López, con más posibilidades de repetir en la presidencia de la CSJ

El próximo martes 2 de enero, los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia renovarán su junta directiva que aspiran presidir tres candidatos: José ‘Pepe’ Vásquez, Olmedo Arrocha y María Eugenia López, esta última interesada en renovar su cargo en la presidencia por un nuevo periodo de dos años.

Arrocha ocupa actualmente la vicepresidencia y la presidencia de la Sala Primera de lo Civil, mientras que Vásquez lidera la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Lo más probable, según analizan abogados consultados por este diario, es que María Eugenia se reelija, pues apelaría al voto de los seis magistrados nombrados en la presente administración, igual que ella, quienes forman mayoría. Esos son los mismos votos que perseguiría Vásquez para ganar la presidencia. Por su parte, Arrocha se presenta como un oponente, pero con poca posibilidad de encantar a sus colegas ante la aparente ventaja que ha adquirido López como presidente.

En este contexto, la Corte integrada también por los magistrados Ángela Russo de Cedeño (2015-2025) y Miriam Yadira Cheng Rosas (2021-2031), de la Sala Primera de lo Civil; Maribel Cornejo Batista (2019-2029) y Carlos Alberto Vásquez (2020-2030), Cecilio Antonio Cedalise (2016-2026) y María Cristina Chen Stanziola (2021-2031), de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, parece estar dividida entre los nombrados bajo la administración del mandatario Laurentino Cortizo y el resto.

Luego de escoger al presidente se reunirán los integrantes de las otras dos salas para escoger a su presidente. Esos dos presidentes compiten después por el voto para la vicepresidencia.

Uno de los principales retos que observa la presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño, para el próximo periodo consiste en bajar la mora judicial. Por más tecnología que se implemente, esto no ha sido garantía para optimizar la situación.

A esto, dice, “hay que sumar la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil en dos años para atender los nuevos procesos”. Como parte del tema, Cedeño sugiere un plan de contingencia para descongestionar y evacuar los procesos civiles que se hallan en mora actualmente. “La abogacía mantiene muchas quejas porque los funcionarios no se adaptan a la virtualidad, y en algunos tribunales, como los de Familia, los avances que se habían alcanzado anteriormente se retrasaron nuevamente al entrar la virtualidad, cuando debe ser lo contrario”, dice Cedeño.

Los juristas coinciden en la creación de nuevos tribunales capaces de atender la demanda de la población. Por cada 100.000 habitantes, Panamá tiene 11,8 jueces, mientras que el estándar internacional establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 65 jueces. Un reto que podría atenderse en este nuevo periodo en que el presupuesto del Órgano Judicial supera los $385 millones, la totalidad solicitada por López ante la Asamblea Nacional, y que se salvó de los últimos recortes efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El número de juzgados es un tema recurrente en el Consejo Judicial de la Carrera Judicial, en el que participan la sociedad civil, los procuradores e integrantes de varias instituciones. La alternativa hasta el momento se fija en la construcción de la Ciudad Judicial que concentrará juzgados de todas las especialidades de la ciudad que ahora se hallan dispersos, y ahorrará costos de alquiler.

La CSJ debe ser guardiana de la Constitución y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, otro desafío para la nueva junta directiva que debe enfocar sus lineamientos en este bloque de la constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad en las actuaciones, explica Giovani Olmos, exfiscal de Ambiente.

En este sentido, la CSJ “debe organizar mejor el presupuesto y el recurso humano de los Juzgados de Garantía así como el personal subalterno”, opina el exfiscal Olmos.

Pero, además, no pasa desapercibido el hecho de que aunque los juzgados especializados en medio ambiente se encuentran instituidos por ley, aún no se han creado. Lo que resulta una gran paradoja considerando que en el reciente fallo unánime que declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado, se ponderó el valor del medio ambiente sobre lo económico. “Esto se requiere con mayor urgencia para dar tranquilidad a la población en temas del manejo de cuencas y bosques”, reflexiona Olmos.

La nueva junta directiva debe innovar con más tecnología y personal. “Destrabar las causas pendientes y dar trámite a los casos de alto perfil que no tienen fecha de audiencia, por ejemplo, el caso Blue Apple”, sugiere Olmos.

Ver las cosas en proyección de tranquilidad, paz social y respetando el estado de derecho, es básico, agrega Olmos. De igual forma “debe haber certeza del castigo en los casos de blanqueo de capitales, corrupción, enriquecimiento ilícito y todo aquel que ha cometido delitos en contra de las arcas del Estado, esto va para todos los gobiernos, y debe acompañarse de auditorías independientes bien estructuradas junto con una Procuraduría fortalecida”, zanja Olmos.

De llegar a la presidencia, Arrocha pretende continuar con la transformación digital apoyado por un programa donado por el Banco Interamericano de Desarrollo, manifiesta a La Estrella de Panamá. Aunado a esto, busca elevar los programas de formación para los usuarios internos del Órgano Judicial, mejorar los trámites judiciales con la implementación del nuevo Código Civil, impulsar la Carrera Judicial y construir una institución más transparente, añade.

En su discurso de rendición de cuentas 2022-2023, López habló de los avances en la reducción de la carga laboral, audiencias realizadas, reducción del 81% en tiempo de respuesta jurisdiccional, coberturas de tribunales y juzgados, además del presupuesto del próximo año.

Este medio se comunicó con el resto de los aspirantes para conocer sus proyectos, pero no hubo respuesta.