Funcionarios señalados de vejamenes contra migrantes en Darién

Privación de libertad, trabajos forzados y abusos sexuales son denunciados por las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM), en Darién, Panamá. Así lo asegura un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue enviado al Gobierno panameño en el mes de diciembre.

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso del diario El País, los vejámenes son cometidos por los funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). “Según estas denuncias, el personal del SNM y del Senafront habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte”, señala el documento elaborado por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.

Según el texto reseñado por el medio español, lo hacen “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.

El documento cuestiona al gobierno de Panamá por el manejo de la crisis humanitaria del Darién. Aparte de las denuncias por violencia sexual, hay quejas por personas que realizan trabajos forzados para poder pagar los 40 dólares que cuesta el bus y así abandonar las estaciones.

Cifras señalan que en el año 2022, al menos 248.000 migrantes atravesaron la peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Estas personas se sometieron peligros como asaltos, desapariciones y violencia sexual a manos de grupos armados. En 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual; y entre enero y junio de 2022, fueron más de 140 casos durante el recorrido.

Al llegar a territorio panameño y, después de sortear la muerte en el trayecto, los migrantes son alojados en las ERM, que supervisa el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Pero es ahí mismo donde, según el informe de la ONU, se encuentran “de facto privadas de la libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.

El informe de la ONU detalla que existen casos de familias retenidas por más de 3 meses en las estaciones por falta de documentos, incluyendo certificados de nacimiento que acrediten el parentesco entre padres e hijos, así como retrasos en los procesos de identificación por parte de las autoridades panameñas.

“No es un informe de una situación, es una nota de una persona independiente que ha tenido conocimiento de una posible situación, no es cónsono el titular [del diario El País] con lo que uno lee en el documento”, así reaccionó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, al informe de la ONU.

Añadió que la Defensoría “no puede indicar que existe o existió una violación carnal o tocamiento o abuso sexual, por parte de estamentos de seguridad hacia los migrantes, o sea, no tenemos reporte de esa situación”.

Justificó que entre los más de 240 mil tránsitos que se dieron el año pasado por el Darién, la entidad no tiene reportes de abuso sexual por parte de los estamentos de seguridad, “en el camino de la trocha sí”.

Explicó que la Defensoría asiste a las personas migrantes, “hablamos con ellos, tienen espacios amigables donde también se habla con los niños y tanto nosotros, como las demás organizaciones, ya sea Naciones Unidas u ONG, no tenemos ese reporte”.

Adelantó que el lunes 13 de febrero van a “tener una reunión de emergencia con los Ministerios de Seguridad, Cancillería, Ministerio Público (MP). Siempre estamos en constante comunicación con el MP, fue la Defensoría junto con el Alto Comisionado y en coordinación con el procurador que requerimos la presencia de ellos en el lugar y ya hubiéramos tenido reportes. Cuando hay una situación equis, el MP nos oficia”, detalló Leblanc.

El defensor manifestó que “como institución independiente y autónoma” emitirá un concepto luego de las reuniones. “Lo que sí les puedo decir es que, desde hoy, hablé con mi personal de movilidad humana y puedo confirmar que no tenemos ningún reporte o denuncia de violación carnal o de tocamiento o de abuso sexual, proveniente de un estamento de seguridad hacia un civil”.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino dijo a TVN que "esto se va responder, porque Panamá trabajó estos temas desde el año 2020 con el Ministerio Público que está en los campamentos de recepción, y no hay ninguna denuncia formal por violación en contra de funcionarios de ambas instituciones".