No hay eslabón perdido

El gobierno de Juan Carlos Varela hizo de la lucha contra la corrupción su bandera política. Pero el procedimiento empleado para llevar a los imputados a la justicia tendió una estela de dudas por la forma en que se obtuvieron las pruebas.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas por La Estrella de Panamá, bajo pedido expreso de mantener la reserva, desde la Presidencia de la República se gestaron las denuncias que después fueron utilizadas como elementos de prueba ‘viciando las investigaciones desde sus orígenes'.

En esa estrategia, participó el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), una instancia clave para facilitar información privilegiada que de otra manera no hubiera podido obtener el abogado consultor en materia penal Rogelio Saltarín, contratado por el Ministerio de la Presidencia.

Las fuentes señalaron que en esos errores procesales estaba intrínseco el germen de la política. Además, no puede hablarse de eslabón perdido porque en toda la trama urdida desde el ‘Palacio de las Garzas se usó al CSN, convertido en un siniestro G-2, resucitado con todos los males del pasado', añadió uno de los consultados.

El brazo operativo de esta entidad es la Secretaría del CSN, y su jefe es el Secretario Ejecutivo, quien con requisitos muy básicos puede llenar la vacante. Basta con ser una persona de absoluta confianza del mandatario de turno.

No obstante, esa lealtad muchas veces puede traducirse en deformaciones de los principios en que fue concebido el CSN, es decir, defender a la Nación de cualquier amenaza interna o externa.

ALTERACIÓN DE FUNCIONES

En sentido práctico, esa institución, ‘se ha transformado en lo que el Presidente establezca', expresó una fuente de inteligencia entrenada por las agencias estadounidenses. Estimó que con el correr de los años se desvirtuaron las funciones del CSN, lo que dio paso al espionaje político.

‘Actuó entonces la improvisación, y el manejo de la información política, que tomó un criterio más enraizado en las últimas dos administraciones, a tal punto que se le ha dado (al Consejo de Seguridad) una beligerancia innecesaria y que se inmiscuya en la toma de decisiones del Ejecutivo', añadió la fuente consultada.

‘La seguridad nacional —precisó— no puede tener intromisión en los temas judiciales. No se pueden unir los temas de administración de justicia con un tema de seguridad nacional. Eso provocaría que los jueces y magistrados actúen en base a las estimaciones que el Consejo de Seguridad considere una amenaza nacional'.

‘Si se utilizó al Consejo de Seguridad para esas investigaciones, entonces está viciada la investigación. Se usó recursos del Estado para gestar una denuncia que después ellos mismos utilizaron como un elemento de prueba en la investigación', dijo Ana Belfon, exprocuradora General la Nación.

‘No podemos cerrar los ojos y decir que no se cometieron actos de corrupción', reconoció Belfon. ‘Pero tienen que probarlo. Tienen todos los elementos para hacerlo, y los culpables que vayan a la cárcel'. Lo que pasa, añadió, es que ‘hicieron las cosas apresuradas y ahora los casos están reventando'.

Por su parte, Rolando Mirones, exdirector de la Policía Nacional, repudia la intervención de un abogado ajeno al aparato estatal ejerciendo funciones privativas de los funcionarios públicos. ‘No hay justificación para que un abogado privado interactúe con el Consejo de Seguridad, porque este recauda información y es materia que no puede realizar un ente privado'.

El abogado Miguel Antonio Bernal no duda de que agentes del CSN trabajan dentro del Ministerio Público. ‘Allí no se mueve una hoja sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Esto no se vivió ni siquiera en la época de los militares, no tenían a un militar adentro ni policías en las Fiscalías'.

En el pasado nunca se escuchó que el CSN tuviera injerencia en investigaciones judiciales. ‘No hubo casos relevantes contra políticos opositores en forma desproporcionada. Es la primera vez que yo conozco que servicios de inteligencia arman expedientes', indicó una fuente judicial.

‘A los servicios de inteligencia de cualquier parte del mundo no les es permitido investigaciones judiciales, solo las que tienen que ver con la seguridad del Estado', acotó.

La misma fuente explicó que una cosa es la legitimidad de la investigación, en el sentido de que sea la autoridad encargada de investigar. Pero otra es que el producto de esa investigación sea utilizado en un proceso penal.

‘Allí es donde se rompe la regla. Si un ente distinto investiga algo, anula el contenido para ser parte de un proceso penal. Todo lo que se practicó en el Consejo de Seguridad, con el consentimiento del Ministerio Público, no puede servir en el desarrollo de la investigación penal', enfatizó.

INTERVENCIÓN JUDICIAL

Ese inusual contubernio entre la Presidencia de la República, el CSN y la PGN es considerado por juristas como un rompimiento del orden constitucional y legal.

‘El CSN está dirigiendo las investigaciones por encima del Ministerio Público, no sé con qué propósito, pero no es lo que dicta el orden constitucional. El órgano que va a investigar los delitos debe ser independiente y cuando hay elementos ajenos a esa entidad, como la presencia de agentes en la indagatoria, hay señales de que no hay independencia', opinó el abogado penalista Javier Quintero.

‘El CSN debería ser un ente alejado de cualquier influencia y dedicarse a proteger la seguridad nacional. Deben eliminarse las operaciones de espionaje telefónico u otra naturaleza a personas de grupos políticos, sociales o económicos, que desvirtúa su esencia'.

Un elemento extraño está en el terreno de los acontecimientos y puede generar influencia. ‘Esa influencia hay que medirla desde la perspectiva de a quién pertenece ese elemento extraño', señaló Quintero.

Esa espada de la justicia que vendía a la opinión pública ley y orden ha sentado un precedente nefasto, según los abogados consultados.

Bajo el gobierno de Juan Carlos Varela se deformó aún más el ya desfigurado rostro del CSN. En la administración de Ricardo Martinelli el control de esa organización se redujo a dos personas: el presidente y el ministro de la Presidencia. Varela mantuvo el esquema.

No obstante, la experiencia indica que los ministros de la Presidencia tratan de no inmiscuirse en las tareas operativas del CSN, sirviendo únicamente para asuntos administrativos y presupuestarios.

‘Yo no le puedo hablar de los detalles de las respectivas denuncias porque no tengo la recolección de los hechos, simplemente como ministerio coordinador, hicimos una labor de coordinar distintos ministerios y entidades. Fue un trabajo público y refrendado', aseguró el exministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en una entrevista con La Estrella de Panamá .

Por otro lado, ¿cómo decir que se trata de investigaciones objetivas cuando la visión nacía desde el propio poder político? Eso no es lo único que pone en tela de duda la labor del Ministerio Público, entidad que siguió el hilo de los expedientes armados en el CSN. ‘En medio de las pesquisas hubo llamadas anónimas que alertaban sobre hechos cuando la defensa contradecía las actuaciones de la Fiscalía', consideró un abogado consultado.

‘Saben que cometieron errores procesales y querían meter a la gente presa. Salen ante los medios e inyectan información a los medios, ellos no tienen que vivir de los aplausos', recalcó Belfon.

OBEDIENCIA DEBIDA

Según fuentes de inteligencia, al no existir dentro de los estamentos de seguridad el principio de ‘obediencia debida' los policías involucrados en todo este sistema, calificado como ilegal, no son eximidos de sus acciones y podrían enfrentar procesos penales, pese a que los responsables son sus superiores inmediatos.

‘La obediencia debida desapareció del sistema jurídico hace muchos años. Aquí está la capacidad de cada uno de entender que el poder es momentáneo, la persona que da una orden ilegal saldrá del puesto en unos años. Después ese funcionario tiene que estar subiendo y bajando escaleras', manifestó Mirones.

Cuando se establecen esos precedentes de que en algunas ocasiones está bien violar la Ley —agregó Mirones— en algún momento puede caer en contra de cualquier ciudadano. Se sientan precedentes nefastos que ponen la justicia en manos de quien sea y no de las autoridades encargadas de administrarla.

ESPERANZA FALLIDA

Cuando el gobierno de Varela decidió investigar los supuestos pinchazos telefónicos ocurridos en la administración Martinelli, la opinión pública asumió que se tomarían las medidas adecuadas para reorganizar el CSN y volver a la esencia de su creación, la inteligencia sin armas, velar por la seguridad del Canal, producir análisis eficientes para salvaguardar el Estado.

Pero en cambio, ‘se le dio un poder inusitado para manejar las investigaciones desde el Ministerio Público, interviniendo en las comunicaciones con los abogados, e incluso afectando las decisiones de magistrados y jueces', añadió la fuente de inteligencia.

¿Será esto lo que mantuvo con vida las investigaciones bajo la técnica de lo contradictorio?

Hay versiones que aseguran que en el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, abogados fueron asesorados por el CSN para que su cliente cambiara sus declaraciones para obtener medidas menos severas.

‘El cliente tenía que cambiar su declaración para poder que le ayudaran, y en efecto él declaró y le cambiaron la medida. Es peligroso que esas cosas se estén dando en el Consejo de Seguridad', alertó un abogado penalista conocedor del caso.

DESLIGARSE DE LA POLÍTICA

Un gobierno que se ha dedicado en cuatro años al tema judicial, y que los casos no coincidan con las voces de culpabilidad o condena, como trató de sembrarse en la opinión pública, cabe preguntarse: ¿qué ha ocurrido? ¿Quién falló? ¿Había necesidad de recorrer este camino de esta forma?

¿Qué le garantiza a la sociedad —que si no fue un origen institucional— las querellas interpuestas por el asesor presidencial eran todas las denuncias que debían haberse puesto ante las autoridades, o que el criterio de un tercero era el que tomaba las decisiones sobre cuáles denuncias corrían su curso y cuáles no?

Hay quienes promueven que el CSN sea una institución al servicio del Estado y no del gobierno de turno, para evitar así las deformaciones que se han producido.

Ramiro Jarvis, exdirector del CSN durante la administración de Mireya Moscoso, reflexionó sobre lo que debería ser el CSN: un ente alejado de cualquier influencia política y dedicado a proteger la seguridad nacional ante cualquier amenaza.

Planteó, en conclusión, que ‘deben eliminarse las operaciones de espionaje telefónico u otra naturaleza a personas de grupos políticos, sociales o económicos, que desvirtúa su esencia. Y enfocarse en proveer a la estructura de gobierno de la información, análisis estratégico y asesoría para la toma de decisiones en servicio de los intereses del Estado'.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD, DESDE SU CREACIÓN A LA FECHA

Las funciones del Consejo de Seguridad se han desvinculado de su esencia original, que consistía en recabar información, depurarla y analizarla para abortar cualquier amenaza contra la seguridad nacional

EL TEMIDO G-2

Ente que operó bajo el paraguas de las Fuerzas de Defensa y que se empleó para reprimir a quienes la Guardia Nacional consideraba políticamente adversos. Su estructura penetró a la sociedad instituyendo el terror y cumpliendo con la función de mantener informado al comandante, alcanzando un poder omnipresente.

PRIMER CONSEJO

En 1991, con el objetivo de establecer un ente de inteligencia distinto al G-2, el gobierno de Guillermo Endara creó el Consejo de Seguridad. Buscaba contar con una organización de calidad para preservar la democracia ante la amenaza de grupos militares rebeldes. Manejado por civiles, velaba por los derechos ciudadanos.

REORGANIZACIÓN 2004

En el gobierno de Martín Torrijos, el Consejo de Seguridad se reorganizó y se creó el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad bajo el mando del Presidente, con cuatro ministros de Estado como miembros y un Director Ejecutivo que fungía como Secretario. Durante la administración Torrijos, el Consejo tuvo tres directores.

REESTRUCTURACIÓN 2009

El gobierno de Ricardo Martinelli redujo el número de agentes dejándolo en manos del Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia. El gobierno de Juan Carlos Varela mantuvo la misma estructura, y en 2016 creó el Grupo Interinstitucional Anticorrupción y constituyó la Academia Técnica de Inteligencia y Seguridad Nacional.

SALERNO DICE QUE CUCALÓN MIENTE

REACCIÓN. El empresario Cristóbal Salerno, dueño de la empresa Cobranzas del Istmo, envió un comunicado en el que manifestó que ‘nunca' visitó a Luis Cucalón, exadministrador de la Autoridad Nacional de Ingresos, para decirle que tenía que acusarlo ‘a cambio de evitar que metieran presa a su única hija.

‘Me acogí a un acuerdo de pena que estaba avalado por la legislación panameña, hice la devolución de los dineros y pagué multa, y con ello he cumplido con Panamá y la justicia', se lee en el comunicado enviado a este diario.

En nota publicada el 3 de octubre, ‘La Decana' hizo un recuento del caso Cobranzas del Istmo donde se plasmaban las declaraciones de Cucalón.