –incluidos los costos indirectos– supera los $5 billones anuales, lo que equivale al 6,5% del PIB mundial.

En cambio, las medidas relacionadas con la reforestación y la mejora del cuidado de los bosques podrían cubrir por sí solas, aproximadamente, la cuarta parte de las acciones necesarias antes de 2030 para evitar un aumento global de temperaturas de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales.

El informe muestra que las desigualdades entre países y dentro de ellos, con profundas raíces en el colonialismo y el racismo, derivan en que las personas que más tienen capturan los beneficios de la naturaleza y exportan los costos. Esto ahoga las oportunidades para las personas que tienen menos y limita drásticamente su capacidad de actuar ante esta situación.

Por ejemplo, la labor de protección de la tierra que ejercen las poblaciones indígenas del Amazonas absorbe, en términos per cápita, el dióxido de carbono equivalente al producido por el 1% más rico de la población mundial. A pesar de esto, las poblaciones indígenas continúan sufriendo dificultades, persecución, y discriminación en muchas partes del mundo y apenas tienen presencia en la toma de decisiones.

El informe añade que estas desigualdades podrían abordarse con actuaciones desde el sector público, y ofrece ejemplos que van desde la aplicación de regímenes fiscales más progresivos hasta la protección de las comunidades costeras a través de mecanismos de inversión preventiva y aseguramiento medidas que podrían llegar a proteger a 840 millones de habitantes en las zonas costeras de baja elevación de todo el mundo. Sin embargo, es preciso que los esfuerzos se realicen de manera concertada a fin de garantizar que las medidas que se tomen no contribuyan aún más al enfrentamiento de las personas con el planeta.

“La próxima frontera del desarrollo humano no debe entenderse como un dilema entre personas y el medioambiente, sino que se trata de reconocer que, hoy, el progreso humano sostenido por un crecimiento desigual y basado en el carbono es un ciclo completamente agotado”, manifestó durante el lanzamiento Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.

No obstante, a pesar de las buenas noticias sobre el salto cualitativo que ha dado el país en materia de desarrollo humano, aún persisten desigualdades notorias en materia de género. Entre 2009 y 2019, los datos indican que las mujeres ocuparon el 53,4% de la fuerza laboral, mientras que los hombres alcanzaron un 79,9%.

De acuerdo con la publicación, en esa misma franja de tiempo cada maestro de primaria tuvo a su cargo un promedio de 22 estudiantes. Sin embargo, el país no logró proporcionar datos estadísticos sobre el porcentaje de los docentes de primaria y secundaria con acceso a internet. Un dato imperante para la sociedad en momentos en que la pandemia obligó a establecer una educación a distancia.

La posición del país en el mundo (57), también responde en gran medida al producto interno bruto (nominal) que toma como referencia el de 2019, que se calculó en $68,536 millones.

Entre otros datos, destaca que el 99% de las mujeres en gestación visitó al médico al menos una vez al año, y que el 92% de los nacimientos fue atendido por personal idóneo.

De igual forma, el 59% de las mujeres casadas o unidas entre 15 y 49 años de edad, optó por tomar anticonceptivos como método de control prenatal y un 26% está casada o tiene pareja al cumplir los 18 años.

No obstante, el informe refleja que un 14,4% de la población femenina, de 15 años en adelante, ha sido víctima de violencia a manos de su propio compañero.

En cuanto a la fuerza laboral, detalla que el 43% de los cargos altos y medios es femenino, y que un 42% de las mujeres tiene una cuenta de banco o puede hacer transacciones a través de sus celulares con un proveedor de servicio monetario.

Para Panamá será un desafío abandonar el consumo de energía fósil, que se calcula en un 80%, lo que ocasiona una producción per cápita de emisión de dióxido de carbono de 2,6 toneladas (2018).

A eso apunta el informe del PNUD, a incentivar políticas públicas más ecológicas, con incentivos fiscales para las empresas, o incluso bajo el modelo público privado.

En comparación con otros países, Panamá cuenta con una de las reservas forestales más significativas del mundo, con un 61,9% del territorio nacional. Por ejemplo, en este renglón el 49% del territorio de Rusia es boscoso; Costa Rica cuenta con un 54%; Malasia 67% o Turquía con un 15%.

La idea del PNUD, y del seguimiento a las futuras prácticas económicas y políticas públicas, es guiar al mundo hacia un concepto 'Antropoceno'. Un término que se acuñó a principios de siglo por el premio Nobel de química holandés Paul Crutzen, en el que centra que las acciones del hombre tienen un impacto sobre el planeta sin importar en qué país del mundo tienen lugar; de alguna forma sus efectos repercuten en cualquier parte.

Por tanto, la naturaleza no debe verse como una limitación al desarrollo, sino como un colaborador en potencia en ese camino del desarrollo humano. Un ejemplo de ellos es la llamada economía azul. En el informe se resalta la contribución de las comunidades indígenas en la gestión de bosques como una relación muy concreta con las emisiones de efecto invernadero, a pesar de que generalmente se percibe a estas poblaciones con prejuicios y tienden a ser desplazadas de las políticas públicas que se aplican en el resto del territorio.

Entre las recomendaciones para encaminar la economía sin reñir con la naturaleza, el PNUD sugiere la fijación del precio del carbono como una medida de política eficaz y eficiente para reducir las emisiones de carbono. También señala que los subsidios a los combustibles fósiles favorecen esas emisiones, por lo que se deberían ir retirando gradualmente.

Se trata de reorientar el enfoque; dejar de lado la visión basada en problemas discretos y compartimentados, puesto que en realidad son multidimensionales, están interconectados y son cada vez más universales.

El concepto de desarrollo humano surgió hace 30 años, precisamente como contrapunto a las definiciones miopes del desarrollo. El crecimiento económico es importante, sobre todo para los países en desarrollo; es crucial elevar los niveles de ingreso de las personas que viven en la pobreza en cualquier país.

“Téngase en cuenta que más de 1,000 millones de personas han salido de la pobreza extrema en una generación, lo que supone sin duda uno de los mayores logros de la humanidad. Sin embargo, no se puede olvidar que la pandemia de covid-19 puede haber sumido a unos 100 millones de personas en la pobreza extrema, el mayor retroceso registrado en una generación”, se lee en el documento.

Los gobiernos son los únicos que poseen la autoridad formal y el poder para dirigir la acción colectiva hacia los desafíos comunes, ya sea fijando un precio para el carbono y exigiendo su cumplimiento, aboliendo las leyes que marginan o no tienen en cuenta a determinados grupos o estableciendo los marcos normativos e institucionales necesarios –respaldados por inversiones públicas– para estimular innovaciones constantes y ampliamente compartidas.

Este poder, cita el informe, va de la mano de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Cuando los gobiernos subvencionan los combustibles fósiles, envían poderosas señales, más allá de las evidentes implicaciones económicas y ambientales de dichas medidas. También transmiten mensajes muy claros acerca de sus valores.

La acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera y de plástico en los océanos son solo dos de los muchos ejemplos que ilustran los riesgos de depender de los combustibles fósiles y de ciclos abiertos para los materiales.

El informe hace un llamamiento en favor de una transformación justa que amplíe las libertades humanas y, al mismo tiempo, alivie las presiones planetarias.